Entre Ríos se perfila para implementar este año el etiquetado de viviendas

Mariela Gallicchio, presidenta de la Fundación Erasus, explica cómo se aplicará en la provincia y qué impacto tendrá en el consumo energético. Según cuestiona, el proyecto –que falta aprobar en Diputados–, no define los incentivos. Nahuel Amore

El proyecto de etiquetado de viviendas buscará este año convertirse en ley en Entre Ríos. La iniciativa cuenta con media sanción en el Senado y resta su aprobación definitiva en Diputados. La certificación, que va de la A a la G y no será obligatoria para las casas ya construidas, será un primer paso para avanzar hacia una mayor eficiencia energética de los inmuebles en procesos de construcción y aquellos que opten por realizar mejoras.

Mariela Gallicchio, titular de la Fundación Erasus –organización que promueve la sanción de la ley a través del estudio y la participación de sus profesionales–, dialogó con DOS FLORINES y se mostró confiada en que este año podrá comenzar a implementarse. “Sabemos que tienen el proyecto pero todavía no nos han convocado. Suponemos que será durante los primeros meses de este año su tratamiento”, expresó, quien también es formadora del programa nacional de etiquetado.

“El proyecto propone establecer el etiquetado de viviendas, que en una analogía es similar al etiquetado de electrodomésticos. Es una herramienta que brinda a los usuarios información fácil de interpretar y muy completa, para comparar viviendas y elegir la que gasta menos energía”, sintetizó Gallicchio, quien dio cuenta de los estudios comparados que han presentado de otras provincias y países donde ya se aplica.

Fundamentalmente, la iniciativa apunta a reducir el consumo de energía en los hogares. En el mediano plazo, la intención es que sea un dato clave a la hora de alquilar o comprar una casa, por la reducción de los costos energéticos y el cuidado del ambiente. Asimismo, resaltó que la etiqueta es una invitación a realizar mejoras. En otras palabras, impulsaría a que los ciudadanos realicen reformas que permitan mejorar la eficiencia energética.

Cabe aclarar que el programa nacional de etiquetado depende del Ministerio de Economía. Este área de gobierno establece los parámetros a nivel nacional, proporciona la formación y el aplicativo para el cálculo.

Certificado

Desde Erasus destacan que la ley es fundamental para comenzar con esta política en Entre Ríos. Para ello, en la provincia trabajarán cinco etiquetadores capacitados que podrán extender los certificados, de los cuales tres son profesionales que conforman la Fundación. No obstante, aclaran, sería conveniente formar más certificadores, al igual que los profesionales de incumbencia pueden formarse sin ser certificadores para poder conocer la etiquetas que tendrá su proyecto.

“La etiqueta se genera con un relevamiento de la casa. Se puede ir hasta el lugar o alcanza con la documentación de los planos. Esa información se carga en un aplicativo elaborado por la Secretaría de Energía de la Nación que otorga un resultado que es la etiqueta. A partir de ahí, el etiquetador tiene que hacer una sugerencia para una mejora de la vivienda”, explicó.

Consultada por el tipo de mejoras, indicó que primero las sugerencias apuntan a los “pasivos”, que refiere a muros, techos y ventanas. Luego se apunta hacia los “activos”, es decir, los equipos de ambientación, como puede ser reemplazar las estufas eléctricas por calefacción a gas. En tercer lugar, se recomiendan las energías limpias, como por ejemplo, utilizar un calefón termosolar o invertir en paneles fotovoltaicos.

Incentivos

El artículo 20° de la ley aprobada en el Senado establece que “los inmuebles que cuenten con la Etiqueta de Eficiencia Energética vigente, son objeto de una bonificación en el impuesto inmobiliario urbano o rural anual según corresponda” y que “el Poder Ejecutivo determinará los alcances de la bonificación”.

Sin embargo, Gallicchio advirtió que el incentivo no está planteado ni definido en el anexo a la norma. “En Santa Fe si uno llega con su certificado a una clase A, la Provincia otorga un descuento del 30% sobre el impuesto inmobiliario por 10 años”, comparó.

“Además de todo lo que la gente pueda tener como buenas intenciones, si no hay un incentivo con lo costoso que es el equipamiento o realizar mejoras en la casa, no alcanza. Son gastos muy importantes, hay un esfuerzo y es necesario otorgar un incentivo. El Estado debería brindar un beneficio a través del impuesto inmobiliario”, opinó la arquitecta.

De todas maneras, destacó que el etiquetado permitirá a los usuarios notar una disminución inmediata de los consumos a partir de dos ítems clave. “El etiquetado apunta a evaluar el agua caliente sanitaria, calefacción en invierno, refrigeración en verano e iluminación. Este último punto va cayendo y creo que va a desaparecer porque los valores con el led pasaron a ser insignificantes. Los consumos se concentran en la calefacción y refrigeración”, señaló.

Mercado inmobiliario

Gallicchio se explayó sobre la importancia que adquiere esta herramienta para el futuro del mercado inmobiliario. “La etiqueta no es obligatoria pero sí en la escritura traslativa del dominio se tiene que incorporar el certificado. Si el comprador no está interesado en el certificado por lo que sea, no se hace la etiqueta y se asume que es la clase más baja y se etiqueta G. Eso le quita valor inmobiliario, sobre todo cuando esté vigente”, planteó.

Desde esta perspectiva, consideró que los inmuebles con mejor eficiencia energética tendrán otro valor en el mercado, tanto por los materiales utilizados como por el ahorro que significará en el funcionamiento diario. “Te permite obtener un panorama de los gastos que tendrás en verano y en invierno”, acotó.

Respecto de la imposición que podría significar para el mercado y sus actores, hizo hincapié en que “no va a ser obligatorio ya se considera una herramienta y no una traba”. “La gente lo va a empezar a hacer, como sucede en Santa Fe, porque no es un trámite costoso y sirve mucho para el usuario final poder comparar”, sostuvo.

Roles

El proyecto contempla la creación de la Comisión de Etiquetado de Eficiencia Energética de Inmuebles Destinados a Vivienda con carácter de órgano asesor consultivo de la Secretaría de Energía de Entre Ríos. Allí se colaborará en diseñar y elaborar los procedimientos y las herramientas de cálculo que utilizarán los certificadores habilitados. Esto, incluso, implicará la formación de profesionales.

Por otro lado, destacó que una vez aprobada la ley, servirá también a la Nación la elaboración de estadísticas y previsiones para “saber cuánta energía va a necesitar en los próximos 10 años”. A partir de estos datos, además, resaltó que permitirá elaborar políticas para reducir el consumo en los hogares y reconducirlo hacia otros sectores demandantes.

Asimismo, destacó el rol de las municipalidades o comunas que deberán adherir a la normativa. “El municipio puede poner restricciones o valores admisibles para construir. Eso ya lo hizo muy bien la provincia de Santa Fe y, en particular, el municipio de Rosario”, consideró.

Viviendas sociales

El proyecto de ley introduce un artículo que interpela, sin mencionarlo, al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) por ser constructor de viviendas sociales. “El Estado Provincial implementará estándares mínimos de eficiencia energética en todos los planes de vivienda que sean desarrollados con presupuesto propio”, indica el punto 16.

En esa línea también define que “el Poder Ejecutivo fijará dichos estándares mínimos de manera gradual y progresiva comprometiéndose a lograr como mínimo la clase de eficiencia energética C para todas las viviendas que sean ejecutadas a partir del año 2025”.

Sobre este aspecto, la profesional indicó que desde Fundación Erasus ya hicieron estudios de los prototipos de casas y realizaron las sugerencias a la Cámara de la Construcción. “Es muy importante porque las viviendas de interés sociales se dan en zonas de la ciudad que no tienen todos los servicios y la ausencia de gas natural es realmente un problema”, planteó, y dejó en evidencia la importancia del Estado para generar las condiciones necesarias para que los usuarios puedan mejorar la eficiencia energética.

Prueba piloto

Dentro del abanico de instancias, destacó que independientemente de que la ley se avance, resulta imperioso hacer una prueba piloto a modo de diagnóstico. A partir de la muestra de entre 150 y 200 viviendas, aconsejan hacer el relevamiento para obtener el nivel medio de consumo en la ciudad.

“Nos sirve para saber cómo estamos parados”, expresó, y diferenció el consumo que puede tener un inmueble en Paraná respecto de Bariloche o incluso dentro de la misma provincia. “Se deben contemplar las particularidades climáticas, las prácticas de construcciones, entre otros elementos, para poder determinar la escala”, agregó.

A partir de este dato, Gallicchio aportó que sería valioso “que el municipio utilice el instrumento para planificar, estableciendo estándares mínimos y aceptables”.