Por Nicolás Mattiauda, senador provincial (Cambiemos)
Una vez más el campo entrerriano vive momentos duros. En esta ocasión, es la naturaleza la que le juega una mala pasada. La sequía que sufre gran parte del país y, particularmente, la provincia de Entre Ríos pone en jaque la producción agropecuaria del presente ciclo y del que vendrá.
La primera solución que tenemos a mano es la declaración de la emergencia agropecuaria y, con esta herramienta –valiosa e importante, por cierto–, paliar el problema en lo cercano. Se postergan pagos de tributos, se accede a líneas blandas de crédito –para los cuales los productores pequeños tienen dificultades de acceder–, o, en el mejor de los casos, se consiguen subsidios.
Son estas acciones necesarias y urgentes, aunque muchas veces insuficientes y casi siempre ineficientes. Primero porque se necesitan medidas de fondo para no reclamar estas acciones cada vez que hay una urgencia. En segundo término porque todas las acciones descriptas tienen un costo para el Estado.
Es por esto que retomo una idea que plasmé en un proyecto de ley: la creación de un Fondo Provincial Anticíclico Agropecuario Entrerriano. Es una idea que tuve el honor de llevar a la Cámara Alta de la provincia, pero que no me pertenece en un todo. Es algo de lo que los productores hablan cada vez que se los consulta sobre el tema. Son del tipo de ideas que todos comentan pero que a la hora de llevar a la práctica nadie quiere implementar.
Creo, creemos desde nuestro espacio político, que es momento de implementarlo. No queremos que el expediente siga durmiendo el sueño de los justos en los archivos de una comisión.
El Fondo consiste, básicamente, en una reserva –en dinero y, eventualmente, otras inversiones– para hacer frente a situaciones de emergencias climáticas y/o fitosanitarias. Estará compuesto por el cien por ciento de los recursos provenientes de la recaudación de una tasa rural creada a tal efecto. Desde ya, que para que sea efectivo y eficiente, va a estar administrado por un Consejo creado a tal fin y que esté compuesto por representantes del Estado provincial y, fundamentalmente, por integrantes de instituciones relacionadas al campo.
La FAO (Food and Agricultura Organization of the United Nations) manifestó incontables veces que el cambio climático está influenciando, sobremanera, sobre los sistemas alimentarios y medios de vida rurales de todo el mundo. Asimismo, determinó que es fundamental realizar inversiones en el desarrollo del sector agropecuario productivo, para que éste sea integrador y resiliente con el fin de resguardar los ingresos y la seguridad alimentaria de las poblaciones del mundo frente al cambio climático, principalmente las poblaciones rurales pobres. En ese mismo orden de ideas, dijo que es esencial dirigir la inversión pública y privada a los sectores agropecuarios, incluyendo corrientes de financiación para abordar las cuestiones del clima, y así aprovechar su potencial transformador. Puesto que estos costos no pueden ser enfrentados por quienes practican la actividad agropecuaria a pequeña escala, es primordial la inversión del sector público y los privados con mayores ingresos.
Sabemos que nuestra provincia posee uno de los suelos más fértiles del país; esto, acompañado de un clima, predominantemente, templado y húmedo, hacen que su tierra sea especialmente apta el desarrollo agrícola y ganadero. Y, dentro del sector agropecuario, se pueden distinguir el desarrollo de diez cadenas de valor distintas. Las cuales, en el último tiempo, de una manera u otra, se han visto afectadas por las inclemencias del clima.
Por todo esto, y por estar de nuevo ante una crisis severa, es que propongo, humildemente, mirar más allá de lo urgente. Es momento de asistir rápidamente a nuestros productores. Pero es, también, el momento de profundizar el debate sobre esta herramienta que no permitirá, indudablemente, salvar las inclemencias del clima con mayor facilidad.
