Por Sergio Dellepiane – Docente //
Cuando la dirigencia empoderada manifiesta abiertamente su predilección por la política distributiva, siempre lo hace desde la declamación grandilocuente de aquellos que saben, a conciencia, que repartirán lo que no es suyo.
Intentar hacerlo con seriedad y responsabilidad implica desplegar un complejo proceso decisorio que incluye un análisis racional respecto a la conjunción armónica de los extremos que involucra. En uno de ellos anida la recaudación tributaria y su instrumento, los impuestos. En el otro se enquista el gasto público permanentemente creciente desde el retorno a la democracia.
Los datos crudos y duros de las estadísticas oficiales manifiestan una verdad irrefrenable desde hace más de 70 años; en Argentina lo recaudado en cada período fiscal no alcanza para cubrir los gastos que se realizan, muchas veces sin las previsiones necesarias. Según quien opine, la explicación oscila entre dos versiones contrapuestas; se gasta demasiado (y mal) o se recauda poco (y mal).
Con relación a los Impuestos se conoce que gravan tanto a los flujos como a los stocks, es decir, a lo que gano, a lo que hago con mi dinero y a lo que poseo. Tributar, tributo siempre; al generar ingresos (no interesa si al final tengo beneficios netos), al gastarlos y al ahorrar indistintamente.
Programas.
En cuanto a la distribución de lo obtenido, la mayoría de los países desarrollados llevan adelante programas sociales destinados a personas con ingresos mínimos o directamente nulos y los financian con una parte de lo recaudado, pero con impuestos que no recaen sobre aquellos a quienes pretenden ayudar. De cualquier otro modo no se contribuye a la declamada búsqueda de mejora en la distribución de los ingresos nacionales.
Habitualmente se gravan las ganancias reales obtenidas y no el consumo. Aquí sobresale la primera distorsión local. Al IVA nuestro de cada día, que se aplica a todos los bienes de uso y consumo, lo pagamos de un modo u otro, todos los ciudadanos. Lo padecen los menos favorecidos pues la mayor parte de sus ingresos lo ocupan en adquirir este tipo de productos, de necesidad y urgencia.
En un segundo escalón tributario, las naciones que consiguen eficazmente un mejor reparto de los ingresos se apoyan en los impuestos a los patrimonios, incluyendo básicamente los que gravan las propiedades, los activos y el patrimonio neto real verificable al final de cada período fiscal. En nuestro suelo predomina un voraz apetito recaudatorio llegando a existir la doble y hasta la triple imposición, debido a la intervención “independiente” de cada jurisdicción (nacional, provincial y municipal) sobre el mismo objeto pasible de ser gravado (Vgr. Bienes personales, Impuesto Inmobiliario y Tasa General Inmobiliaria).
Sin embargo, una de las mayores filtraciones que detenta nuestro sistema federal de ingresos públicos radica en la gran cantidad de excepciones que habilita. A mayor cantidad de obligaciones imponibles (más de 170 en la actualidad) se otorgan más dispensas que, en algunas situaciones, alcanzan el grado de prerrogativas y/o privilegios. En definitiva, no se cobra todo y a todos, lo que la legislación vigente indica que corresponde.
La lógica marca el camino. Conviene eliminar una amplia gama de excepciones pues permitiría incrementar la base contributiva, reducir alícuotas y mejorar la progresividad.
Presión fiscal.
El principal problema tributario nacional es la elevada evasión, seguida de una extendida elusión (vericuetos legales, regímenes de excepción, agujeritos de colador en la legislación vigente)
Uno los ejemplos más significativos y perjudiciales para el bien común, originado en las excepciones señaladas precedentemente, se relaciona con el IVA (21%) que debe pagar quien compra cualquier bien ensamblado y/o fabricado en la Provincia de Tierra del Fuego. Dicho importe es declarado en la factura y retenido por el fabricante o ensamblador, pero no entregado al sistema tributario nacional, en razón de una de las tantas excepciones vigentes. Se denomina “Liberación del IVA”. Lo facturan, pero se lo guardan. Es un régimen de la época de la dictadura. Se introdujo en 1972 y se encuentra aún vivito y coleando. Lo peor de todo y más injusto es que, cada vez que se puede, lo amplían y extienden. Representa algo así como U$S 2.000 millones anuales, entre un 0,4 y un 0,6% del PBI nacional.
Para colmo de males, como la “producción” de esta provincia está exenta, ninguna empresa radicada allí paga el impuesto a las ganancias. El fisco recauda un poco (bastante) menos.
No he tenido acceso a ningún análisis serio y profundo de la relación costo/beneficio sobre esta medida temporariamente permanente que cumple 50 años en poco tiempo.
Para muestra de nuestro delirio, dos botones.
En mi opinión, la única alternativa válida sigue siendo reformar el sistema tributario en su conjunto. Conformar uno que, además de progresivo, amplíe la base imponible, evalúe los ingresos reales, les cobre a todos lo que corresponde y elimine las excepciones.
La igualdad ante la ley; por sobre todo y todos.
“Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un balde, tratando de levantarse tirando de su manija” – W. Churchill
