Protestaron por los fallos que prohíben las aplicaciones de fitosanitarios. “Necesitamos una ley”, remarcó Emilio Castrillón, el presidente del STJ. Danilo Lima
Preocupados, enojados y extremadamente molestos con el Poder Judicial de Entre Ríos, cientos de productores provenientes de distintos puntos de la provincia se manifestaron frente a Tribunales para protestar por los fallos que prohíben las pulverizaciones en cercanías de las escuelas rurales.
Durante la concentración, los chacareros expusieron el fuerte impacto negativo que las resoluciones judiciales tienen en las distintas producciones y remarcaron que los más perjudicados son los pequeños productores, los más vulnerables. Hubo, en este sentido, advertencias sobre quiebres de explotaciones rurales ante esta “prohibición de producir”, despidos de trabajadores, éxodo y desarraigo.
Lo más importante de la protesta, sin embargo, no estuvo en las calles sino en el interior del Palacio de Tribunales. Allí el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, y los vocales Miguel Giorgio, Martín Carbonell y Bernardo Salduna, recibieron a un grupo de dirigentes y productores, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus duros cuestionamientos a los fallos y, sobre todo, contarles a los magistrados, cara a cara, sus testimonios, algunos de ellos, ciertamente conmovedores.
Así, tras una breve introducción de Miguel Pacheco –el gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos–, Mariela Gallinger (Crespo), Fabio Schneider (Colonia Merou), César Villón (San Salvador), Nicolás Trossero (Costa Grande), Raúl Boc-hó (Villaguay), Guadalupe Vivanco (Nogoyá), Daniel Kindebaluc (Seguí), Walter Feldkamp (Gualeguaychú) y Fernando Borgo (Federación) dijeron lo suyo, y no se guardaron nada. Un pequeño chacarero que trabaja 18 hectáreas, por ejemplo, muy angustiado, luego de pedirles disculpas a los magistrados por la expresión que iba a pronunciar, les dijo que “(los fallos) nos están haciendo mierda a los productores chicos”.
Los jueces escucharon atentamente, en silencio, sin interrumpir ningún testimonio. Después habló Castrillón y más tarde Giorgio, mientras Carbonell y Salduna permanecieron callados.
La posición de Castrillón.
Castrillón, acaso el más político de todos los jueces, en primer lugar, les remarcó a los productores que “la situación de ustedes es preocupación nuestra como parte del Estado entrerriano, no somos ajenos a esa situación, algunos estamos más vinculados al campo, y otros menos, pero es nuestra realidad”.
El presidente del STJ, asimismo, recordó lo que había dicho durante una reunión con dirigentes de las entidades agropecuarias en la sede de la Bolsa de Cereales y que, finalmente, le costó ser recusado: “Mi posición siempre fue clara: sin producción no hay trabajo, y sin trabajo no hay vida. Y yo, en gran medida, soy campo”.
Les recordó, sin embargo, que “uno de los valores más importantes que defienden la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Constitución Provincial es la vida. A uno, entonces, le cuesta más resolver en contra de lo que dicen que afecta la vida si no se logra acreditar que no es así. El principio es proteger la vida”.
Castrillón, además, defendió “la posición del doctor Giorgio (el juez que confirmó el amparo presentado por los ambientalistas y Agmer que fijó restricciones a las pulverizaciones), que también es propietario de un campo, y que conoce el tema del campo”, pero admitió que “queremos encontrarle una solución” a este problema que ha paralizado la producción en Entre Ríos.
Esa solución, sin embargo, “escapa al Poder Judicial”, enfatizó Castrillón, con lo cual, en otras palabras, les dijo a los productores que la salida de esta encrucijada es política, no jurídica.
Subrayó, asimismo, “la necesidad de que se acredite, a través de estudios científicos, que (los agroquímicos) no dañan la salud” porque “esto no ha sido acreditado”.
Castrillón se mostró a favor de la regulación de las aplicaciones de productos fitosanitarios. “Si es por ley o por decreto, cada juez tendrá su posición, pero lo cierto es que tenemos que encontrar una solución cuanto antes”. El fallo, agregó, “marcó claramente qué es lo que debe tenerse en cuenta: que no haya daños y que no se atente contra la vida. Necesitamos una ley”, insistió.
Más claro no pudo ser Castrillón: la solución es política. Con todos los bloques de la Legislatura y con el gobernador Gustavo Bordet.
La voz de Giorgio.
El vocal Giorgio, a su turno, también brindó explicaciones a los productores “A mí me traen un dilema, que es la producción o la salud; ante ese dilema, hay una jerarquía de bienes jurídicos protegidos, y por eso elijo el bien superior, que es la salud. Lo demás fue precautorio, siguiendo la Ley General del Ambiente. Fue una medida precautoria”.
Las distancias fijadas, 1.000 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 para las aéreas, “no fueron antojadizas” sino que “están contempladas en el digesto que dice que en los centros urbanos no se puede fumigar a una distancia de 1.000 metros por vía terrestre y 3.000 metros por vía aérea. Si en los centros urbanos, donde habitan personas, no se puede fumigar a esa distancia, debemos colegir que en los colegios también habitan personas”.
“Fue una medida precautoria para que con los estudios científicos correspondientes se pudiera determinar una distancia menor”, insistió, y precisó que desde su punto de vista “no se satisfizo suficientemente ese estudio técnico”.
“Hay que hacer un estudio acabado, científico, que demuestra sin dudas que se puede hacer (una pulverización) a una distancia menor. Eso es precisamente lo que queremos, lo que se pretendió y ese fue el motivo del fallo”, añadió.
Giorgio rechazó que su fallo haya sido demagógico, como sostienen los productores. “No considero que sea demagógico velar por la salud de todos. Tenemos un dilema: la producción o la salud. Y si a mí me ponen ante ese dilema, siempre voy a elegir la salud”, remarcó.
En la Casa de Gobierno.
Tras el encuentro con los jueces, los productores se encaminaron hacia la Casa de Gobierno. Allí, primeramente, cuatro legisladores de Cambiemos –Raymundo Kisser (Paraná), Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), Miguel Piana (Federación) y Beltrán Lora (Nogoyá)–, en la explanada del edificio, les anunciaron que iban a presentar un nuevo proyecto de ley de plaguicidas, que, en rigor de verdad, es prácticamente el mismo que en abril del año pasado “bajó” Sergio Urribarri, el presidente de la Cámara de Diputados y que tenía media sanción del Senado.
Más tarde, dirigentes de la Mesa de Enlace pretendieron reunirse con el secretario de Producción, Álvaro Gabás, pero fueron recibidos por Emiliano Gómez Tutau, subsecretario general de la Gobernación; Germán Grané, secretario de Relaciones Institucionales; y Alejandro Pettenatti, coordinador general de la Secretaría de Producción.
Los ruralistas explicaron a los funcionarios el motivo de la protesta y volvieron a pedir una audiencia con el gobernador Bordet porque, ante la urgencia de los tiempos productivos, en el campo creen que para salir de este entuerto es más conveniente un nuevo decreto que una ley.
