Matías Longoni, titular del portal Bichos de Campo, analiza el comportamiento del Estado argentino ante el sector cárnico argentino.
No hay ningún ánimo en esta nota en defender a la industria de la carne, que está llena de malandras que hemos denunciado todo lo que hemos podido desde Bichos de Campo, con los pocos elementos a los que podemos acceder los periodistas.
No negamos que haya subfacturación y mucho menos evasión de impuestos en ese sector. Por el contrario, sabemos que existe y que es mucha. No en vano casi ninguna carnicería del país entrega la factura.
Ahora bien, nos llama mucho la atención el ataque de histeria que se ha apoderado de los organismos que deben controlar la cadena en la última semana, y que coincide justo con el cierre de las exportaciones de carne decidido el 17 de mayo por el presidente Alberto Fernández, aún en contra de la opinión negativa de todos los que entienden sobre esa actividad.
Este, domingo, ha sido la AFIP la que ha sacado en un comunicado de prensa una gacetilla cuyo título luce a todas luces potente: Dice el organismo que tras relevar 150 frigoríficos que explican el 72% de la faena total de bovinos, se ha detectado “maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones” en el 90% de los casos. Sin duda luce temible el panorama.
Aranceles.
El domingo pasado fue la Aduana la que denunció que 19 frigoríficos exportadores habían utilizado una posición arancelaria que no les correspondía para pagar menos retenciones y cometer el delito que está de moda: “subfacturar”. Con una investigación paralela sobre ese caso, Bichos de Campo publicó los nombres de esas empresas, que la Aduana ocultó exprofeso a pesar de haberles aplicado multas por 6 millones de dólares.
El lunes 31 de mayo, la ex Oncca también realizó su propia denuncia mediática, sin aportar los nombres ni los expedientes de cada caso. Mejor dicho, solo mencionaba a tres sociedades menores, así como el secuestro de unas 200 toneladas de mercadería. El organismo que depende de Agricultura informó que habían sido suspendidas del RUCA (el registro de operadores) unas 12 exportadoras de carne.
Todos estos anuncios en tono épico y espectacular, que aportan sin embargo casi ninguna prueba concreta, apuntan a crear una pésima imagen de la industria de la carne justo en el marco del cierre de las exportaciones de este alimento y justo cuando el propio Presidente Fernández había dinamitado, el jueves de la semana anterior, las negociaciones entre funcionarios de su propia gestión y el Consorcio ABC de frigoríficos exportadores, para ver si se podían rehabilitar antes los embarques.
Obsesión.
La sucesión de denuncias sobre la actividad pone en evidencia que ahora existe cierta obsesión del gobierno por este rubro productivo, la cadena de ganados y carnes, pero justo en el marco de una disputa política con la Mesa de Enlace, que ya realizó un paro ganadero con alto acatamiento y promete nuevas medidas de protesta.
No estaría nada mal está obsesión oficial por controlar a los actores de la cadena si no fuese tan sugerente que se realiza en medio de esta escalada de tensión con el sector, si estas denuncias no estuvieran vacías por completo de evidencias concretas, y si no fuera que el gobierno actual, desde que asumió en diciembre de 2019, discontinuó casi por completo la política del gobierno anterior para ordenar tributariamente la cadena de ganados y carnes.
Y eso claramente sucedió así. Si Mauricio Macri se había reunido en su paso por la Rosada un total de 10 veces con la Mesa de las Carnes, para discutir los temas del sector, Alberto no lo hizo ni en una sola ocasión. Pero tampoco lo hicieron sus funcionarios de menor rango. La Mesa de las Carnes pasó a ser casi una figura decorativa.
En este contexto, hay miles de cosas que quedaron sin hacer desde el propio Estadio, o se interrumpieron. Por ejemplo, ya no se sabe ni siquiera si funcionan los controladores electrónicos en los frigoríficos que se instalaron en la gestión anterior. Y la AFIP, que ahora hace estas denuncias, dejó a medio armar el REC (Remito Electrónico de Carnes), con el que el Estado aspiraba a controlar -como ya había comenzado a hacer con frigoríficos y matarifes- al eslabón final de la cadena, el de las carnicerías.
Texto.
Hechas todas estas aclaraciones necesarias, recién ahora nos podemos dedicar a la denuncia presentada ahora por la AFIP. El texto de la gacetilla es el que sigue:
Como se puede leer, en los operativos realizados por el organismo “se detectaron matarifes (usuarios de servicio de faena) que recurrieron al uso de facturas apócrifas, sociedades sin sustancia y prestanombres, para comercializar más de 500.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020”. Esos operativos, confiesa el organismo, se iniciaron en abril. Es decir coinciden con la creación de las DJEC, las declaraciones juradas que implementó el gobierno y que ahora le sirven para trabar las exportaciones de carne.
Justamente la gestión anterior de la AFIP había comenzado as implementar el REC: era un remito electrónico entre el matarife o el frigorífico y el carnicero que permitía verificar la correcta facturación en el tramo final de la cadena, que es lo que ahora se denuncia. Pero el REC quedó en la nada. Y nadie lo explicó.
Insistimos que no vamos a defender a nadie en el sector de la carne, donde no existen carmelitas descalzas. Pero muchos matarifes desde 2018 venían advirtiendo a viva voz que los carniceros se negaban a facturarles la media res que recibían para poder seguir operando al margen de las normativas. El argumento era que la inmensa mayoría de los locales está al mando de un monotributista que no podría haber seguido en dicha categoría -y por lo tanto debía ser responsable inscripto ante el IVA- si blanqueaba los montos facturados.
Escenario.
Una probabilidad, entonces, es que la mayor parte de los mayoristas de la carne se hayan visto obligados a falsear sus datos y hasta recurrir a facturas apócrifas ante la imposibilidad de facturar sus ventas a los minoristas. Frente a situación tan evidente, la AFIP no había dicho nada hasta ahora.
Hasta ahora, donde se informa que “la DGI comenzó a fiscalizar a los 154 frigoríficos más grandes del país. Los establecimientos investigados por la DGI representan el 40% de todos los frigoríficos del país y explican el 72% de la faena total. Todos las firmas fiscalizadas registraron una facturación individual superior a los 250 millones de pesos anuales”.
Sobre los resultados de dicha pesquisa, que comenzó recién en el mes de abril, “todas las fiscalizaciones se encuentran en proceso pero como resultado de las tareas de control los inspectores de la DGI identificaron maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones en el 90% de los frigoríficos relevados”.
“El monto de las infracciones y las multas, serán determinados al finalizar los procedimientos”, añade la información oficial. Pero se puede suponer que muchos de estos casos se judicializarán, pues también los empresarios tienen en este caso argumentos para defenderse.
“Es muy probable que en efecto se haya encontrado subfacturación en el 90% de las plantas, porque es sabido que el comercio de carne está prácticamente en manos de los matarifes que contratan los servicios de faena de los frigoríficos. Todos facturan el IVA de la carne con 10,5%, pero el servicio de faena (el trabajo que la planta le hace al matarife) quedó con una alícuota de 21%, que nunca se redujo ni se alineó con el resto de la cadena. Por eso casi todos subfacturan la carne, para evitar un crédito fiscal que sería imposible recuperar. Si la AFIP hubiera regularizado esto como se pide hace ratio, no existiría esta subfacturación”, indicó una fuente que conoce al dedillo el negocio.
Modalidades.
Bienvenido entonces que la AFIP haya vuelto a preocuparse por esta situación anormal.
El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont también “descubrió” otra modalidad irregular en un sector donde buscale la vuelta ha sido siempre la constante. “LKa DG detectó un grupo de matarifes que recurren a sociedades y personas humanas sin capacidad operativa, técnico económica y financiera para desarrollar sus actividades. Las firmas identificadas por la DGI comercializaron un total de 582.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020”, se informó.
“Una de las hipótesis de trabajo explorada por los inspectores de la DGI es que los matarifes sin capacidad económica que recurren al uso de facturas apócrifas constituyen una pantalla para algunos frigoríficos que les permite evadir impuestos y generar créditos fiscales ficticios”, se especuló en este caso, donde tampoco aparecen nombres concretos y que está en vías de investigación.
Fuente: Matías Longoni / Bichos de Campo
