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Sin suba de retenciones a la agroindustria, Entre Ríos no perderá U$S 54 millones

Según la Bolsa de Rosario, la medida que dio marcha atrás el Gobierno iba a recaer con más fuerza sobre las exportaciones originadas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, aunque el impacto iba a ser relevante en todo el país. Nahuel Amore

El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocido como Ley Ómnibus, incluía dentro de su contenido un incremento de los derechos de exportación. No obstante, frente a la presión de gobernadores, el ministro Luis Caputo dio marcha atrás este capítulo de retenciones, que puso en contra a todas las entidades, tanto del campo como de la industria.

El alza de dos puntos a la alícuota para la exportación de harina y aceite de soja, desde 31% a 33% era lo más significativo en recaudación. Asimismo, salvo algunas excepciones dentro de las economías regionales, se incluía al grueso de las exportaciones argentinas de bienes a una alícuota general del 15% para cualquier valor FOB exportado, lo que impactaría en muchos productos con valor agregado, un revés para toda industrialización.

De acuerdo al informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, esta suba de derechos de exportación iba a golpear fuertemente en gran parte de la agroindustria argentina. Este incremento de retenciones redundaría en una carga fiscal adicional de más de US$ 1.505 millones para las cadenas agroindustriales del país, sólo en el año 2024. Esto, claro está, iba a ser utilizado por Javier Milei en el paquete fiscal para acelerar el déficit cero.

En tanto, lo correspondiente a Entre Ríos iban a ser 54 millones de dólares, es decir, el 2,8% de las exportaciones con origen en nuestra provincia. De esa manera, con la marcha atrás de Caputo, el agro entrerriano evita un importante golpe, más aún tras la salida de una fuerte sequía que dejó endeudados a pequeños y medianos productores.

El anuncio de Caputo es así un alivio para el sector, que en Entre Ríos había reunido este mismo viernes a la Mesa de Enlace con Rogelio Frigerio. El gobernador ya se había puesto a negociar una por una las cadenas de valor, pero quedaban adentro los cultivos más importantes. De boca de los representantes de las entidades, escuchó el rechazo unánime de la suba de retenciones, hecho que horas más tarde tuvo una sorpresiva conferencia que intenta aplacar el malestar generado.

La marcha atrás es, de esta manera, un bálsamo para las económicas agroindustriales que advertían por el efecto negativo. Entre ellas estaba la avicultura, que pasaba del 9 al 15%, generando un margen negativo de 5 puntos. Incluso, evita un mayor peso fiscal sobre todo un sector que ya tributa, según FADA, casi el 60% de lo que genera.

Impacto fiscal

En las principales cadenas agro (Complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) se esperaba un impacto fiscal superior a los US$ 561 millones. Por su parte, el incremento de la presión fiscal sobre las economías regionales se estimaba en US$ 504 millones, en tanto la suba de derechos de exportación esperaba recaudar US$ 284 millones y US$ 156 millones en carnes y pesca, respectivamente. Todo ellos, por ahora, se frena.

Por su preponderancia exportadora, el impacto regional iba a tener más fuerza sobre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, provincias responsables de cerca del 75% de las exportaciones nacionales, según el informe de la Bolsa.

En este sentido, la suba de derechos de exportación en las cadenas agroindustriales implicaría una detracción del 2,1% del valor total de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, cerca de US$ 400 millones. Más aún, si se ampliaba el impacto para todas las exportaciones santafesinas, la suba de retenciones implicaría un alza de presión fiscal de más de US$ 710 millones en la provincia. 

Si bien el grueso del aporte vendría de estas tres provincias, el impacto de las retenciones también hubiera golpeado en la originación de exportaciones en otras regiones del país. En este sentido, sólo esta medida podría haber impactado recaudando el equivalente al 3,9% de las exportaciones con origen en Mendoza y el 4,7% de las exportaciones con origen en La Pampa. Esto sin considerar la carga tributaria ya vigente sobre las cadenas agroindustriales argentinas, las únicas del mundo que soportan un apoyo neto negativo. 

El impacto sobre la producción

Luego de un fatídico 2023, las perspectivas de producción y exportaciones del agro en 2024 son venturosas. La producción de soja más baja en más de 20 años y las fuertes caídas en trigo y maíz, entre otras cadenas agro, comienzan a quedar atrás. 

Esta suba de derechos de exportación implicaría una recaudación adicional que recaería con especial preponderancia sobre los complejos exportadores en plena recuperación. Se esperaba una detracción adicional de US$ 198 millones para la cadena de la soja, US$ 154 millones para la cadena del maíz, US$ 71 millones para la cadena triguera, US$ 95 millones para la cadena del girasol, entre otros complejos.

Dichas estimaciones se realizaron considerando las proyecciones exportadoras del 2024 de la Bolsa de Comercio. Para las economías regionales, se tomaron los datos de exportaciones de 2022. Finalmente, respecto a las carnes y la pesca, se consideraron los promedios exportadores de los años 2018-2022. 

En lo que hace a las exportaciones ganaderas, el impacto más preponderante se esperaba sobre el comercio exterior de carne y cueros bovinos. Sin embargo, la mayor suba relativa se sentiría sobre las exportaciones de carne porcina, un complejo que tiene mucho por crecer y se encuentra con un gran escollo para profundizar su inserción externa.

El mayor impacto de la suba de derechos de exportación sobre las economías regionales tendría especial peso sobre los sectores manisero, vitivinícola, hortícola, frutícola, forestal y tabacalero. Con la primera versión del proyecto de ley se esperaba una detracción cercana a los US$ 1.200 millones a todos los rubros que integran las economías regionales. Si bien dicho monto se ha reducido con los sucesivos cambios, aun así el proyecto dado de baja conllevaría un alza de recaudación de más de US$ 500 millones, creciendo la recaudación de retenciones sobre las economías regionales más de seis veces respecto a la presión fiscal actual.

Finalmente, el sector pesquero también hubiera sentido el impacto del incremento de retenciones. Otro complejo de fuerte inserción en muchas regiones del país vería más que duplicarse la presión fiscal sobre sus exportaciones.