Por Nahuel Amore, editor de Dos Florines
A la luz de la progresiva salida de la pandemia, la rehabilitación de las actividades económicas y el inicio de un nuevo año, la puja salarial renace en nuestro país. Tras un fatídico 2020 para los trabajadores que -salvo excepciones- perdieron por goleada contra la inflación, vuelve el pedido por recomposiciones que permitan, al menos, salvar la ropa.
Una vez más, los gremios regresan a la batalla por lograr mejoras en los menguados salarios que, en los últimos años, se sumergieron en un creciente deterioro. La paciencia tiene los días contados. Está claro que la pérdida del poder adquisitivo se aceleró en pandemia y que resulta imperioso restituir los ingresos de bolsillo. El proceso de empobrecimiento social debe encontrar un freno.
Sin embargo, la puja se reaviva cuando la reactivación económica es incipiente y heterogénea, en un clima todavía incierto por las restricciones dinámicas. La histórica puja vuelve a escena por su propia inercia y, a medida pasen las semanas y los meses sin calmar los ánimos, terminará expresándose en la calle, de no mediar un acuerdo tácito con las principales centrales obreras.
La crisis de los salarios deja en evidencia, claramente, que la puja distributiva sigue más viva que nunca. La comprensión de haber vivido una situación especial e inédita se va diluyendo y en este 2021 reflotará con más fuerza la fricción. No obstante, se trata de una puja no sólo entre trabajadores y empresarios, sino también entre sectores e, incluso, entre el Estado y los privados.
El Gobierno nacional, mientras tanto, buscará controlar esta variable como modo para morigerar el proceso inflacionario. Se dice puertas adentro que quieren anclar las paritarias al 29% y sin cláusula gatillo, en línea con la meta de inflación. Así las cosas, la administración de Alberto Fernández dejaría en claro que, conceptualmente, los salarios tensionan este incremento generalizado de precios o, en otras palabras, colaboran con la pérdida de valor de nuestra moneda.
Discusiones
El Sindicato de Empleados de Comercio, el más importante para el sector privado, acordó un aumento del 21% para el primer trimestre. El sueldo básico se ubicó, de esa manera, en 60.513 pesos. Con esta suba, estarían logrando en abril una recomposición anual cercana al 35%, unos puntos por debajo de la inflación de 2020.
De todas maneras, a la vez que la paritaria lleva las firmas de las tres cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA), el acuerdo encuentra resistencias. Las pymes, fuertemente golpeadas por la depresión económica provocada por el Covid-19, ponen el grito en el cielo sobre cómo enfrentarán este incremento de costos. Los problemas de ingresos siguen en pie y, en muchos casos, sirven para saldar deudas. A quienes los números no le cierren, se sumarán a la lista de persianas que bajan.
Está claro que todos los trabajadores deben cobrar lo mismo por igual trabajo. Eso no está en discusión. En todo caso, en este contexto, el interrogante es cómo hace una pyme para pagar los mismos salarios de sus trabajadores que una empresa, como un supermercado, que no paró su actividad y cuenta con otra espalda financiera.
Sin dudas, esta misma pregunta se traslada hacia otros rubros, conforme la heterogeneidad que adquiere esta salida dispar en medio de la pandemia. ¿Cómo se recompondrán los salarios de bancarios, metalúrgicos, obreros de la construcción, colectiveros, petroleros, aceiteros, trabajadores rurales o de los medios de comunicación? ¿Cómo satisfacer demandas totalmente válidas cuando la situación aún no lo permite de igual modo para todos? ¿Quiénes perderán más en esta puja?
Está claro que las diferencias siempre existieron y que el potencial de las actividades es diverso. Pero esta vez, la pandemia pegó en la lógica distributiva y las exacerbó. De hecho, todavía hay sectores como el turismo que demorarán un largo tiempo hasta reacomodarse a las condiciones normales, con las mismas reglas de juego que pueda tener una industria alimenticia, por ejemplo.
La Provincia
Al igual que los privados, los trabajadores estatales -sean de Nación, Provincia o municipios-, se encuentran en la misma disyuntiva. En el plano local, la paritaria más importante es la que encabeza el Gobierno de Gustavo Bordet que, en la primera reunión, esquivó una propuesta formal de recomposición y corrió las expectativas hacia otros temas de discusión. La pelota se pateó para el 4 de febrero.
Docentes, trabajadores de salud y de la administración pública iniciaron este 2021 con salarios atrasados al 2019. Incluso, un porcentaje de ellos lo hizo con recortes de emergencia. El proceso inflacionario carcomió la billetera y, como contraparte, recibieron sumas en negro. Por ello, interpelan al Estado provincial para que, de modo urgente, defina un incremento salarial que, al menos, emparde con la inflación que en 2020 alcanzó el 36,1%.
Una vez más, el conflicto que provocará un desgaste de la gestión provincial es el docente. Es el que produce mayor tensión en Laprida 5 dado que el no inicio de las clases conduce hacia un enfrentamiento directo con la sociedad. Incluso, este año se incorpora un nuevo condimento: ¿volver o no volver a las aulas? ¿Bajo qué condiciones? ¿A qué precio? ¿Habrá real inversión para garantizar los protocolos sanitarios? ¿Cuánto tiempo más resisten los alumnos sin ir a la escuela? ¿Cómo se recupera lo perdido?
Sin dudas, la muñeca del ministro de Economía Hugo Ballay deberá hilar fino para hallar la ecuación entre los ingresos y gastos proyectados que, al mismo tiempo, calmen las expectativas y no desequilibren las cuentas. Un dato clave será la suma entre el flujo de coparticipación y la recaudación propia que, a pesar del efecto pandemia, superó lo esperado. Entre medio, sigue latente una deuda en proceso judicial que despierta tensiones en el presupuesto.
En el olvido quedó la frase: “Nadie va a cobrar menos que la inflación”. Mientras tanto, el tiempo pasa y los salarios iniciales de los trabajadores provinciales -como sucede también en municipios y varias empresas privadas-, permanecen por debajo de la línea de pobreza. En diciembre se necesitaron 54.208 pesos para no ser pobre y 22.681 pesos para no ser considerado indigente, según Indec. Mínimamente, estos parámetros deberían ser básicos a la hora de pensar cualquier política salarial real, aunque de seguro llegará más tarde que temprano.
In-conclusiones
A la vista está que 2021 se presenta sumamente complejo para quienes son empleados en relación de dependencia, sean privados o públicos. En todo caso, los primeros corren con mayores temores de saber si el cuarto día hábil de cada mes tendrán depositados sus haberes. Más aún, el desempleo funciona como un importante “disciplinador social” y es otra de las pujas que se despliega en el entramado social.
A pesar de estas disparidades, en muchas circunstancias, los une la necesidad de tener que generar ingresos extra -en general, informales-, para completar el agujero de las finanzas familiares. Prácticamente nadie escapa a la búsqueda de “changas” o “nuevos emprendimientos” para ganar un peso más y dormir tranquilos. De hecho, está de moda en redes sociales la frase que reza: “Vendete algo”. Ahí, justamente, está también el desafío de los comercios que sucumben a una crisis letal que los obliga a refugiarse en el e-commerce.
A esta altura, la incertidumbre juega un papel tan preponderante como inevitable, en todos los ámbitos y sin excepciones. Ya es la regla, un elemento condicionante que en la Argentina se hizo carne y se potenció desde el 20 de marzo pasado. El problema, en estas circunstancias, es que el no saber qué va a pasar se acorta tan pronto como el mes que viene, el fin de semana próximo o mañana. La imprevisibilidad quedó demostrada y provoca, lamentablemente, un cambio de decisiones o la dilación de los tiempos.
Por ello, si la intención es encontrar una salida sólida en pospandemia, la inversión privada requiere de condiciones claras y seguras para poder plasmarse en los hechos. Nadie invertirá ni creará empleo ni mejorará los salarios reales si no encuentra en el futuro certidumbres para su negocio. No lo hará ni el propio Estado, que incluso a nivel nacional puede emitir billetes.
Con este panorama, nadie tiene la vaca atada, ni siquiera aquellos sectores que avanzan con viento de cola. Sin crecimiento real, no quedan alternativas más que arremangarse y arreglárselas con lo que hay para pasar el momento. De allí que las pujas distributivas entrarán en etapa de ebullición y las tensiones saldrán a la luz, con ganadores y perdedores que se verán al final de un partido inconcluso ad eternum.
