Por Sergio Dellepiane – Docente / Dos Florines
Para una economía nacional dada, ¿cuál es la cantidad óptima de dinero que deben contener sus mercados a fin de operar en armonía?
La Ciencia Económica ha demostrado que un aumento irresponsable en la cantidad de dinero disponible en cualquier país nunca produjo ningún beneficio social para el conjunto de individuos que lo integran. El único efecto comprobado fehacientemente es que diluye el poder adquisitivo del mismo en relación directa al volumen incorporado a su economía, cuando excede su nivel de productividad real.
La inevitable consecuencia de esta inyección monetaria excesiva es que los precios se modifican sin base cierta, porque ante un aumento de la oferta de dinero, su demanda disminuye. ¿En qué se gasta ese excedente? En todo aquello que pueda ser comprado, alterando la función de refugio de valor del dinero, porque todos los precios alteran su parsimonia sin aviso previo.
¿Por qué algunos precios varían más que otros? Haciendo a un lado las cuestiones estacionales, la mayor oferta de dinero incrementa el nivel general promedio de todos los precios, pero como cada agente económico es diferente en cuanto a necesidades y gustos, preferencias y compromisos, algunos bienes serán más demandados que los demás, lo que genera la llamada distorsión de precios relativos. Esta terminología surge porque inconscientemente o no tanto, medimos el valor de algo con relación a otra cosa, o a la misma cosa en diferentes lugares y/o circunstancias. Lo barato o caro hace referencia ineludible a la comparación entre bienes y/o servicios sustitutivos o complementarios respecto a lo que buscamos.
Esta distorsión de precios nunca es permanente. Perdura hasta que la economía absorbe el excedente de pesos por mayor productividad o la licúa por la vía inflacionaria. En el primer caso valoriza al dinero incrementando su demanda, mientras que en el segundo lo destroza desechándolo lo más rápidamente posible.
Confianza
Imposible soslayar el papel que juega el gobernante de turno. Una de sus funciones indelegables es la de generar confianza a través de su accionar en favor del bien común, para que el dinero sea preferido a cualquier alternativa que se le presente a la población. Confiando en él, la gente lo demandará más pues preferirá atesorarlo a gastarlo y como se sabe, cualquier aumento de la demanda de dinero por parte del público, provocará una disminución de los precios que ajustarán adecuadamente su relación entre productos similares y diferentes y, por ende, frenarán la inercia inflacionaria.
Cuando a lo largo de la historia, un país ha degradado la credibilidad en su moneda debido al consuetudinario incumplimiento de sus obligaciones crediticias, nada ni nadie podrá detener el proceso inflacionario creciente, hasta que alguien decida poner punto final a la debacle por medio de transformaciones estructurales que modifiquen la expectativa reinante. Convencimiento, coraje y decisiones adecuadas serán exigidos para devolver la confianza perdida y así restaurar el valor de la moneda nacional.
Uno de los detalles más perjudiciales para cualquier política monetaria es la intervención del gobernante en el mercado del dinero. Su participación activa, provoca distorsiones en el delicado equilibrio entre oferta y demanda monetaria que, inevitablemente, termina dañando aún más a la sociedad a la que dice favorecer.
Emisión monetaria
Emitir dinero sin respaldo, es decir, por encima de los niveles de productividad vigentes y/o para cancelar déficit corriente es, de algún modo, sustraerle a la comunidad la posibilidad de progresar pues se la induce a despreciarlo paulatinamente, a medida que pierde su poder adquisitivo.
Se introduce en el equilibrio macroeconómico nacional un permanente sube y baja de burbujas expansivas de corto alcance y recesiones prolongadas que alteran el equilibrio alcanzado y, por ende, la eficiente asignación de recursos, que, por principio, siempre resultarán escasos.
Manipular la cantidad de dinero disponible incentiva la generación de gastos de un gobierno que usurpa las funciones indelegables del Estado, bajo una ideología colectiva que se impone por sobre las voluntades individuales, trastocando el orden constitucional establecido y el imperio de la ley.
Este desatino origina, en algún momento, el proceso inflacionario que, hasta determinados niveles es posible contener pero que una vez desmadrado, mientras continúe la expansión monetaria, no detendrá su marcha vertiginosa, deteriorando todo aquello que lo involucre.
Experiencias pasadas, propias y foráneas, antiguas y de reciente ocurrencia, nos han demostrado que la inflación, siendo exclusivamente un fenómeno monetario, se transforma en un descomunal proceso de expropiación “legal” de riqueza que perjudica a todos, pero “in extremis”, a los que menos tienen.
Continuar por este camino es aceptar explícitamente el trasvasamiento de riqueza de pobres a ricos. Perverso por donde se lo mire.
Tenemos la obligación de solucionar cuanto antes, lo que el mundo ha resuelto exitosamente durante el siglo pasado.
Es imperativo que así sea.
“La inflación no es una catástrofe de la naturaleza ni una enfermedad. La inflación es una política. Cuando los precios se elevan, el público piensa que las mercancías se han encarecido y no ven que es el dinero que se ha abaratado”. Ludwig von Mises (1881 – 1973)
