En medio de internas cruzadas entre la conducción y la seccional Paraná, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos endureció su postura y solicitó al STJ volver a trabajar presencial. Además, reclamó ante la Secretaría de Trabajo por el paro de empleados judiciales. Dos Florines
Los abogados van tomando temperatura a medida que pasan los días y el servicio de Justicia en la provincia sigue interrumpido, no sólo por las restricciones sanitarias por el Covid-19, sino también por la medida de fuerza de los trabajadores judiciales. A ello se suma, incluso, las tensiones lógicas ante el cruce entre agrupaciones que disputarán las elecciones en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER).
Ante esta situación, desde la entidad solicitaron al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que vuelva la presencialidad en los juzgados. Mediante una nota, pidieron “que los tribunales entrerrianos vuelvan a funcionar con normalidad y que se encuentre una solución real al problema suscitado por el paro de los empleados judiciales”. En la formalidad, el pedido es “que no se continúe con la forma de prestación del Servicio de Justicia conforme el Acuerdo Especial de fecha 21.05.21”.
Cabe señalar que en el fondo de la cuestión está la llave de la solución de manos del Gobierno de Gustavo Bordet. El principal reclamo de los judiciales apunta a la necesaria recomposición salarial ante el proceso inflacionario. Pero además, exigen terminar con la Ley de Emergencia, la que no sólo que les congeló los sueldos -los ‘desenganchó’ de los aumentos de la Corte-, sino que dispuso recortes “solidarios” para generar recursos ante la pandemia. Según Página Política, se baraja la posibilidad de no extender esta norma.
Del mismo modo, las decisiones del Ejecutivo provincial en torno a las restricciones por el Covid-19 para la semana que viene son claves en este escenario. Como ocurrió toda vez que Bordet dispuso el trabajo virtual de los empleados estatales, el STJ hizo lo suyo con el servicio de justicia al disponer guardias mínimas. En caso de comenzar con un regreso paulatino a la presencialidad, se esperaría una misma decisión en los tribunales.
Planteo al STJ
“El pedido se fundamenta en la flexibilización de las medidas generales de restricción en cuanto a la circulación y trabajo en el ámbito productivo, económico y de servicio respetando todos los protocolos que la situación sanitaria amerita, habiendo los abogados/as respetado en todas sus formas, contando con protocolos propios aprobado por el COES Provincial y en cada una de las jurisdicciones de los departamentos judiciales”, manifestaron desde CAER.
Desde el CAER remarcaron que “a los fines de garantizar el servicio de justicia amparado por el art. 65 de la Constitución Provincial, es necesario la activación de la presencialidad, préstamos de expedientes, restablecimiento de audiencias, retiro de oficios, firma de poderes, producción de prueba, tener continua y efectiva capacidad de respuesta del servicio de justicia lo que implica un pleno ejercicio profesional de la abogacía y satisfacción de las necesidades de toda la comunidad”.
Además resaltaron que “la medida de fuerza tomada por AJER, agrava la prestación del servicio de justicia en la provincia”, lo que llevó al Colegio de la Abogacía a convocar un mesa de diálogo, cursando invitación de todas las partes. En dicho encuentro participaron además de este Colegio, la Secretaria de Justicia de la Provincia, AJER y Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, comprometiéndose las partes comprometido a brindar el servicio de justicia con celeridad, pero resultando necesario para ello que el Poder Judicial como autoridad del Gobierno, dé una pronta solución a los reclamos de los empleados judiciales y magistrados de la Provincia”.
“El Colegio entiende que el ejercicio del derecho de huelga es el ejercicio de una libertad pública fundamental, como lo es el de brindar la tutela judicial efectiva de los derechos a los ciudadanos, también garantizada no solo en la Constitución Nacional, sino también en la Provincial. Por tanto y frente a esta situación que compromete y afecta diversos derechos, se hace necesario profundizar e intensificar todas las instancias de diálogo y negociación que fueren necesarias para arribar a una solución”, finaliza el escrito.
Reclamo en la Secretaría de Trabajo
Por otra parte, el presidente del CAER, Alejandro Canavesio y el secretario de la institución, Carlos Pacher, fueron recibidos por el secretario Provincial del Trabajo Angel Zacarías y por el director del organismo Pablo Pagnone, a quienes se les planteó la preocupación por el conflicto que existe entre los trabajadores judiciales. Allí le expresaron que “afectan la tutela judicial continua y efectiva de los derechos de todos los ciudadanos, que garantiza el art. 65 de la Constitución Provincial”.
Asimismo, desde el Colegio expresaron que entienden que el ejercicio del derecho de huelga es el ejercicio de una libertad pública fundamental, también garantizada en la Constitución que es el modo que la representación trabajadora de reclamar legítimos derechos. “Por tanto y frente a esta situación que compromete y afecta diversos derechos, las autoridades manifestaron que ante el pedido de quienes están legitimados, STJER y/o AJER, ofrece una instancia de diálogo y conciliación en el ámbito de la cartera a su cargo”, indicaron.
Desde esta perspectiva, argumentaron que “el deber del Estado, promover la conciliación y el arbitraje como medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo al art. 37 de la Carta Interamericana de Garantías Sociales, y la Secretaría de trabajo un ámbito insoslayable”.
Interna política
Canavesio y el resto de los integrantes de la Comisión recogieron el guante ante la nota enviada por las seccionales Paraná, Concordia y Gualeguaychú, quienes le solicitaron endurecer la postura ante el conflicto. Por esto, salieron a responder mediante un comunicado.
“El Consejo Directivo del CAER reitera y reafirma todas las acciones realizadas en pos de rechazar la medida gremial por parte de los empleados judiciales nucleados en AJER y agotar las acciones en pos de acercar las partes en conflicto para encontrar una solución al tema”, manifestaron.
Además, agregan: “Como entidad gremial que nuclea a los matriculados entrerrianos, parte activa del servicio de justicia, hemos peticionado y actuado para garantizar el servicio de justicia y el pleno ejercicio profesional de la abogacía entrerriana en un conflicto en el que la solución no está a nuestro alcance”.
En esa línea, les contestaron: “Por respeto a lo que representa para la abogacía que trabaja el pleno funcionamiento del servicio de justicia, tema de la mayor relevancia institucional, el mismo debería quedar al margen de la “agresiva dialéctica electoralista” utilizada por algunos candidatos”.
A partir de este planteo, finalmente, señalaron que el rechazo a “las campañas electorales negativas, con agresiones y falsedades que solo deterioran el sistema democrático del Colegio, desmovilizan y desmotivan la participación en los próximos comicios”.
