Por Sergio Delleppiane – Docente
La necesidad acuciante de financiar el persistente incremento del gasto público (política populista si la hay), sumada a la falta de acceso al crédito externo, conducen a los distintos gobernantes a incrementar la presión fiscal sobre el único sector que puede aportar genuinos recursos monetarios al agujero negro en que se ha transformado el Estado Nacional y cada una de sus jurisdicciones, la actividad productiva privada registrada. Alternativa facilista para los burócratas de escritorio que pululan por doquier.
No interesa el tipo de gráfico que se elija para ilustrar el caso de estudio argentino. Somos el ejemplo de lo que no se debe hacer. La tendencia es y será, por bastante tiempo, siempre creciente. Trayectoria ascendente que ya lleva décadas manifestándose, que se corporiza en más pobreza, indigencia e informalidad.
Hacer un listado de los tributos vigentes dentro del territorio nacional exige ocupar más de 170 filas de cualquier planilla de cálculo que se utilice. En este primer trimestre 2021 ya suman 16, entre incrementos de existentes y nuevos. Los porcentajes de las alícuotas también han aumentado su cuantía. Habrá que agrandar el tamaño de las celdas para contener las cifras.
El origen de tamaña desmesura se reconoce en el mal endémico nacional que incluye la expansión del gasto estatal y la falta de ajuste en las cuentas públicas, lo que provoca una necesidad de caja cada vez más acuciante.
Urgencias.
A esta urgencia diaria debemos sumarle la distorsión que provoca la inflación, pues el aumento generalizado de los precios juega siempre para un mismo lado. Aquél donde se ubica el recaudador. Los cambios de valores, obligados por las circunstancias son tomados como ganancias junto a la devaluación de la moneda por un lado; mientras que por el otro, se retrasa intencionadamente la actualización de los mínimos no imponibles por lo que la porción de contribuyentes alcanzados para tributar se agranda considerablemente, generando todo tipo de distorsiones e inequidades imaginables. Toda reparación aparece tardía.
El terreno de juego siempre está inclinado para un único y mismo lado. El árbitro ha sido debidamente adornado y el reloj, al no detenerse juega a favor de la autoridad del momento.
Reconocer lo perjudicial de mantener un sistema que incluye elecciones, del tipo que sea, cada dos años, es aceptar tácita y dócilmente el incremento de un gasto improductivo y sesgado, que se termina cubriendo con más de lo mismo. Recaudación, emisión o deuda.
Toda estructura tributaria debe considerar principios básicos constitucionales de legalidad, equidad, no confiscatoriedad, razonabilidad y capacidad contributiva. De lo contrario se termina dañando la dinámica económica del país. Se reducen las alternativas para la implantación de nuevas unidades productivas, a la par que se evaporan silenciosamente algunas de las existentes.
Cuando los inversores buscan nuevos territorios donde establecerse, la recaudación impositiva se resiente y aparece la evasión como elemento salvador entre quienes luchan por la subsistencia, justificando su accionar en la injusticia e inequidad de la carga que deben soportar.
Alcanzando niveles de saturación, como en otras épocas de nuestro voraz pasado, también se incrementan la evasión y/o la judicialización de las exigencias impuestas. Escenarios perjudiciales ambos para todo el tejido social.
Impuestos.
De todo el PBI nacional producido en 2015, el 31,5% se lo llevó la discrecional caja impositiva, intermitentes subas y bajas intermedias, estamos alcanzando el 30,5% del PBI y subiendo (Ieral – Febrero 2021). Alta probabilidad de superar el máximo histórico de presión contributiva en un futuro próximo.
Con un Estado presente como asistidor, de continuar bajo este modo de gobernar no habrá forma de sostenerlo. No habrá quien pueda aportar recursos por la vía tributaria. No olvidar que los descuentos por impuestos que aparecen registrados en todos los recibos de sueldo de empleados públicos no son más que ficción contable. Contribución económica genuina no hay.
Un elemento poco estudiado, pero que repercute negativamente en los gastos del Estado está asociado directamente a los niveles de corrupción alcanzados en cada uno de los estamentos que lo componen. Excepciones siempre hay. Menos mal.
La corrupción, dependiendo de su alcance, puede tener un efecto decididamente perjudicial en las finanzas públicas. Las distorsiones en las prioridades del gasto socavan la capacidad de cualquier Estado para promover crecimiento inclusivo y sustentable. Importante magnitud de recursos se drenan hacia destinos más oscuros, menos urgentes y más personales.
La distorsión que provoca este tipo de política tributaria, enquistada en el poder político, sólo lleva a que los necesitados de asistencia sean cada vez más y el dinero disponible para asistirlos se reduzca en cantidad y cuantía (valor). Continuar por este camino es apostar al fracaso, la decadencia y la dependencia.
“La corrupción de las democracias procede inmediatamente del hecho que una clase social fija los impuestos y otra los paga” – William P. Inge – 1903
