Constituye el 70 % del negocio y lo decidió el ministro de Transporte Alexis Raúl Guerrera y todo vuelve a ser como antes de la década del ’90, según consignó el sitio www.bichosdecampo.com
Una resolución del nuevo ministro de Transporte, Alexis Raúl Guerrera, estableció que el estado volverá a hacerse cargo, como antes de la década de los 90, de todos los trenes de carga que circulen por el país, ya que rechazó la extensión de las concesiones para los operadores privados que quedaban en el sector e instruyó a Belgrano Cargas SA, una empresa que pasó a manos del Estado años atrás, a hacerse cargo de esos ramales.
Por un lado, Transporte decidió no extender la concesión desde 1991 de la Red Ferroviaria denominado “Corredor Rosario-Bahía Blanca”, que estaba en manos de la empresa Ferroexpreso Pampeano SA (Fepsa).
También se puso en el freezer la concesión, desde 1992, de la línea Mitre de cargas, que estaba a cargo de Nuevo Central Argentino SA.
Desde aquella época está concesionada también la explotación integral de la Red Ferroviaria General Roca, en este caso por la firma Ferrosur SA.
Según disponen los tres primeros artículos de la Resolución 211/2021 estos tres concesionarias habían presentado pedidos de prórroga de esos contratos, pero fueron rechazados por el Estado, que años anteriores había avanzado con la recuperación de otras líneas de trenes de cargas, como el Belgrano.
Carga.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la carga total transportada por ferrocarril en 2020 tuvo una disminución con relación a igual período del año anterior, llegando a 20,6 millones de toneladas. Las tres empresas concesionadas (Fepsa, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca) vieron caer su participación conjunta del 75% en 2019 al 70% en el 2020. En cambio, las líneas operadas por el Estado Nacional (San Martín, Belgrano y Urquiza) crecieron conjuntamente, pasando del 25% del total en 2019 al 30% en el 2020.
Esta nueva resolución, luego de rechazar la extensión de los contratos, instruye a Fepsa que siga manejando la línea que le corresponde hasta el 30 de junio de 2022. “Esta prestación se efectuará con carácter precario y podrá ser revocada, en cualquier momento sin que se genere derecho subjetivo, derecho en expectativa o precedente invocable alguno a favor del operador ni reconocimiento de suma alguna por la eventual revocación anticipada al plazo previsto”, aclara la nueva norma.
En al artículo 6°, se asigna a la sociedad Belgrano Cargas y Logística SA, “la prestación de los servicios ferroviarios que forman parte integrante de las concesiones” que no serán extendidas a partir de su vencimiento. Solo le pide contemplar la extensión dispuesta para la primera de las tres líneas mencionadas, que va de Bahía Blanca a Rosario.
“Asígnase a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (…) la administración de la infraestructura ferroviaria y de la totalidad de los bienes que integran las concesiones referidas”, añade el artículo 7°.
Futuro.
Ferrocarriles Argentinos SA “estará a cargo de la articulación, coordinación y monitoreo de los acuerdos entre la Administración estatal de Infraestructura Ferroviaria y Belgrano Cargas SA”, que finalmente será la operadora del servicio.
La normativa también encomienda a ese operador a “realizar las acciones necesarias para brindar continuidad laboral a los trabajadores que a la fecha de la presente medida presten servicio en la gestión de los sistemas de control de la circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de las concesiones referidas”.
“Deberán respetarse las condiciones laborales, las remuneraciones, categorías laborales, antigüedad y demás derechos adquiridos reconocidos por las leyes laborales y de la seguridad social”, se estableció.
En los tramos finales de la resolución se instruye al sistema estatal de ferrocarriles para que “definan un plan de inversiones prioritarias a ejecutar en la infraestructura ferroviaria para la implementación del modelo de acceso abierto”. El “open Access” fue el sistema que promovió en 2018 el gobierno de Cambiemos, pero que nunca llegó a aplicarse. Consistiría en que cualquier operador privado pueda prestar servicios de carga, accediendo a los ramales que -a partir de ahora- controlará el Estado.
Fuente: Bichos de campo
