Una mayor presión fiscal, según la entidad, tendrá como consecuencia “menos producción”. Farer, por su parte, criticó la continuidad del Banco Entre Ríos como agente financiero. Dos Florines
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salió a cuestionar con dureza el proyecto oficialista de aumentar la presión fiscal al sostener que “menos producción, menos granos, menos frutas, menos verdura, menos leche y menos carne serán los resultados inequívocos de este proyecto de impuesto al progreso”.
En los sectores productivos, alertó la entidad que preside Jirge Chmes, nuevamente se encienden las señales de alarma, esta vez por “el proyecto del oficialismo de un ‘Aporte Extraordinario Solidario’ –título pomposo y resonante– pero que como siempre en estos proyectos no tiene en cuenta las características productivas del país, y no por animosidad, sino simplemente por desconocimiento”.
“Viejas recetas, poco estudiadas, con grandes falencias técnicas y poca impronta intelectual, por decirlo fácil ‘flojas de papeles’, tienden a repetir errores pensando que la reedición de los mismos esta vez tendrá resultados diferentes”, señaló CRA a través de un documento.
“Propuestas como la de incremento del Impuesto a las Ganancias con un aumento de alícuota al 41% sin reducir ninguna otra de las tributaciones existentes, y ahora con el Proyecto de las Grandes Riquezas que no genera nuevamente más que incertidumbres y falta de señales claras para el sector de gravar a los bienes afectados en un proceso productivo con una alícuota que va desde el 2 al 3,5% del patrimonio total de esa persona o sociedad indivisa, y que por supuesto se superpone a la tributación de Bienes Personales, es una clara ignorancia de cómo se genera valor desde principal proceso productivo de la República Argentina que son las cadenas agroindustriales, donde el primer eslabón de las mismas (aquel que enciende la llave del proceso productivo; ya que no se puede industrializar y comercializar lo que no se tiene) es el campo; y justamente por esta razón este mismo eslabón es el primero en mérito”, destacaron los ruralistas.
No tener presente la heterogeneidad del sector y de sus distintas cadenas puede tener consecuencias graves, advirtió la entidad, como en el caso de las actividades extensivas particularmente donde “el recurso tierra tiene un alto peso en el capital invertido pero que no genera una rentabilidad por sí mismo acorde a su cuantía, sino que forma parte del sustento productivo y sólo aporta al proceso de producción con su ‘costo de oportunidad’, es decir, su uso alternativo más probable que es el de alquiler y éste sí forma parte del proceso productivo. O en aquellas otras como las economías regionales donde el proceso de producción implique altas inversiones” por unidad como la vid, el ajo, los cítricos, olivos y tantos otros.
La carga impositiva más alta.
CRA cita un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se señala que Argentina posee la mayor carga tributaria de América Latina con el 58%, si se suman los tres estamentos del Estado: Nacional, Provincial y Municipal. Recientemente un informe del Banco Mundial expresaba que la presión impositiva en la Argentina era la segunda a nivel global. “Más allá de los informes lo cierto es que en un país donde hay más de 168 tipos de tributaciones distintas y 35.000 normativas se generan toda clase de distorsiones desde impuestos en cascada como Ingresos Brutos, pasando por superposiciones impositivas como la del Impuesto al Cheque (se paga un impuesto por pagar impuestos), hasta la falta de ajuste inflacionario en el Impuesto a las Ganancias, y ahora con riesgo de sumar un impuesto más, una piedra más, a la pesada mochila impositiva que lleva cualquier emprendedor de cualquier sector en el país”.
77/23.
Según el responsable del Departamento Económico de CRA, Matías Lestani, hoy el 77% del ingreso del productor termina en manos del Estado, con el 23% restante el productor debe pagar todos los costos de producción, vivir y reinvertir. Las empresas crecen inversamente proporcional a los retiros (impuestos en este caso) que se hagan de la misma, la alta carga impositiva reduce beneficios y deja menor capital para reinversión productiva, quita capacidad de buffer frente a situaciones adversas como sequías, inundaciones e incendios, como se sufrieron recientemente en muchas zonas productivas, afectando la resiliencia del productor en una industria que es a cielo abierto. Esto genera desincentivos productivos, una pauperización de la producción y por último el abandono y la salida del sector de ese productor.
“Es algo que se rubrica en las estadísticas donde la presión impositiva y los altos costos laborales pican en punta en los motivos por los cuales la Argentina tiene una tasa de mortalidad de pymes altísima y la duración promedio de las mismas es de tres años”, agrega CRA.
Impunidad.
Para CRA es “muy difícil de entender la impunidad de los diferentes Gobiernos frente a sus malas decisiones; para un productor, un empresario pyme, un trabajador, que ponen en juego constantemente no sólo su capital, su tiempo, su esfuerzo; con la esperanza de mejorar y mejorar a su entorno, y si se equivoca responde con ese capital (que no es sólo dinero, sino también tiempo de vida)”.
“Pasan los tiempos, cambian los actores, las situaciones, la dialéctica (si era soberanía, seguridad alimentaria o solidaridad), pero la respuesta de los gobernantes sigue siendo la misma, frente a su incapacidad de solucionar los temas estructurales, y se repite en nuestra historia como si obedeciese a leyes naturales. Retenciones, derechos de exportación, ‘Aporte Extraordinario Solidario’, en definitiva, más impuestos”, se queja la entidad ruralista.
“Si a la hora de desarrollar proyectos de este tipo, no se tienen en cuenta las particularidades de las cadenas agroindustriales y especialmente como se compone el resultado económico de la producción, los incentivos para salir de los esquemas productivos de alta inversión serán muy grandes y afectarán los resultados productivos y el perfil comercial del país en el corto plazo. Menos producción, menos granos, menos frutas, menos verdura, menos leche y menos carne serán los resultados inequívocos de este proyecto de impuesto al progreso”, vaticinó CRA.
Farer, dura con el Banco Entre Ríos.
Mientras tanto, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), una de las entidades que conforman CRA, cuestionó la adjudicación como agente financiero del Estado provincial otorgada nuevamente al Banco Entre Ríos. “Es una noticia que, pese a ser previsible, no conlleva conformidad ni esperanza al sector agropecuario”, señaló.
El nuevo contrato, según la mirada de los ruralistas entrerrianos, “no permite avizorar para el futuro una mejora en los servicios que se prestan, ni en las posibilidades de crédito para el sector productivo. El otrora banco de los ‘entrerrianos’, hace tiempo ya en manos del Grupo Ezkenazi, saca del circuito económico de la provincia cientos de millones de pesos al año y ni siquiera intenta volcar parte de ellos a un sistema crediticio en favor de la producción, la inversión y el empleo”.
“La continuidad de dicha entidad bancaria –lograda a partir de una licitación casi a medida– implica esta vez un canon a favor de la provincia, pero las comisiones fijadas por el Bersa significarán un negocio con un resultado como hasta ahora: fabuloso”, agrega Farer en un comunicado de prensa.
Para la entidad que preside José Colombatto, “es inaudito que un agente financiero, con miles y miles de clientes cautivos, no disponga de una política de crédito blando para los distintos sectores de la producción y en especial para el agropecuario, justamente en una provincia donde el campo es vital para el desarrollo”.
En definitiva, concluye Farer, “este acuerdo presenta tres grandes falencias: es caro para la provincia; no estipula una mejora del servicio y no introduce cambios significativos en los créditos productivos”.
