Las propuestas incluyen reformas electorales, del Código Penal, del régimen de movilidad jubilatoria, y delegaciones del Poder Legislativo al Ejecutivo, además de la privatización de 41 empresas del Estado.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, se hizo presente en la Cámara de Diputados para entregarle al titular del cuerpo, Martín Menem, el proyecto de “ley ómnibus”, con el que el gobierno de Javier Milei aspira a complementar su paquete de reformas.
En la iniciativa se encuentran aquellas cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo no puede legislar, como aspectos tributarios y electorales. El texto contiene más de 664 artículos y 183 páginas, con la inclusión de importantes reformas electorales, tributarias, penales y aduaneras, además de privatizaciones de empresas del Estado y otros cambios trascendentes.
A través de un mensaje en X, desde la Oficina de Prensa se expresó: “Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley”.
Por su parte, Menem aseguró ante la prensa acreditada que el proyecto representa “el comienzo de una nueva Argentina” y que pretenden avanzar “lo más rápido posible”. La próxima semana convocarían a funcionarios para que expliquen ante los legisladores la ambiciosa ley.
Las reformas
En su artículo 1.°, el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.
Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de la reforma de la ley de partidos y la implementación de la boleta única. También se propone una modificación sustancial en torno a la eliminación de la lista sábana en la categoría de Diputados para pasar a un régimen por circunscripción en la que cada elector podrá elegir nada más que por un candidato a la Cámara baja.
Asimismo, en cuanto a las manifestaciones, proponen que quienes impidan o entorpezcan el funcionamiento de los transportes (por tierra, agua o aire) sean reprimidos con 1 a 3 años y seis meses de prisión.
Dentro del texto, además, en un apartado se promueve derogar un artículo clave de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública N°27.612. Justamente el punto central era que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, necesitara autorización del Congreso de la Nación.
