Por Sergio Dellepiane – Docente ///
Los precios de los combustibles y de los servicios públicos en general han tenido, a lo largo de la historia argentina, un rol destacado dentro de la política económica nacional.
Siempre formaron parte del cuerpo central de medidas que cada gobierno, a su turno, decidió implementar, con el objetivo de controlar la inflación y mejorar la distribución del ingreso, al menos desde 1945 hasta el presente. Políticas públicas, de diferente signo ideológico, con resultados a la vista.
Más de una vez, durante estos casi 80 años, el deterioro tarifario real llevó, dadas sus consecuencias, a la reversión de las medidas implementadas debido al impacto que las mismas produjeron en las cuentas fiscales y en los incentivos tanto para productores cuanto para consumidores, ocasionando las consabidas restricciones a la oferta y dando origen a ciclos tarifarios reales con cimas y valles muy pronunciados. La escasez, a través de cortes programados y no tanto, siempre estuvo agazapada a la vuelta de la esquina.
La cuestión a resolver no es sencilla en razón de que las empresas de servicios públicos deben considerarse como de multi – producto pues, por un lado, producen bienes finales para las economías domésticas: energía eléctrica y gas residencial y; por el otro, brindan bienes intermedios para las empresas: energía eléctrica y gas para consumidores industriales, comerciales y del sector servicios. En ambos casos debemos incluir tanto el transporte de pasajeros como el de cargas.
Relaciones.
Lo que ha quedado claro desde el principio, es que la evolución de los precios (tarifas) de los servicios esenciales mantienen una directa correlación con los subsidios concedidos por el estado en cada etapa del proceso, los que le han ocasionado numerosos impactos bajo la línea de flotación a las cuentas públicas. Léase déficit fiscal creciente. Imparable y de consecuencias impredecibles.
El deterioro tarifario que tal condescendencia lleva implícito, revela la dificultad para resolver el dilema, en virtud de las inevitables tensiones que se generan debido a la “irreversibilidad de las políticas públicas” (Lo provisorio/temporario deviene en permanente).
Sin embargo, desde el análisis estrictamente económico, lo único que hace es revelar la mala calidad de las decisiones gubernamentales en cuanto al diseño e implementación de las políticas públicas sobre el sector energético en particular y en el de los combustibles en general.
Precios y tarifas han sido utilizados como instrumentos de política económica con fines de estabilización macroeconómica, distribución del ingreso y aliento al crecimiento y desarrollo vía el estímulo al consumo privado y mejora de los costos empresariales. Pero el uso y/o abuso intensivo de tales herramientas ha conducido al estado nacional a una situación previsible y de altísimo costo: deterioro real de tarifas, elevada incidencia en el presupuesto oficial anual vía déficit creciente de las empresas públicas, o vía subsidios para las privadas; pero, sobre todo, de dudosa e inverificable obtención de los objetivos perseguidos con su implementación.
Circuito.
Uno de los factores que incide negativamente en los resultados obtenidos es el control de precios que ejerce el estado, impidiendo o retrasando más de la cuenta las actualizaciones requeridas, que vuelven imposible el mantenimiento ordenado y adecuado de la ecuación que inescindiblemente conforman extracción/generación, distribución y uso/consumo. El retraso, en cambio, sólo consigue una brusca disminución de los precios relativos del sector con relación al conjunto de la economía nacional. El desacople verificado, a largo plazo, siempre resulta perjudicial para todos los involucrados. Así, los precios regulados oficialmente siempre estarán a la zaga de los incrementos verificados por el índice general de precios.
El deterioro tarifario conduce a un bajo equilibrio en cuanto a la posibilidad de mantener la cantidad y la calidad de la prestación y nunca, hasta ahora, han mostrado capacidad de recuperación suficiente.
La demagogia política explica en buena medida las distorsiones históricas, hoy más vigentes que nunca, entre realidad y deseos o expectativas.
En mi opinión es la ignorancia de las mayorías lo que nos hace exacerbar los ánimos y resistir los ajustes y/o tarifazos que cada tanto se tornan ineludibles, pues se olvida convenientemente o no se comprende acabadamente uno de los primeros principios filosóficos; aquel que sostiene que “de la nada, nada sale”.
Combustibles y energía exigen materia prima, insumos, instrumentos, equipamiento, tecnología y mano de obra, es decir, tienen un costo asociado. O lo paga el usuario/consumidor de modo directo o lo paga el estado (es decir, nosotros) de forma indirecta vía impuestos o emisión monetaria (inflación) o deuda interna y externa (más inflación). En el peor de los casos, como en nuestro presente, afrontamos su costo a través de un combo que incluye todas las opciones detalladas precedentemente.
Por uno u otro lado siempre seremos los mismos quienes debemos hacernos cargo de aquello que demandamos, consumimos y/o usamos. Es la disyuntiva irreductible entre derecho y obligación. Todos recibimos, algunos menos pagamos y muy pocos pagan su precio real.
Definición.
El camino para resolver la cuestión de fondo se nos aparece de una sola mano y dirección unívoca: sincerar costos, reducir el gasto ineficiente y cuidar el consumo.
Combustibles y energía son bienes económicos escasos y, por lo mismo, valiosos. Sus precios deben reflejarlo adecuadamente. Cualquier otra cosa que se pretenda intentar nos conducirá al colapso.
Llevamos casi ocho décadas viviendo en la ficción de los “subsidios estatales” generalizados. Es tiempo de retornar a la realidad. Y de hacernos cargo del desvarío subyacente.
Explicar para entender. Comprender para cuidar. Pagar lo que vale para consumir responsablemente.
“La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria” – Voltaire
