Panceri bañó de sinceridad a industriales, pero anticipó un posible pacto de alivio fiscal en Entre Ríos

El ministro de Hacienda advirtió por el delicado estado de las cuentas públicas y, especialmente, el estrés financiero. “Es un año de mucha incertidumbre y de números muy ajustados”, reconoció. Aclaró que las medidas de alivio fiscal son, por ahora, “una expresión de deseo”. Nahuel Amore

Julio Panceri, ministro de Hacienda y Finanzas, compartió un crudo análisis fiscal de la provincia de frente a los empresarios de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) que se reunieron en asamblea el martes en Paraná. Si bien no lo expresó de manera taxativa, la frase “no hay plata” sobrevoló el auditorio, ante un panorama financiero extremadamente delicado para las cuentas públicas, agravado por el ajuste y la recesión nacional.

“Es un año de mucha incertidumbre y de números muy ajustados. La esperanza es lo último que se pierde y voluntad sobra”, cerró el economista durante su discurso, que fue aplaudido y hasta agradecido por el nivel de sinceridad con el que describió la escasez de recursos para apenas poder pagar sueldos, jubilaciones y los gastos mínimos de funcionamiento del Estado, al que se suma un nivel de endeudamiento estresante.

“Entre Ríos tiene una trampa de contexto”, sintetizó al arranque de su disertación, para explicar cómo los condicionamientos estructurales terminan imperando por sobre la mirada de mediano y largo plazo. En ese sentido, anticipó que luego de la Ley Bases y del Pacto de Mayo podría llegar un nuevo pacto fiscal entre la Nación con las provincias para aliviar al sector privado, aunque aclaró que aún no hay definiciones certeras.

Las frases del guardián de la caja no sonaron, esta vez, como música para los oídos de los empresarios y funcionarios que lo escucharon atentamente. De todas maneras, en público y en los comentarios postdiscurso, hubo coincidencias en destacar la transparencia con que puso blanco sobre negro y el grado de expectativas que se abren a partir de allí. No obstante, el sector privado no dejó de insistir en la necesidad de caminos, energía, financiamiento, menor presión impositiva, entre otras demandas.

Empleados públicos

En primer lugar, Panceri advirtió por la relación “distorsionada” entre empleo público y privado. Según los últimos datos, indicó que Entre Ríos tiene 139.000 empleados asalariados registrados privados, mientras que el Estado tiene 88.800 empleados activos y 55.000 beneficiarios del sistema jubilatorio. “Estamos desfasados. Si tomo los empleados activos con respecto al privado, tengo una relación de 0,662%”, señaló.

A modo comparativo, mencionó que “salvando las asimetrías, Santa Fe tiene 539.000 empleados asalariados privados contra una masa de 120.000 empleados públicos. Eso es 0,24%”. Acotó que una ecuación prácticamente similar ocurre en Córdoba, lo que deja en evidencia el atraso de Entre Ríos para crear empleo registrado privado.

Además de alertar por el “estado de desidia y mala praxis” con el que se encontró en la hacienda pública, el funcionario hizo hincapié en el peso de la masa salarial en la estructura de gastos. “Hoy el 90% de los ingresos tributarios que tiene la provincia, es decir coparticipación más impuestos por recaudación propia, se tiene que destinar a salarios y aportes jubilatorios. Son jubilaciones líquidas, masas salariales más aportes”, planteó.

En otro orden, cuestionó la pérdida de “federalismo fiscal” y la mayor dependencia de Entre Ríos sobre los fondos nacionales. “Dependemos en un 75% y casi 80% de la coparticipación nacional y entre un 20 y 25% la recaudación propia, donde el fuerte es Ingresos Brutos que es de casi el 80%, otros 10% del Impuesto Inmobiliario y otro 10% de Impuesto Automotor”. En esa línea, por teoría impositiva, opinó que se tendría que gravar más los impuestos patrimoniales que el consumo, pero se “cae en esa trampa de contexto en la cual, cuando hay que hacer billete, se grava el consumo”.

Estrés por deuda

El titular de Hacienda alertó luego por el grave problema de “estrés financiero por deuda”. Sobre su origen, recordó que entre 2010 y 2015 hubo un desfasaje de déficit de cuenta corriente que motivó una deuda en bancos a corto plazo que “cuando surgió la posibilidad de tomar empréstito en el exterior por bonos, se tomaron los famosos 500 millones de dólares”.

Panceri señaló que, a pesar de haber sido reestructurada en 2020, “los cuatro años más duros caen en este momento”. En ese sentido, indicó que este año Entre Ríos debe pagar 130 millones de dólares en dos vencimientos: 65 millones efectuados en febrero y otro monto similar en agosto. “El problema es que hoy es el 65% de un mes de coparticipación. Si se saca el 65% de coparticipación, no pagás los sueldos”, advirtió.

De cara al segundo vencimiento, reconoció que el problema aún no está resuelto y evalúan distintas alternativas. “En agosto vamos a ver de qué manera podemos intervenir en el mercado de capitales para hacer algo”, sostuvo, y acotó que para tomar deuda ocurre lo mismo que a todo el Estado provincial que debe “recurrir a las mismas entidades bancarias”.

Sobre este tema, denunció que heredó “problemas de mala praxis que hasta resultan increíbles”. Según precisó, los fondos que estaban destinados al pago parcial de la deuda en febrero, de alrededor de 48 millones de dólares, estaban calzados en fondos de inversión en pesos. “Suena raro. Calculo que en sus empresas ninguno ha tenido un gerente de finanzas que le haya aconsejado en noviembre quedarse calzados en pesos sino en dólares ante una devaluación inminente. Eso nos generó un costo extra de unos 25 millones de dólares que tuvimos que salir a pedir prestado”, lamentó.

Obra pública paralizada

Por otro lado, planteó que desde diciembre debieron afrontar un proceso de regularización de la obra pública –cuya reactivación comenzará en mayo en un 30%-. “Comenzaron a aparecer los certificados de deuda y llegamos a un total aproximado de 30.000 millones de pesos. Fue por eso que hubo que hacer una paralización de la obra pública para saber qué tipo de obras teníamos, cuáles para seguir y cuáles no”, contó.

Desde esa perspectiva, cuestionó que muchos proyectos no contaban con el dinero correspondiente. “Suele haber una confusión en la cosa pública entre lo que es el presupuesto y el recurso financiero. Uno puede tener el presupuesto aprobado, que es una estimación de gastos, pero puede ser que no tengas ese dinero al momento de la ejecución”, expresó.

Sobre este tema, también planteó que las cuentas públicas provinciales están cada vez más condicionadas por el pago de sueldos y jubilaciones, que quitan fondos para una inversión real que debería trepar al 15% del presupuesto. “El problema es que, al momento de la ejecución y transcurrido el año, toda la plata que había la terminaste destinando a gastos corrientes y terminaste ejecutando 3,5 o 4% que no alcanza en nada para obra pública. Eso es lo que vamos a tratar de mejorar en base a un presupuesto de base cero”, señaló.

Presupuesto 2025

Respecto del presupuesto, Panceri dejó en claro la política de austeridad de la nueva gestión. “Vamos a ir un presupuesto en base cero a partir de 2025. Empezamos la reformulación ahora en agosto. Sé que no les va a gustar a ninguno de los ministros, pero vamos a ir con una cuotificación trimestral del presupuesto. Es decir, por más de que uno tenga presupuesto, si no están los recursos, no se gasta”.

En esa línea, admitió: “Va a ser doloroso, me insultarán en colores, pero está previsto. En este momento en el que estás embretado financieramente, no podés salir a rifar la cosa pública”.

Frente a este ajuste, el guardián de la caja provincial consideró que es hora de aprender que no habrá solución inmediata a todos los problemas. “Obviamente que las prioridades son muchas. Tenemos 20 años en atraso en infraestructura. En caminos tenemos una deuda impresionante. En materia de conectividad energética tenemos parques industriales a los cuales no podemos abastecer”, reconoció.

Alivio fiscal y sinceramiento

El ministro aseguró que podría llegar cierto alivio a las cuentas públicas con la Ley Bases. “La devolución del Impuesto a las Ganancias, aunque a muchos no nos guste, aportaría entre un 20 o 30% más en la coparticipación. Eso nos daría una luz”, destacó, y agregó que luego de estas definiciones legislativas el Gobierno nacional y las provincias podrían avanzar en un Pacto Fiscal, posiblemente similar al de 2017.

De darse esta situación, y con vistas a la confección del Presupuesto 2025, Panceri anunció que podrían retomar la idea de campaña de “quitar el peso de Ingresos Brutos en una cuota de entre 0,25 y 0,50% por año, para tender a aquella idea del viejo consenso fiscal de 2017, además de algo parecido en el impuesto a los Sellos”. No obstante, manifestó: “Hoy pasa nada más que por una expresión de deseo que ojalá se pueda cumplir”.

De todas maneras, fue claro al insistir que el “brete financiero” es un condicionante importante y la intención de Rogelio Frigerio no es defaultear la deuda. “Tenemos que pagarla”, remarcó, y detalló que en cuatro años son 570 millones de dólares que “sí o sí hay que hondarlos”. “Con eso hay que tratar de generar un excedente que nos permita llegar de alguna manera no sólo a los sectores productivos sino también las obligaciones básicas del Estado, que es la prestación de justicia, salud y educación”, se sinceró.

Bajo la misma tónica, admitió que “todos corremos con la misma incertidumbre de qué va a pasar a nivel nacional de aquí hacia delante”. Panceri pregonó un “federalismo fiscal un poco más laxo”, aunque recordó que durante la última reunión en la Secretaría de Hacienda de Nación sólo les dieron un vaso de agua y les dijeron que “la Nación iba a cumplir con todo aquello que la ley obligara a cumplir en la medida que el resultado fiscal de las cuentas nacionales sea positivo”.

Déficit de la Caja

Para finalizar, se refirió a uno de los temas más complejos, cuya problemática es similar a otras 12 provincias que no cedieron sus cajas a la Nación. “Hoy la Caja de Jubilaciones de la provincia tiene un déficit de entre 15.000 y 20.000 millones de pesos mensuales. Eso, si se extrapola, pasa a ser en 2024 unos 200.000 millones de pesos. Si los traducís en recursos tributarios, son dos meses de coparticipación”, alertó.

La situación, incluso, se agravó con el congelamiento de los envíos de fondos de Nación para cubrir el déficit, cuyo tema fue judicializado. “Espero que se libere con la aprobación de la Ley de Bases y el Pacto de Mayo para que ayude, pero obviamente que con el tema de la Caja de Jubilaciones se tendrá que tomar el toro por las astas y brindar la discusión política más allá de lo que puedan pensar algunos actores como sindicatos. No lo hemos hecho porque no sé si hubo animosidad o contextualidad política para hacerlo, pero me parece que este tema es un problema”, afirmó.