El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos cuestionó las modificaciones introducidas a la ley que votó el Senado y que tratará Diputados de la Nación. Dos Florines
Para este martes, el orden del día de la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados de la Nación incluye el proyecto que modifica la Ley de alquileres. Frente a ello, desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos anticiparon que “esta medida tendrá un impacto negativo”.
“Seguimos creyendo que lo mejor es dejar la libre contratación entre las partes”, enfatizaron, y advirtieron que “de ninguna forma traerá alivio a este escenario incierto”. Cabe recordar que el 23 de agosto, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que reduce el plazo de los contratos de 3 a 2 años y establece que la actualización de los montos sea cada cuatro meses en base a un índice pactado entre las partes.
Ese proyecto no fue acompañado por el Senado nacional que, en la sesión realizada el 28 de septiembre aprobó otro articulado que mantiene el plazo de los contratos en 3 años y establece que la actualización de los montos sea cada 6 meses en base al índice de actualización el coeficiente Casa Propia, que elabora el Ministerio de Hábitat. En consecuencia, la Cámara de Diputados tendrá nuevamente la iniciativa para su tratamiento.
Frente ello, desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, como todas las organizaciones que representan a los corredores inmobiliarios matriculados, fue crítico de la legislación vigente desde el mismo momento de su aprobación en los años 2019/2020, e incluso antes de que se sancionara. “Advertimos los perjuicios que ocasionaría y que, lamentablemente, la realidad de los últimos tres años confirmó“, recordaron.
“Fuimos coherentes, mantuvimos la posición, pero al mismo tiempo debemos destacar la actitud que asumimos, haciendo llegar nuestros cuestionamientos siempre, con la intención de que esta realidad se modificara. Por eso nos sentamos tantas veces como fuimos convocados, a trasmitir el conocimiento y la experiencia del sector, con el ánimo de que quienes habían generado el problema pudieran revertirlo”, plantearon.
Además, manifestaron que “está claro que se trata de una problemática de largo plazo para la que en los últimos meses, en un escenario electoral se buscan soluciones de urgencia, que no hacen más que generar una contracción en el corto plazo y un desestímulo a la construcción de unidades nuevas en el mediano y largo plazo, lo que agravará en un futuro la situación”.
Impacto negativo
La entidad presidida por Paula Armándola subrayó además: “Pensamos que esta medida tendrá un impacto negativo y confirmará la falta de planificación de políticas de Estado en lo que respecta a viviendas habitacionales”.
“Lo mejor es tomar el debate con seriedad y responsabilidad. El intercambio con los legisladores muchas veces evidenció el poco conocimiento y la falta de interés por escuchar a quienes sí tenemos conocimiento específico y experiencia”, argumentaron.
Asimismo, insistieron: “Seguimos creyendo que lo mejor es dejar la libre contratación entre las partes. Es erróneo sostener que el inquilino es la parte más débil; en ocasiones el que se siente indefenso frente al inquilino es el propietario”.
“Hacemos pública una vez más nuestra posición, advertimos que lo que puede llegar a aprobarse de ninguna forma traerá alivio a este escenario incierto. Quizá sería conveniente esperar hasta que el panorama se aquiete, y responsablemente tomar el análisis de esta problemática para efectivamente encontrar una alternativa que aporte certidumbre para todas las partes”, sugirieron.
Finalmente, concluyen: “Porque lo consideramos importante y oportuno, volvemos a pronunciarnos en esta instancia, desde una perspectiva propia, ajena a posicionamientos que puedan alentar la estrategia de una u otra fuerza política”.
