Hasta ahora, sólo cuatro empresas pudieron acceder al Régimen de Promoción Provincial. Por ello, el Gobierno impulsa cambios para eliminar barreras. Matías Ruiz, director del área, explica las modificaciones propuestas. Nahuel Amore
El Gobierno de Entre Ríos decidió poner en marcha una reforma a la Ley 10.895 que creó el Régimen Provincial de Promoción de la Economía del Conocimiento en 2021. La intención es, precisamente, mejorar esta herramienta legal para facilitar el trámite y que más empresas puedan adherir a los beneficios fiscales, a través de una serie de cambios normativos, administrativos y de inversión que posibiliten ampliar el horizonte de compañías entrerrianas que apuestan por innovar a partir de sus valiosos recursos humanos.
“Buscamos ampliar la base de empresas que puedan acceder al Registro y, por lo tanto, a los beneficios”, sintetizó Matías Ruiz, director de Economía del Conocimiento de Entre Ríos, quien advirtió que hoy existen una serie de limitantes, como la aprobación excluyente en el Registro Nacional. “Esto tiene sus procedimientos administrativos, gestiones y documentaciones burocráticas que hicieron que sólo seis empresas pudieran acceder a los regímenes nacionales. De esas seis, sólo cuatro han podido acceder a los beneficios de Entre Ríos”, lamentó, en diálogo con DOS FLORINES.
El profesional, que llegó al cargo tras una vasta experiencia en el sector privado y con la meta de ser un punto de encuentro y sinergia entre empresarios y el Estado, planteó la necesidad de modificar la normativa para que no sea letra muerta. Al respecto, señaló que hay inconsistencias que terminan excluyendo a los potenciales beneficiarios. A modo de ejemplo, apuntó que hubo una empresa entrerriana que, por tener su domicilio legal fuera de la provincia, no puede acceder siendo que opera aquí y genera empleo local. “Es una situación contradictoria e insólita porque Nación la reconoce como empresa de economía del conocimiento y nosotros decimos que no es de Entre Ríos”, cuestionó.
En ese sentido, explicó que hay dos puntos centrales que se proponen modificar. El primero es la eliminación del requerimiento de domicilio legal, dejando sólo el domicilio tributario, para incorporar empresas que tributan y/o tienen operaciones en Entre Ríos, pero están inscriptas en otra provincia. “Hay muchas empresas de tecnología que se constituyen legalmente en Buenos Aires, lo cual produce un desfasaje respecto de las que son el interior. Hay casos de empresas que son ciento por ciento entrerrianas, facturan desde Entre Ríos, sus empleados son de acá y van a realizar inversiones, y sin embargo no se pueden inscribir al programa”, expresó.
El segundo punto de la ley para modificar, indicó, es la exclusión del requerimiento de que tienen que estar inscriptos en Nación. “Si hay una empresa que se inscribe primero en Nación, para nosotros va a estar reconocida como entrerriana de economía del conocimiento, porque las evaluaciones nacionales son muy duras y requieren de un proceso muy bien hecho”, explicó, y resaltó que este cambio es “el corazón” de la iniciativa. “La idea es que sea un requerimiento necesario, pero no excluyente”, acotó.
Al respecto, sobre este último aspecto, indicó que aquellas empresas que no estén inscriptas en el Registro Nacional, la Provincia será la encargada de llevar a cabo una evaluación propia. Sobre todo, agregó, se trata de compañías que “por decisión, gestión o incumplimientos de algún requisito nacional” no pudieron ser contempladas dentro de esa normativa y, por ende, tampoco pueden aplicar al Régimen Provincial tal como se encuentra vigente ahora. Las modificaciones, al respecto, “permitirán ampliar la base”, remarcó.
Según supo DOS FLORINES, este cambio exige, de todas maneras, cumplir con requisitos propios como: la facturación mayoritaria en la actividad promovida -en similitud con Nación- y que estas empresas deban invertir en la mejora de sus actividades promovidas. El propósito es que, independientemente de su domicilio legal de constitución, la ley sirva como promotor para que nuevas empresas y empresas actuales evolucionen dentro de Entre Ríos vinculadas a la economía del conocimiento y, además, puedan acceder luego al Registro Nacional.
Empresas potenciales
Consultado por la cantidad de potenciales empresas de la provincia que podrían acceder a los beneficios del Régimen si se aplican los cambios, Ruiz explicó si bien no hay definiciones ciertas del universo total de compañías, estimó que en un principio serían cerca de ochenta. Consideró que esa estimación podría ampliarse para aquellas que realizan actividades e inversiones vinculadas a la economía del conocimiento dentro de sus procesos productivos, como la bioeconomía, la biotecnología y otras que basan sus negocios en el desarrollo y uso de tecnologías.
“La conceptualización de economía conocimiento es la primera definición. Aún teniendo actividades nomencladas en AFIP y en ATER, no es determinante porque las empresas no están inscriptas como biotecnología, por ejemplo. En ese caso la biotecnología es un capital, un know how de una empresa en un proceso, pero no está inscripta como tal”, planteó, y marcó la diferencia entre la inscripción fiscal respecto de los procesos productivos y la tecnología que pueden tener dentro de las mismas que pueden hacerlos calificar para los beneficios.
Para ejemplificar, señaló que en Entre Ríos puede haber industrias que estén inscriptas como fabricantes de alimentos, pero que para llegar a determinados productos realizan desarrollos de innovación propios. En ese caso, indicó, será necesaria la evaluación de la Provincia para poder determinar si pueden aplicar a la ley. “Ese es el desafío, determinar el gris de cuándo es una empresa de la economía del conocimiento“, expresó.
En todo caso, diferenció que “algunos sectores sí están claramente incluidos, como el de software”. De allí surge la estimación inicial de 80 empresas que pueden estar inscriptas en el Régimen en una primera instancia. Después, resaltó, la intención es ampliar la base impulsando el agregado de valor provincial de acuerdo a los proyectos de innovación que cada una lleve adelante.
Beneficios
En la Ley 10.895 que se encuentra vigente, se dispone que las compañías gozarán de la “exención total en el Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos, Impuesto Inmobiliario y Fondo de Integración de Asistencia Social Ley N° 4035, por las actividades promovidas por el presente Régimen”. También señala que los beneficios tendrán vigencia por el plazo de cinco años a partir de su otorgamiento, renovables por otros cinco años en caso de que la empresa demuestre formalmente el cumplimiento de las condiciones.
Ruiz opinó que estos puntos “están muy bien expresados y son muy interesantes en términos impositivos, que es lo que la Provincia puede dar desde el punto de vista fiscal”. Aseguró que todos ellos se mantienen, aunque aclaró que dentro de los cambios se propone que la exención al Impuesto Inmobiliario se aplique no a uno sino a todos los inmuebles registrados a nombre del beneficiario donde se lleven adelante actividades promovidas, con el objeto de promover la radicación de centros operativos donde las empresas realicen trabajos asociados a la economía del conocimiento en el interior de la provincia.
“Es muy común que muchas empresas, sobre todos las de software, trabajen en instalaciones que no son propias. La mayoría alquilan y no están comprendidas. Por ello, vamos a trabajar para que esas instalaciones sean tenidas en cuenta”, explicó sobre este aspecto. Al respecto, subrayó que la intención es desalentar la concentración en las principales ciudades, como es hoy Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
Finalmente, Ruiz anticipó que la modificación de la ley no se acaba allí, sino que desde la Dirección que conduce buscará acompañar a las empresas con nuevas estrategias y acciones de promoción a través de un trabajo en red provincial. Para ello, destacó, será clave el rol de las instituciones para impulsar políticas activas en torno a la economía del conocimiento.
