El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción sugiere el cofinanciamiento entre Nación y provincias, además de “que se permita licitar con provisión de terrenos por parte de las empresas”. “Necesitamos generar empleo formal y ejecutar las obras ahora”, sentenció. Nahuel Amore
La construcción de viviendas sociales fue siempre en los gobiernos peronistas un eje de gestión. Este tipo de políticas surge no sólo como respuesta a las demandas de los sectores vulnerables ante el creciente déficit habitacional, sino también como dinamizador de la inversión pública, del derrame hacia otras actividades en las distintas comunidades donde se erigen y de la generación del empleo en blanco en un grupo poblacional que tiende a la informalidad.
Desde esa perspectiva, Alberto Fernández buscó diferenciarse de Mauricio Macri –que paralizó el Fonavi y lo justificó en los hechos de corrupción durante el kirchnerismo–. Fue así que anunció el año pasado una serie de programas que, poco a poco, comenzaron a alzar la actividad en medio de una fuerte crisis. Para Entre Ríos significan unas 2.200 casas, a ser distribuidas en las principales ciudades del territorio provincial, como complemento del programa Primero Tu Casa para municipios pequeños.
Sin embargo, a meses de su lanzamiento, el sector privado advierte por las demoras que se producen a la hora de poner en marcha la ejecución de las viviendas. Uno de los principales escollos, señalan, es la ubicación de los planes habitacionales, debido a la falta de terrenos aptos disponibles, además de otras trabas en los engranajes burocráticos que ralentizan el proceso luego de un largo tiempo de inactividad.
Sobre este punto, Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), reconoció que es una problemática que se da en distintos puntos del país. “La ejecución de los programas podría estar mucho mejor. De hecho hemos realizado propuestas en el Ministerio de Hábitat, en conjunto con la Uocra, pero lamentablemente no hemos tenido la implementación de ellas”, expresó a DOS FLORINES, en una entrevista en la que repasa además la relación con los gobiernos, la recuperación de la actividad y las iniciativas privadas.
Consultado respecto de cuáles son los cuellos de botella para agilizar las viviendas sociales, se explayó: “Hay básicamente dos puntos muy importantes. El primero tiene que ver con darle la posibilidad a cada provincia de cofinanciar las viviendas o la infraestructura. Hay un financiamiento tope de la Nación, pero cuando eso no alcanza por un montón de variables, no se permite de manera general -independientemente de que en algunas provincias sí lo han permitido- que haya un cofinanciamiento. Se cree que si las provincias no ponen el dinero, no se terminan las viviendas, pero la realidad es que muchas veces no se empiezan. El segundo punto crítico es que se permita licitar con provisión de terrenos por parte de las empresas”.
Terrenos
La falta de suelo urbano es un tema no menor en Entre Ríos que, con el paso de los años, se agrava. De hecho, el Gobierno de Gustavo Bordet avanzó con la capitalización de la Compañía Entrerriana de Tierras Sociedad del Estado, una iniciativa que busca resolver el problema de la ausencia de terrenos para viviendas sociales, además de sacar de juego las operaciones inmobiliarias. El proyecto, por cierto, tuvo que pasar por la Legislatura provincial. Y todo ello, claro está, conlleva otros tiempos.
“Hoy la situación es otra: logramos el equilibrio financiero de la provincia, contamos con el apoyo del Gobierno nacional para la construcción de viviendas, y empezamos a vencer una de las principales problemáticas para construir más casas, como lo es la disponibilidad de terrenos con los servicios necesarios”, manifestó a mediados de septiembre el primer mandatario provincial respecto de la iniciativa que apuesta a adquirir, comprar, vender y urbanizar lotes.
—¿Qué soluciones ofrecen las empresas ante esta situación? —se le consultó al titular de la Camarco.
—Las empresas cuentan con terrenos que normalmente están al lado de planes de viviendas que están hechos. Pero si no cuentan, tienen la expertise y agilidad para hacer en un 10% del tiempo lo que al Estado le va a llevar comprar terrenos, licitar infraestructura y todo un proceso demasiado largo. Se puede hacer de manera paralela, pero hoy necesitamos generar empleo formal y necesitamos ejecutar las obras ahora, no dentro de un año. Es decir, no se está permitiendo esa posibilidad de licitar con terrenos de parte de las empresas que, por supuesto, debe estar sujeto a la aprobación de la Nación y de la Provincia para que el terreno cumpla con todo. Los terrenos que no son aptos que no se aprueben, pero no se puede impedir que se propongan alternativas.
De acuerdo a lo averiguado por este cronista, esta problemática repercute en Paraná, a diferencia de otras ciudades como Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay que de inmediato ofrecieron lotes al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para iniciar los proyectos financiados por Fernández. En la capital todavía no se conoce oficialmente dónde se construirán las 500 nuevas casas que se desprenden del paquete de 2.200 de Nación. Se sabe que el municipio estaría avanzando en definiciones y hasta el intendente Adán Bahl sigue el tema de cerca, pero por ahora no hay precisiones.
En el mientras tanto, según averiguó DOS FLORINES, las constructoras de la ciudad pusieron a disposición distintas propuestas: en un terreno lindante a las 500 viviendas que se construyen sobre Juan Báez, entrarían otras 200 casas; de manera paralela a las 250 de San Benito, podrían hacerse 400 más; en Colonia Avellaneda cuentan con 17 hectáreas; en tanto, en inmediaciones a las 300 de la Mutual Modelo de Paraná, se podrían planificar 80 más. Sin embargo, no hubo quórum para aceptarlos, en parte por la mala experiencia que dejó el plan de las 800 que motivó una denuncia de Raymundo Kisser.
En el análisis de las ubicaciones, otro aspecto clave a considerar toda vez que se piensa en un conjunto habitacional de semejante magnitud son los servicios, que muchas veces implican un importante costo para el Estado. Sobre este punto, los empresarios habrían recomendado estos terrenos por contar con obras troncales de luz, agua, cloacas y, en ocasiones, hasta asfalto. La intención, expresan, es agilizar este aspecto para no desaprovechar las oportunidades de empleo y repunte de la actividad, más aún en este contexto de salida de la pandemia. En ese sentido, el Estado debe mediar entre las urgencias y la relación con las empresas, según sus reglas de juego.
Reactivación
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, y el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), a mediados de 2021 se contabilizaron 365.000 puestos de trabajo en blanco en el sector, lo que representó un promedio de aumento interanual de 17%, 13,6% y 21,8% respectivamente. De este modo, se registra un repunte significativo y se logran niveles previos a la pandemia.
—¿Cómo analizan los datos de recuperación de actividad y empleo en el sector de la construcción?
—Hoy estamos mejor de lo que hubiésemos pensado el año pasado durante la pandemia. Se perdió mucha actividad. Fue como apagar la luz y prender todo de nuevo, como si se resetearan las máquinas. Lo mismo sucedió para la economía en el mundo y particularmente para la Argentina, sobre todo en una actividad como la nuestra que venía con una caída cercana a 20 meses consecutivos. Hasta julio de 2020 fueron 24 meses de caída y a partir de agosto del año pasado empezamos a recuperarnos, primero de la mano de materiales para autoconstrucción, de manera atomizada, y luego con la obra pública. El trabajo de las empresas empezó a repuntar con la vuelta de muchas provincias a la actividad a partir de los protocolos que hicimos el 10 de abril junto a la Uocra. Desde entonces empezamos a crear empleo y hoy básicamente estamos a niveles mejores que 2019, con niveles de 2018 inclusive. Estamos 10.000 puestos de trabajo arriba que la prepandemia.
—¿Qué hace falta para que despegue más la actividad y encuentre una recuperación más sólida?
—Esperamos seguir en esta senda alcista. Vemos que todavía le falta despegar a la actividad, sobre todo lo vinculado a viviendas, de la mano del Estado en desarrollos urbanísticos de Procrear y a través de los institutos provinciales y municipales. Además, hace falta la ley que entró en octubre del año pasado al Congreso y debería ver la luz prontamente, que refiere a los créditos hipotecarios con variables en salarios CVS, con un fondo compensador. Eso le daría un dinamismo importante a quienes construimos, sobre todo para vender. También haría que la actividad sea mucho más formal, porque esos créditos hipotecarios obligan a blanquear los costos; de lo contrario, si vendés un precio pleno y no blanqueás costos vas a tener que pagar Ganancias enormes.
Inversiones
Por fuera del impulso que el Estado le da a la industria actualmente, las inversiones en viviendas residenciales “vienen traccionando muy bien” el mercado debido a que “el costo de construcción en dólares es históricamente bajo”, aseguró el empresario de Paraná.
Sobre este punto, analizó: “Hoy es un buen refugio de inversión, sobre todo en los grandes centros urbanos donde están dolarizadas las propiedades. Podés pagar en pesos pero tenés un activo en dólares. Es una herramienta de compra de dólares que tiene culturalmente algo muy aceptado en los argentinos como es el ladrillo”.
Por otro lado, Szczech alertó por la falta de condiciones para que tengan impulso inversiones privadas diferentes, vinculadas a las industrias petroleras, mineras, entre otras actividades. “Es necesario otro tipo de construcciones no residenciales”, opinó.
En relación a ello, el entrerriano puso en valor el lanzamiento que se dio días atrás del Consejo de Políticas de Infraestructura, del que fue anfitrión -que en la provincia se le llamó Planificar-. “Observamos la falta de planificación estratégica en función del desarrollo que necesita la Argentina y de las industrias que requieren obras para su crecimiento”, puntualizó.
Asimismo, cuestionó: “No nos podemos dar el lujo de hacer las obras que el intendente amigo del gobernador consigue o que el gobernador amigo consigue con el Presidente. Tenemos que hacer las obras que la provincia o el país necesite, en función de un análisis general, con un diagnóstico de oportunidades de crecimiento y generación de empleo”.
Al respecto, destacó que se trata de demandas sociales y económicas. “Es infraestructura económica porque va a dar mayor competitividad para poder exportar, por ejemplo, e infraestructura social porque le da mayor competitividad a nuestros recursos humanos”, explicó.
Relación con los gobiernos
—La Camarco suele aconsejar a los gobiernos las obras que considera prioritarias. ¿Por qué ahora juntan fuerzas con otras entidades?
—Es muy simple. Una cosa es que yo que construyo diga que es necesario realizar esta o aquella infraestructura. Otra cosa es que el campo diga qué y cuánto necesita, que la industria diga qué y cuánto necesita, que el comercio diga lo mismo, vinculado a telecomunicaciones, turismo y servicios. Por otro lado, hay que ver cómo lo financiamos y por eso está también la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Adeba. Además, es clave que los trabajadores tengan una opinión respecto de la generación empleo directo, como el caso de la Uocra, e indirecto, en cuanto a la CGT.
—¿Estiman que el Gobierno tomará nota a sus planteos? ¿Con qué expectativas crearon el espacio?
—Este es un espacio que va a perdurar en el tiempo, que no tiene un objetivo al cual llegar y cerrarlo. Va a ser permanente, dinámico. Existe en otros países del mundo, como Chile, Gran Bretaña, Canadá, Italia o Australia. Son espacios paralelos a los gobiernos que generan consensos y les permiten a los gobiernos tomar decisiones en función de las recomendaciones o propuestas. No es una obligación, pero sabés que tenés a todos de acuerdo en algo y es mucho más fácil para ejecutarlo.
—¿Cómo está hoy el diálogo con la gestión de Alberto Fernández, tras las tensiones que se dieron luego de las PASO?
—Nosotros tenemos un excelente vínculo, aunque no es general para todas las cámaras o entidades empresarias. En nuestro caso tenemos muchas mesas de trabajo con el Gobierno nacional, sea para pasar de planes sociales a empleo, para ejecución de obra pública, más allá de los resultados. Son mesas activas. En ese caso no tenemos inconveniente.
—¿Y con los gobernadores?
—Eso depende de cada una de las delegaciones. Siempre las delegaciones tienen la autonomía para manejarse. Depende mucho de cada uno de los gobernadores. Hay gobernadores más proclives al diálogo y otros que no tanto.
Perspectivas
Finalmente, Szczech sostuvo que desde el sector miran hacia 2022 “con muchas expectativas positivas”. “Creemos que hay una gran oportunidad que se ha hecho explícita en la necesidad de determinadas infraestructuras, como lo es a través del acceso a la comunicación, algo tan crítico en la pandemia. Lo mismo sucede en salud. La sociedad está entendiendo la necesidad de tener una infraestructura acorde a la problemática a enfrentar”, planteó.
Asimismo, de cara al nivel de trabajo que prevén, señaló que resulta urgente brindar respuestas ante el cambio climático. En ese punto, puso el foco en el escenario que provocó la histórica bajante del río Paraná. “Hay emergencia hídrica en 16 provincias. Para eso también tenemos que hacer obras de infraestructura”, indicó a DOS FLORINES.
Desde esa perspectiva, se mostró optimista: “Por delante tenemos una agenda de diagnóstico y planificación tan importante que es justamente lo que motivó el surgimiento del Consejo de Políticas de Infraestructura. La agenda es muy demandante y si se entiende la importancia del tema con todo lo que ha pasado y lo que aún resta, el futuro en términos de actividad es muy alentador”.
