Se concentran este jueves, a partir de las 9, en el centro cívico paranaense. Consideran “arbitrarios” y “desmedidos” los fallos que restringen las aplicaciones de fitosanitarios. Danilo Lima
En medio de un creciente malestar, productores agropecuarios de toda la provincia se movilizarán este jueves hasta el centro cívico de Paraná para concentrarse, a partir de las 9, frente al Palacio de Tribunales. El objetivo de la movida es protestar contra los fallos judiciales –en plena vigencia tras la ratificación por parte de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ)– que prohíben las pulverizaciones en cercanías escuelas rurales. Los mismos fijan una distancia mínima de 3.000 metros cuando las aplicaciones son aéreas y de 1.000 metros cuando se trata de aplicaciones terrestres.
La prohibición, según las estimaciones de entidades e instituciones vinculadas con el campo, deja fuera de producción alrededor de 300.000 hectáreas en Entre Ríos.
Para los productores, los fallos son “arbitrarios” y “desmedidos” y por eso, aseguran, decidieron salir a expresar su descontento frente a la sede del Poder Judicial.
Las resoluciones judiciales, cuestionan los chacareros, “ignoran la posibilidad de realizar cambios inmediatos en sistemas de producción complejos, no ofrece una alternativa real ni tampoco políticas que acompañen una transición para las empresas” agropecuarias.
Hablan, asimismo, de “una paradoja nefasta” que “consiste en que un Poder del Estado, el Judicial, castiga a los ciudadanos productores agropecuarios porque otro Poder del Estado, el Ejecutivo, no puede demostrar que protege la salud de docentes y alumnos de escuelas rurales, desempeñando su responsabilidad de fiscalizar el uso de la tecnología empleada”.
Advertencia del Renatre.
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), Delegación Entre Ríos, por su parte, expresó a través de un comunicado su “profunda preocupación por las graves e impensadas consecuencias que producirá en cientos de familias rurales” el fallo de la Justicia que prohíbe la aplicación de fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales.
La medida, entiende el Renatre, “dejará en estado de abandono a más de 300.000 hectáreas campo entrerriano (un tercio de las tierras más productivas de la provincia” y “significará no sólo el quiebre de cientos de empleadores rurales sino también la consecuente pérdida de puestos de trabajo” de gente que vive en el campo, y “el inicio de un triste y dramático éxodo” de la población rural a los centros urbanos.
El Renatre, finalmente, insta “al organismo judicial competente a rever” el tema sobre la base de un “estudio serio de los informes científicos disponibles para una urgente solución”.
Mattiauda apunta a Bordet.
Mientras, el senador provincial Nicolás Mattiauda manifestó la necesidad de que el gobernador Gustavo Bordet convoque a un “urgente trabajo legislativo” por el tema fumigaciones y uso de fitosanitarios en Entre Ríos.
Para el legislador de Cambiemos, el mandatario provincial es quien “tiene todas las herramientas para encontrar acuerdos” que permitan una solución “al conflicto que se está generando” a partir de la limitación que tienen los productores para pulverizar.
“La pérdida de capacidad productiva del sector agropecuario a partir de los límites impuestos por la Justicia (de mil y tres mil metros para fumigaciones terrestres y aéreas, respectivamente), provocarán que muchos productores abandonen su actividad, con las graves consecuencias que eso producirá”, advirtió Mattiauda.
Y, en ese sentido, responsabilizó a Bordet por “la crisis social que se genere por el éxodo del campo”. “No solo la provincia perderá capacidad productiva por las hectáreas que quedarán sin poder ser utilizadas; eso además provocará que muchas familias rurales sean expulsadas del sistema laboral y a su vez las escuelas se queden sin alumnos”, opinó.
En cuanto a las distancias de aplicación de agroquímicos respecto a la ubicación de las escuelas rurales, el senador planteó una grave contradicción que debe ser tenida en cuenta para futura normativa. “Toman como un parámetro las distancias hacia los establecimientos educativos como manera de proteger a los niños, pero no se las plantean respecto a las viviendas donde ellos viven con sus familias, a donde pasan mucho más tiempo”.
“Es absurdo pensar en brindar solamente protección en las escuelas que es un momento parcial en la vida de los pobladores del campo, como si estuvieran protegidos por el solo hecho de permanecer allí o estar de guardapolvo blanco”, sentenció.
Agregó que existe “incertidumbre y preocupación” en el sector agropecuario por la falta de una normativa adecuada para el sistema de producción porque “su forma de vida es el contacto con la naturaleza y explotación agropecuaria”.
En ese sentido, Mattiauda insistió en que el Gobernador debe generar “instancias de diálogo de manera urgente” con todos los sectores políticos y sociales, convocando al debate legislativo para que la provincia tenga “la mejor ley de buenas prácticas agrícolas, con fundamentos científicos, que brinde protección al ciudadano, cuide el ambiente pero que además permita una planificación ordenada de la producción agropecuaria”.
“La paradoja –remarcó el senador– es que la ley que se cajoneó en Diputados es autoría del oficialismo provincial, había sido aprobada luego de amplios consensos en el Senado y se transformaba en la única herramienta que le permitía al Estado ejercer su verdadero control de policía para fiscalizar el correcto uso de los fitosanitarios”.
El actual candidato a diputado provincial advirtió que tal como está planteada hoy la situación “se puede generar un conflicto social de una envergadura no dimensionada”, y remarcó que se debe buscar un equilibrio entre los intereses de los distintos sectores: urbanos, rurales, ambientalistas y productivos.
“El problema es que un sector de la sociedad ha instalado en la conciencia del ciudadano que el hombre de campo está en contra del medioambiente y eso está muy alejado de la realidad, porque el principal capital que tiene el productor es el recurso natural que utiliza como generador de la riqueza que necesita la provincia y el país”, aclaró.
“La Legislatura es la que le puede dar a los entrerrianos las herramientas que necesitan para que tengan la seguridad de que se puede producir en el campo con un equilibrio entre el cuidado de la salud humana, principalmente la de los niños, el cuidado del medioambiente y el desarrollo de la actividad agropecuaria”, puntualizó Mattiauda.
