Salto Grande: una larga espera de reparación para los entrerrianos

Por Alejandro Di Palma, José Mouliá, Julio Panceri, Roberto Domingo, Pablo Mussio, Pablo Presas y Rubén Pagliotto.

Recientemente se difundió una noticia en virtud de la cual se afirmó que la Central Hidroeléctrica Salto Grande logró una compensación histórica por los servicios prestados, a través de su cuadrilátero de transmisión, al Sistema Argentino de interconexión (SADI).

Consideramos necesario advertir que la información difundida no pasa de una simple operación de prensa, ya que no se ha logrado ninguna compensación histórica.

La Secretaría de Energía de la Nación, a través de la reciente Resolución Nº 750/23, simplemente definió los nuevos valores con los cuales se retribuye la energía a todos los generadores, incluyendo a las centrales hidroeléctricas.
La realidad indica que el Gobierno Nacional, a través de la Resolución mencionada, solo ha continuado un proceso que infravalora la energía generada a través de un recurso natural propiedad de los entrerrianos.

En un flagrante y sostenido abuso, se ha establecido que el importe con el cual se retribuye la energía producida por Salto Grande sea apenas el 45% del valor con el cual se retribuye a la misma energía hidroeléctrica producida por el Complejo Yacyretá.

Más aún, los $ 1.300 por MW/h con los que se remunera a la Central de Salto Grande, constituyen un precio 18 veces más bajo que el que ENERSA debe pagar a CAMMESA por la compra de la energía que se consume en nuestra Provincia.

De esta forma, los entrerrianos somos timados a través de la manipulación de los precios de generación de energía, lo que luego repercute en las insignificantes regalías y excedentes con los que pretenden conformarnos a cambio del uso de nuestros recursos naturales. A la par de esta situación, desde el inicio de las operaciones del Complejo Hidroeléctrico, la energía producida fue transportada hacia otras provincias y utilizada para desarrollar otras regiones de nuestro país, postergando toda posibilidad de desarrollo de nuestra provincia.

Este formato de expoliación viene siendo aplicado por el Gobierno Nacional desde que el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande inició las operaciones, hace 40 años, sin que nuestros gobiernos provinciales hayan ofrecido un mínimo de resistencia, hayan entablado reclamos reivindicatorios de la propiedad de nuestros recursos naturales y su producido, o al menos hayan reclamado en tiempo y forma las deudas que sistemáticamente se han mantenido frente a nuestra provincia en concepto de regalías y excedentes, en una actitud rayana con el delito de incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

Los entrerrianos aportamos la fuente generadora de energía, y sufrimos la inundación de una ciudad entera, el bloqueo a la navegación del Río Uruguay, y graves daños económicos, ambientales y sociales. A cambio de ello recibimos promesas de desarrollo de la región, las que fueron plasmadas en los instrumentos y normas que dieron origen a la construcción del Complejo Hidroeléctrico, y que nunca se cumplieron.

Creemos que resulta necesario comenzar un decidido camino de concientización popular sobre el derecho de los entrerrianos a aprovechar los beneficios que se derivan del derecho de propiedad sobre nuestros recursos naturales, del necesario uso soberano de los mismos, de las circunstancias históricas que explican el actual subdesarrollo de nuestra provincia, y del necesario reclamo por el resarcimiento económico de los daños sufridos.

De lograrse que los argumentos propuestos encarnen en la sociedad, se generará una fuerza capaz de lograr la satisfacción de un reclamo que debe instaurarse a los fines de lograr la disposición del 100% de la energía generada por el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, o al menos obtener una compensación de similar impacto, para que podamos poner a Entre Ríos con proa hacia el desarrollo.

Una pretensión de esta naturaleza encuentra suficiente justificativo en razón de la titularidad provincial de la fuente generadora de la energía, la amortización total de las obras del Complejo, el aprovechamiento de la energía por parte del Estado Nacional por más de 40 años con pago de regalías irrisorias, el incumplimiento de los objetivos de desarrollo planteados en los instrumentos que dieron origen al Complejo, la falta de realización de las obras comprometidas para posibilitar riego y navegación, y los graves daños económicos, ambientales y sociales sufridos por los entrerrianos.

No hay más tiempo que perder. Si no lo hacemos por nosotros, aunque hagámoslo por las próximas generaciones, que merecen que esta provincia despierte definitivamente del largo y atroz letargo del subdesarrollo y la desidia.