Por Sergio Dellepiane – Docente ///
Después de casi 40 años de democracia institucional, pero con resultados concretos que evidentemente contradicen aquello de que con este régimen “se come, se cura y se educa”; emerge como válido el cuestionamiento acerca de por qué la República Argentina ha adoptado con denodado entusiasmo, a través de diferentes signos ideológicos, las reglas de juego que sólo conducen al atraso.
Un responsable y minucioso recorrido estadístico a través de las últimas cuatro décadas de nuestra historia confirma lo que se comprueba a diario. El sistema económico en el que nos hemos ¿desarrollado? es el resultado, entre otros factores, de una extensa saga de presiones sectoriales regularmente acogidas por un Estado, en cada una de sus dimensiones territoriales (Nación, provincias, municipios), habituado a contar con recursos extraordinarios provistos por “terratenientes oligarcas”, “fondos buitres”, “organismos internacionales cipayos” y demás “enemigos apátridas”, para luego despilfarrarlos en políticas públicas inconsistentes con resultados previsiblemente aterradores.
Presiones.
Desde mitad del siglo pasado hacia el presente, a través de un frondoso reglamentarismo, muchas veces contradictorio, se ha intentado vanamente, canalizar las presiones ejercidas por cada grupo de interés; obteniéndose únicamente consecuencias no deseadas y, en algunos casos, absolutamente contraproducentes. Lo ejecutado nunca ha podido refrendar lo declamado. La acumulación de distorsiones entre lo dicho y lo hecho terminó sembrando la semilla de su propio fracaso. La ineficiencia resultante provocó estancamiento y retroceso, multiplicando, a la vez que profundizando, los reclamos sectoriales hasta alcanzar una gravedad de tal magnitud por la que la inestabilidad económica trocó en ingobernabilidad política.
La presión ejercida desde la administración central sobre la producción privada, sumado a la inestabilidad de los precios internacionales, ha hecho que la “renta” nacional, que antes permitía distender tensiones, se haya desvanecido por la urgencia del momento.
Argentina, por diferentes razones, ha convalidado una estructura productiva “protegida”, incapaz de generar excedentes en base a una competencia abierta al mundo. Los grupos de interés, que han proliferado bajo el manto protector de leyes, decretos, resoluciones, acápites, incisos y notas aclaratorias, de un estado a la deriva; no pueden ser considerados casos aislados sino más bien una “forma non sancta” pero redituable, de generar ingentes beneficios a los incorporados al sistema. A los excluidos nada, ni justicia.
Recursos.
La realidad se encarga de mostrarnos como nuestra nación se encuentra parcelada en territorios de privilegios y de privilegiados, sean estos grandes o pequeños. El apego de buena parte de nuestra sociedad para utilizar instrumentos “selectivos” de promoción sectorial, en vez de aceptar reglas generales de acceso abierto para todos, ha servido para alentar la puja distributiva indiscriminada, distorsionar la asignación de recursos y ralentizar el desarrollo colectivo.
El derroche de recursos escasos, provocado por el exceso de regulaciones, termina resultando más gravoso para el ciudadano de a pie, que la propia actividad directa del Estado en una economía consabidamente deficitaria.
Debemos reconocer nuestra pertenencia a una sociedad bloqueada donde todas las puertas están cerradas y cada sector interesado, con cierta cuota de poder e influencia, se hace dueño de, al menos, una cerradura y su llave maestra. De este modo, lo que cada ciudadano quiere, pretende o necesita, se encuentra obstruido por los demás y, lo que le es posible obtener, nadie lo quiere.
El sistema corporativo nacional sólo privilegia a los que ya forman parte del mismo. A la vez, excluye a quienes pretenden ingresar. Para comprender su perversa dinámica sólo basta desentrañar la doble definición de “colectivo lleno”: la que comprende a quienes ya se subieron a él y la de aquellos que esperan hacerlo en la próxima parada (si es que pueden).
Modelo.
En este modelo de país quienes carecen de “aparato”, adolecen también de políticas públicas y/o sectoriales a su favor. Sólo pueden convertirse en receptores o “tomadores” de políticas ajenas.
Para que el progreso se convierta en una posibilidad concreta y sea algo palpable, debemos modificar estructuras de pensamiento, abandonar ideologías de barricada y desterrar el “statu quo” imperante en cada grupo de interés o sector productivo. Modificar la lógica del provecho propio, por el “Todos ponen para que todos saquen”.
Modificar lo enquistado, cuyos deplorables resultados se profundizan a medida que transcurre el tiempo, sin distinción del tipo de administración que lo intente, exige encontrar respuesta al interrogante esencial:
¿Cuáles son las condiciones que impulsan a una sociedad (la nuestra) a adoptar conductas productivas que alienten provechosamente el esfuerzo colectivo?
Fácil de decir. Difícil de hacer. Pero debe ser hecho.
“Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos” – Napoleón Bonaparte (1769 – 1821)
