En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó este proyecto que significaría un aumento en la recaudación de entre 3.500 y 4.000 millones de pesos. Dos Florines
La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por mayoría el proyecto presentado por el diputado Juan José Bahillo que aumenta la alícuota de los bancos al 9%. Según el cálculo previo, representaría una proyección de aumento de recaudación de entre 3.500 y 4.000 millones de pesos.
Cabe recordar que el oficialismo decidió descartar su iniciativa que tenía media sanción del Senado y que buscaba modificar el código fiscal a partir del ajuste por inflación. Sin el consenso, el proyecto de Rogelio Frigerio quedó desestimado momentáneamente y se avanzó con la iniciativa del exsecretario de Agricultura de la Nación, quien cuestionó que lo propuesta por el Ejecutivo “significaba un impuestazo para las familias y los sectores productivos entrerrianos”.
Ahora, solamente se trató el aumento de presión fiscal sobre los bancos. “Rescatamos la receptividad para estos cambios que proponemos teniendo en cuenta que el proyecto inicial del gobierno provincial era otro. Está claro que ejercemos una oposición responsable, constructiva y con iniciativa legislativa”, expresó tras su aprobación.
Por otro lado, afirmó que la propuesta “se basa en que el sector financiero es uno de los que desde el 10 de diciembre, sobre todo, más ha recaudado a partir de la liberación de las tasas. Sabemos que este sector tiene como fin primero la renta más que el desarrollo de los sectores productivos”.
Asimismo, celebró “la aprobación de este proyecto y las modificaciones que el gobierno provincial aceptó realizarle a su propuesta de política impositiva que pretendía llevar adelante actualizando los impuestos inmobiliarios rural y urbano, y el automotor, por inflación. En caso de haber avanzado con esa iniciativa, que fue modificada previa a su aprobación en la Cámara de Senadores, hubiera sido un aumento regresivo para los hogares entrerrianos”.
“Es un compromiso y una responsabilidad dirigencial analizar permanentemente la realidad económica y social, sus cambios y la forma en que impactan en nuestras comunidades, ello a fin de mantener o producir cambios en la normativa vigente”, finalizó Bahillo.
