Por Sergio Dellepiane – docente
Uno de los más antiguos, pero hasta hoy irrefutable, principio de la ciencia económica es aquél que sostiene: “Se puede controlar el Precio o la Cantidad, pero nunca ambas variables a la vez” (en ausencia de cualquier tipo de intervención espuria o interesada).
Cuando un gobernante, el más autoritario o el más liberal, pretendiera controlar el precio de algún bien o servicio, el mercado se encargará, en algún momento, de fijar la cantidad disponible.
Podrá un artesano, que ofrece su obra en la vía pública, ser obligado a vender la totalidad de su producción, pero nunca podrán obligarlo a producir nuevas obras que su libre talento genere.
Del mismo modo, pretender controlar el valor del billete dólar, limitando la cantidad a adquirir en el mercado oficial regulado, provocará un incremento de su precio en los ámbitos donde se lo pueda adquirir. Restringir por decreto la cantidad hace que el mercado ajuste por precio.
Fijar precios “cuidados” en bienes y servicios de alta demanda o esenciales provocará al mercado y el ajuste se hará por cantidades ofrecidas. Al comienzo, reduciendo su oferta de volumen y variedad y en el final, sobrevolando el desabastecimiento, será la escasez lo que predomine.
Decretar precios máximos a pagar por la energía eléctrica o el gas, que, en definitiva, es una potestad del gobernante, conducirá inevitablemente al faltante de estos insumos esenciales cuando la comunidad gobernada, más los precise. Se fija el precio, se ajusta por cantidad. La consecuencia no deseada será compensar la demanda insatisfecha con la importación del insumo a un precio mayor. La producción local disminuye su cantidad porque han sido fijados precios máximos que desalientan a los inversores privados. Huyen por falta de rentabilidad.
Asimetrías.
Toda decisión que se toma, desoyendo el principio económico enunciado al comienzo, provoca; por un lado, un descalabro en la balanza comercial externa del país, pues el estado debe destinar recursos para adquirir en el exterior los faltantes locales, que bien podrían haberse aplicados a otros fines; por el otro, suma una carga adicional al ya abultado déficit fiscal, de igual magnitud que el volumen de subsidios otorgados, precisamente por haber fijado el denominado “precio techo de desabastecimiento”.
En Argentina hemos usado y abusado de este inútil y perjudicial mecanismo de compensación. La bienintencionada pretensión de cuidar el bolsillo de los ciudadanos, sustentada en la multiplicidad de subsidios, creados para cada necesidad, sólo consigue licuar el poder adquisitivo real, al tener que pagar más caro extramuros, lo que debería poder obtenerse dentro a más bajo precio. En el largo plazo se perjudica al más desprotegido, ampliándose un poco más la brecha de desigualdad existente.
En este mismo sentido, pretender fijar precios máximos a bienes de consumo preferentes (carne, pan, leche, aceite, yerba, etc) induce a la desinversión de quienes los producen. Algunos reconvierten sus emprendimientos y mudan hacia rubros más simples de transaccionar y con mejores márgenes de rentabilidad; otros simplemente abandonan la actividad, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, deteriorando la calidad de vida de quienes dependían de ello. En este caso al fijar el precio, el mercado laboral ajusta por cantidad, limitando la oferta de puestos de trabajo primero y restringiendo la ocupación efectiva después, todo bajo el paraguas político de cuidar el bolsillo de los compatriotas.
De idéntica forma resulta perjudicial fijar precios máximos a servicios intangibles, declarados de interés público (telefonía celular, internet, tv paga, etc). Los clientes valoran más la buena y rápida conectividad, su estabilidad y velocidad para la transmisión de datos, así como la infraestructura y la experiencia amigable de y en los ámbitos que frecuentan. El mercado ajusta por cantidad toda vez que se pretende imponer un precio máximo. En definitiva, será el usuario quien termine perjudicado.
Innovación.
Según sea la calidad de la tecnología disponible se podrá acelerar el proceso de inclusión genuina de los menos favorecidos. La habitualidad en el uso de herramientas tales como Código QR, billetera electrónica, pagos “online”, banca virtual, etc; ofrecen la alternativa de restringir al mínimo el uso del dinero físico. Se reducen las posibilidades de empleo informal pero, sobre todo, el otorgamiento de dádivas, habituales en ámbitos oficiales, con el fin de obtener favores por parte de los inescrupulosos integrantes del gobierno de turno. Deberían, asimismo, minimizarse las ocasiones de robo callejero.
Impedidos del acceso a la tecnología (al fijarse el precio, se ajusta por cantidad), los más perjudicados serán, a no dudarlo, los que menos tienen. Manteniendo medidas de este tipo en el tiempo se amplía la brecha de desigualdad.
El valor de toda transformación estará dado por el coraje empleado para implementar ideas de cambio. Asumir con valentía el desafío de transformar la realidad imperante exige una visión de conjunto, animarse a diseñar y proponer una hoja de ruta y no sólo contar con un escueto listado de restricciones.
No deberíamos olvidar otro axioma elemental: “En Economía se puede decidir y hacer cualquier cosa menos dejar de pagar el costo de las consecuencias”.
Ineludiblemente, el mercado ajustará por Precio o por Cantidad.
