El futuro de un fideicomiso de 400 millones de dólares se define en la tómbola: El gobierno todavía no sabe a quién subsidiará con esa plata. Matías Longoni / Bichos de Campo
De Matías Tombolini ya se sabe para quien juega: el economista y docente acompaña desde hace largo tiempo al actual ministro de Economía y nuevo hombre fuerte del gobierno, Sergio Massa. En la herencia que le tocó al asumir como secretario de Comercio, comenzando por una inflación mensual de 7%, hay un asunto que le provoca grandes dolores de cabeza: no sabe todavía qué hacer con el fideicomiso FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino), un fondo de más de 400 millones de dólares anuales que su antecesor en el cargo, Roberto Feletti, investigado judicialmente por ello, diseñó en marzo pasado supuestamente para evitar subas en el precio del pan.
No funcionó, porque el pan aumentó fuerte, como todo, incluso mientras los precios del trigo bajaban. Pero mientras tanto el fideicomiso comenzó a recaudar cientos de millones de pesos de la suba de retenciones a los derivados de la soja, y empezó a direccionar los pagos solo hacia unos pocos molinos, cuando la inmensa mayoría de empresas del sector había rechazado participar de este mecanismo, por la distorsión que iba a provocar en el mercado y las sospechas de favoritismo hacia una sola firma, la que muele más del 20% del cereal, Molino Cañuelas.
Ese grupo entró en convocatoria de acreedores en septiembre de 2021 con un pasivo de más de 1.300 millones de dólares. Se anotó de inmediato burlándose del resto de la molinería, que recomendaba canalizar la ayuda directamente hacia los más necesitados, a través de la tarjeta Alimentar.
Continuidad.
Cuando asumió en Comercio Interior, la primera reacción de Tombolini fue anunciar la continuidad del FETA. Pero ni bien se puso a estudiar los expedientes, detectó la inconsistencia de la política ideada por Feletti (no se puede armar un subsidio a la harina si solo 4 o 5 molinos aceptan y 145 lo rechazan) y temió que él también pudiera caer en la volteada judicial iniciada por una denuncia penal de los diputados de la Coalición Cívica, que está en trámite. Es que apenas a una semana de lanzado el FETA, y sin que estuvieran conformados los sistemas de control y auditoría, el fideicomiso desembolsó unos 1.400 millones de pesos como anticipo a Cañuelas y su controlada Molinos Florencia. Luego de eso, Feletti dejó su cargo.
La revisión y el evidente fracaso de esta política de intervención (que no solo no detuvo la escalada del precio del pan sino que además provocó una competencia desleal dentro del mercado de la harina de trigo) llevó luego a Tombolini a anunciar que el FETA concluiría a fin de año y que además a partir del 1 de octubre se redireccionarían los subsidios directamente a las panaderías que aceptaran vender el pan común a precios más bajos, pues se había detectado que gran parte del dinero se había utilizado para subsidiar otro tipo de harinas más refinadas, que son el fuerte de Cañuelas y no tienen impacto en el precio del pan. Pero esta medida fue rechazada por algunos centros de panaderos que venían reuniéndose históricamente con Feletti, y que pidieron la continuidad del subsidio a los molinos.
Contradicciones.
País increíble aquel que tiene 400 millones de dólares para ayudar a la gente más pobre a mantener su nivel de consumo de pan, pero no tiene a quien subsidiar porque todos rechazan ser los beneficiarios del subsidio. Salvo, claro, un puñado de empresas que ya acumularon una acreencia de casi 6.000 millones de pesos desde el FETA.
Ahora faltan menos de diez días para que empiece el nuevo régimen anunciado por Tombolini, pero no se conoce hasta ahora ninguna reglamentación. Según fuentes de la molinería, este funcionario ya se ha percatado que destinar el dinero del fideicomiso a miles de panaderías será una tarea administrativa titánica e imposible de controlar. Por eso, las fuentes dijeron que el secretario de Comercio habría desistido de esa alternativa y que, literalmente, no sabe cómo seguir.
Es decir, Tombolini sabe que debe desarmar el monstruo creado por Feletti, pero no sabe cómo hacerlo. Y menos podría hacerlo sin herir otras susceptibilidades dentro del gobierno, que pretenden que todo este escandaloso fideicomiso siga como hasta ahora, favoreciendo a un puñado de empresas, sin impactar en los precios del pan, alentando todo tipo de sospechas… ¿Quiénes son los que quieren que todo siga como hasta ahora más allá de los oprobiosos resultados?
La respuesta seguramente la tenga una mujer tucumana que alguna vez, hasta 2012, trabajó en el BICE (la entidad encargada de administrar el millonario fideicomiso) y que actualmente se desempeña como docente y es vicerrectora de la Universidad de San Pablo, ubicada en esa provincia norteña. Se llama Inés Yamuss y es el hilo conductor en todo el proceso del FETA, pues era ella -sin ser funcionaria formal del Estado- quien daba instrucciones a la Federación de la Industria Molinera (FAIM) y a las empresas del rubro que preguntaban cómo había que hacer para adherir al fideicomiso. Utilizando su correo electrónico personal de Yahoo, Yamuss sobrevivió a las gestiones de Roberto Feletti, Guillermo Hang y Martín Pollera, los antecesores de Tombolini. Todos se preguntan quién la banca, a quién responde.
Internas.
Según las fuentes del negocio molinero consultadas, la interna entre Tombolini y está “especialista en fideicomisos”, cuya familia tiene intereses muy fuertes en el sistema de salud de Tucumán, está que arde. De la resolución de este conflicto dependerá el futuro de este fondo de 400 millones de dólares: si se comienza a pagar a las panaderías, o se disuelve, o se mantiene como hasta ahora, pagando la diferencia entre el precio oficial de la bolsa de harina (que ha sufrido fuertes correcciones en los últimos meses) y el valor real de mercado.
Mientras tanto el gobierno resuelve cosa tan sencilla, los molinos siguen rechazando por abrumadora mayoría la adhesión al sistema de compensaciones, aunque algunos empresarios han dicho que ya no tienen más posibilidad de competir contra la billetera recargada de Molinos Cañuelas y otro molino importante que finalmente adhirió, Lagomarsino. Entre ambos, más un puñado de molinos pequeños, representan cerca del 30% del total de la molienda.
Tanto desde la Cámara de la Industria Molinera (CIM) como desde las pymes nucleadas en Apymimra han vuelto a cerrar filas rechazando el fideicomiso, aduciendo que no solo no se podrá evitar así la suba de precios sino además denunciando una fuerte competencia desleal en el mercado de la harina, con graves consecuencias para las empresas más pequeñas y sin capacidad financiera. En la Federación de la Industria Molinera (FAIM), en la reunión del jueves 15 todos se juramentaron no adherir, a la espera de la decisión de Tombolini. Algunas empresas luego rompieron esa promesa, Una de ellas lo hizo para evitar una cesación de pagos.
