Los ojos de los dirigentes agropecuarios se posaron sobre Hugo Ballay y Álvaro Gabás en las jornadas de la Región Centro. Gustavo Sánchez Romero
La presencia del ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay y el secretario de Producción, Álvaro Gabás, sirvió como catalizador para la ansiedad de los dirigentes del sector agropecuario que estuvieron presentes este jueves y viernes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, espacio donde se desarrollaron las Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y del Corredor Bioceánico Central.
Las entidades del campo presentes intentaron apurar en los pasillos la decisión de los funcionarios de implementar la emergencia agropecuaria en la provincia en función de la letal y prolongada sequía que azota la región y que, en coincidencia, casi todos aseguran que ya costó entre el 35 y 40 % de la producción de soja y algo menos del maíz entrerriano. Aunque el pronóstico climático se sigue mostrando hostil y no hay vaticinios de lluvias para estos días, la seca generaría, según el cálculo que realizan las entidades, pérdidas que estarían por encima de los 5.000 millones de pesos, cifra que aventuró DOS FLORINES días atrás. La estimación es que sólo en soja la cosecha mermaría en un un número cercano a las 450 mil toneladas.
La presión del sector hacia el gobierno ya no se disimula, pero por ahora no hay señales concretas de aplicar la medida y los más jacobinos dicen por lo bajo que si el gobierno no accede se cortarían los lazos de amistad que se supieron conseguir en estos dos años. Es que para el gobierno la decisión implica distraer de la recaudación de 2018 unos 350 millones de pesos en el Impuesto Inmobiliario Rural. Esto incluye a todos los impuestos que deben pagar los productores ya que deben inscribirse en una nómina de manera individual y todo cae en la misma CUIT a la hora de la consideración. Aquí, la estimación es que sólo el 30 % de la superficie agrícola estaría incluida en este beneficio.
Incertidumbre.
A la espera del milagro que caiga del cielo que permita recuperar algo de la oleaginosa que está en la cuerda floja y morigere las pérdidas, el Gobierno provincial debería resignar en este año unos 350 millones de pesos, cifra que las entidades entienden representa el 30 % de la emisión total del Impuesto Inmobiliario Rural, que llega este año a 1.200 millones, y que dejarían de percibir en el presente ejercicio para cobrarlo recién cuando venga la buena y los productores recuperen rentabilidad.
Altas fuentes del Gobierno explicaron que por ahora no hay motivo para poner en consideración del gobernador esta medida, y consideran que la línea Maginot es la pérdida del 50 % del total de la producción. En estos días la presión seguirá in crescendo, y mientras no llueva, el tema seguirá siendo una espada de Damocles en uno y otro lado del mostrador.
En este orden, desde la provincia esperan una señal del Gobierno nacional que acompañe la decisión.
En el encuentro de jueves y viernes, la presencia del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, se esperaba como un bálsamo. Sin embargo no lo fue tanto. El funcionario nacional dijo que está todo listo para homologar las emergencias cuando las provincias las eleven al Ejecutivo Nacional y de alguna manera dio a entender que darían instrucciones de alguna indulgencia al Banco Nación para no caer con el garrote ante la falta de pago de los créditos. Sin embargo, en este punto, los productores dicen que si bien esto no es el problema mayor y que creen que lo cumplirán, la dificultad nace cuando ante la falta de pago de las cuotas el banco le cierran descubiertos y otros beneficios financieros por mal pagador. Entre Ríos espera un poco más de Balcarce 50, y las gestiones están a la orden del día.
Diferimentos.
Con respecto a la Nación, los dirigentes rurales expresaron ante DOS FLORINES que un punto sensible es el saldo técnico del IVA, que llega al 8 %.
Se trata de un ítem de libre disponibilidad que surge de la diferencia de IVA de compra e IVA de venta. Este concepto implica unos 121 millones de pesos, en una cosecha normal, dicen, para la provincia. “Cuando viene una cosecha donde bajás las ventas, ese saldo técnico pasa a ser de 721 millones. Y ese saldo queda en AFIP esperando ser compensado más adelante con IVA o otra cosa, pero hay un año o dos parada a tasa cero que no las podes disponer”, reseñó un dirigente argumentando que si bien también se trata de un diferimiento, se va a presentar a Etchevehere como alternativa porque es una cajita importante que viene en auxilio del productor en tiempos aciagos.
La buena noticia para Hugo Ballay es que los productores no están hablando de Ingresos Brutos, donde ya hay una tablita que con menos de 19 millones de pesos de facturación se aplica una exención que por estos días es tan importante como un buen chaparrón sobre los surcos.
La declaración de emergencia agropecuaria por ahora es una taba en el aire y es incierta de la cara que caerá. No hay mucho tiempo, es cierto. Pero aún hay cierto margen para ojear las cartas para ver si pinta, al menos, un siete de oro. En tiempos de definiciones de paritarias, Hugo Ballay sabe que la paz política depende de cada peso en el chanchito. El problema es que las demandas de uno y otros –ambas genuinas y atendibles- están acelerando peligrosamente con sentido contrario, pero hacia una intersección inevitable.
Foto: Comunicación Gobierno de Entre Ríos
