Por políticas para seguir produciendo en 2019

Por Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA)

Llega el fin de año y es tiempo de balances. Desde lo productivo, 2018 fue muy complejo: al inicio, la Pampa Húmeda venía de dos años de inundaciones y el último también de sequía, con algunos rebrotes de humedad al final de aquélla, que hizo que los pocos quintales que había se brotaran en los campos, complicando así los rindes. Por otro lado, en las economías regionales hubo bastante buena producción, pero con muy malos precios, por lo que se produjo un desfinanciamiento.

Esto, sumado a la falta de competitividad por el precio del dólar, hizo que no se pudiera exportar como se debía y hubo una suerte de inundación de productos de otros países que compitieron con lo que producíamos nosotros. Eso deterioró a las economías regionales, pero también a la actividad lechera y porcina. Luego, a mediados de año, nos encontramos con una paridad que cambió un poco la situación y generó competitividad, pero llegó cuando los productores ya habíamos malvendido.

A esto hay que agregarle que hubo un incremento muy grande de los costos de producción, que hizo que toda la expectativa quedase puesta en que esa competitividad se mantenga; es decir que no se diluya con la escalada inflacionaria, así como también que la campaña que saldrá en los primeros meses de 2019 sea buena, se pueda aprovechar la competitividad para insertar esa producción en todos los bienes exportables y los productores puedan tener la posibilidad de un resarcimiento.

En paralelo, hay que mencionar que, a lo largo del año, las fuentes de financiamiento resultaron totalmente inaccesibles para los productores más chicos, producto de una tasa de interés muy alta. También sucedió que, cuando el Estado hizo algún esfuerzo para mejorar esta situación, subsidió algún punto en las tasas, que llegó a quienes son sujetos de crédito; esto significa que no hubo ningún tipo de ayuda para los que no lo son, que son en general los que más la necesitan, por estar peor. Por esta situación, los productores debieron vender los bienes que tuviesen disponibles, para conseguir liquidez, lo que los convirtió muchas veces en rehenes de algún abuso en la cadena. Esto sucedió con el ganado, la ciruela deshidratada, los vinos, el trigo y está pasando también con el girasol que, si bien tienen indicativos de precios, suele pasar que se cobren menos de lo que corresponde, para poder hacer frente a las reinversiones necesarias para insertarse en las nuevas producciones.

En este sentido también podríamos mencionar el caso de quienes producen productos perecederos, como la leche, las frutas o verduras. En estos casos, los compradores tienen una posición ventajosa, puesto que conocen la necesidad de los productores de vender esos bienes, para que no pierdan su frescura. Así, los fuerzan a vender por debajo de los costos. A esto hay que agregarle la retracción del consumo por la pérdida de poder adquisitivo, que hizo que los precios fuesen más bajos que los del año pasado en muchos casos y los costos en todos los casos superaron ampliamente a la inflación.

Desde lo político, si bien nuestra gestión comenzó a fines de septiembre, durante el año el Gobierno estuvo abocado a la inserción internacional y a la apertura de mercados, que han tenido algunos efectos. Sin embargo, para los productores más chicos siguió habiendo muchas dificultades.

En diversas reuniones los funcionarios reiteran que esperan que el sector pueda generar el 60% de los ingresos del país, pero para que eso suceda deben generarse las condiciones adecuadas, a través de políticas dispuestas por el Poder Ejecutivo y por el Congreso de la Nación.

Por un lado, como dijimos hace unos días, los productores necesitamos un seguro multirriesgo, que nos permita tener mayor previsibilidad económica, para garantizar nuestra permanencia en el circuito productivo, lo cual redundará en mayores inversiones y más creación y mantenimiento de empleos. Por otro, hay que generar herramientas de financiamiento adecuadas para el sector productivo; revisar las cadenas para lograr una equidad en la renta, garantizando la posibilidad de rentabilidad del sector productivo.

En todos los casos, la interacción entre ambos poderes del Estado es fundamental, y nos preocupa que, tras un 2018 en el que el Congreso de la Nación ha tenido una labor bastante deslucida en la generación de leyes y políticas para el sector, esta situación se profundice en un año electoral, con un nutrido calendario de elecciones de los distintos niveles. Los productores seguimos pidiendo políticas públicas específicas y adecuadas que puedan dar respuesta a nuestras necesidades; también un Estado virtuoso, capaz de equilibrar las inequidades del mercado, en especial para los actores más pequeños: tanto los productores como los consumidores.

Es clave que los actores de la política comprendan que no alcanza con slogans o fotos de campaña. Hay que generar las condiciones para poder producir, en un contexto desfavorable en el que seguimos cobrando precios similares a los del año pasado, pero afrontamos costos de insumos dolarizados un 100% más altos, con casi un 40% de inflación.

En materia de semillas, hay que seguir trabajando para desterrar a Bolsatech y a los contratos privados, avanzando en el acceso a la tecnología. Desde FAA realizaremos el 10 de enero un foro para debatir acerca del dictamen al que llegaron los diputados (que aún no se trató en el recinto), para lograr que se mantengan los principios que desde la entidad consideramos indeclinables, como son el uso propio gratuito, que la tecnología se pague en bolsa y que se dé la posibilidad de desarrollo a los semilleros.

Como hemos dicho, valoramos que este año se hayan logrado algunos avances en este sentido, pero los tiempos de la política no deben ir en contra de los consensos necesarios para lograr dar un paso superador en este tema.

Además, la situación del cambio climático ha venido para quedarse, mientras mantenemos a nivel nacional un sistema de emergencia que está obsoleto. El país demanda mayor productividad, lo cual es imposible sin contar con garantías y financiamiento. Para conseguirlas, necesitamos la labor conjunta y coordinada del Ejecutivo y el Congreso, comprometidos para brindarnos estas herramientas que son fundamentales para que produzcamos los alimentos que demandan nuestro país y el mundo. Ojalá puedan hacerlo, para poder cumplir también con los ODS al 2030.

De nuestro lado, y como desde 1912, sigue firme nuestro compromiso de producir para garantizar el arraigo, la soberanía alimentaria, la producción familiar sostenible y la permanencia de los jóvenes en el ambiente rural. Queremos ser el motor de la economía nacional, sólo necesitamos que el Estado nos provea las herramientas adecuadas. Así, podremos hacerlo.