En mayo de 2006, durante la realización en Mar del Plata de los congresos A Todo Trigo y Agrotendencias, organizados por la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Granos, los principales actores de la cadena agrícola argentina se enteraban de la determinación del Gobierno nacional, encabezado por Néstor Kirchner, de cerrar las exportaciones de trigo con el objetivo, argumentaba el oficialismo, de evitar el incremento de los precios de la harina y el pan en el mercado interno.
En aquel momento, ante la presión gubernamental, hubo acuerdo y los exportadores autolimitaron sus ventas al exterior. La decisión de intervenir en los mercados, sin embargo, ya estaba adoptada y desde ese año hasta hoy se transformó en política de Estado.
Roque Tropini, el presidente del Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, había dicho en aquella oportunidad que una medida de ese tipo lo espantaba, y Atilio Benedetti, por entonces vocal de esa entidad, advertía que sería un golpe mortal a la pretensión de dar sustentabilidad al sistema. “Realmente cuesta mucho incorporar el trigo dentro de la rotación, porque es un cultivo de un margen de ganancia muy estrecho”, analizaba Benedetti, y “si ahora entramos en lo que yo denomino el manoseo del mercado, el productor, además de tener el riesgo climático, tendrá el riesgo gobierno. Entonces, no sabrá en definitiva a qué atenerse y, en consecuencia, quizá lo elimine de la rotación. Es para estar muy preocupados y apenados”, remarcaba el hoy diputado nacional.
Como las de ellos, cientos y cientos de voces se levantaron desde entonces para alertar que la intervención en los mercados iba a producir un efecto contrario al buscado, lo que finalmente sucedió
Hoy, a siete años de aquella primera intervención, las advertencias son una cruel realidad: el productor cada vez se siembra menos trigo y el precio del pan está por las nubes.
En Entre Ríos, en la campaña 2006/07, se implantaron 285.740 hectáreas y se produjeron 782.960 toneladas de trigo y en el ciclo 2012/13 se sembraron 163.700 hectáreas y se recolectaron 298.950 toneladas. Y este año, con unas 200.000 hectáreas implantadas, se producirían, en el mejor de los casos entre 440.000 y 460.000 toneladas. Los números son contundentes.
A nivel nacional la realidad es similar. El año pasado, por ejemplo, el país tuvo la más baja producción de trigo en más de cien años.
En esta campaña, seguramente, la producción será un poco mayor en el país y en la provincia, pero igualmente estará muy lejos del potencial triguero de la Argentina.
El productor, con la exportación abierta a cuentagotas –y, las más de las veces, cuando ya vendió su producción–, enormes trabas a la comercialización y una presión fiscal creciente, no tiene incentivos para sembrar más. Algunos lo hacen por razones agronómicas –la necesidad de incorporar una gramínea en la rotación– y otros para tener algún dinero a fin de año y poder afrontar obligaciones financieras. También están –y cada vez son más– los que directamente van a la soja de primera, el único cultivo que les garantiza rentabilidad.
Si no hay cambios en las políticas, evidentemente, esta realidad se profundizará y la producción será menor.
En las últimas semanas, además, recobraron fuerza los rumores de que la Argentina está importando trigo de Uruguay, un hecho verdaderamente insólito que, de confirmarse, demostraría el absoluto fracaso de la política agrícola del oficialismo. Las versiones indican que los camiones con trigo ingresan por los puentes fronterizos a Entre Ríos y siguen viaje hasta la provincia de Buenos Aires.
Estos rumores, está claro, difícilmente sean confirmados por el Gobierno –sería admitir el fracaso y, se sabe, la autocrítica no es una cualidad del kirchnerismo–, pero no pocas fuentes aseguran que esas importaciones son un hecho.
A propósito de rumores, entre los productores agropecuarios circula la versión de que en 2014 el Impuesto Inmobiliario Rural vendrá con un fuerte incremento, y algunos aseguran que esa suba se ubicaría en torno al 70%. “Nos va a salir caro el sueño entrerriano”, ironizó un chacarero, en alusión al deseo del gobernador Sergio Urribarri de suceder a la presidente Cristina Kirchner en 2015 y el descomunal despliegue propagandístico que realiza la Casa Gris con ese objetivo.
La pregunta central, más allá de las chicanas, es si el sector agropecuario puede afrontar un nuevo aumento en la presión fiscal cuando la rentabilidad es ajustadísima, producto de costos en alza –consecuencia directa de la inflación–, precios internacionales estabilizados y presión fiscal asfixiante, en una provincia cuyo déficit ascenderá el año próximo a unos 1.500 millones de pesos.
Todo indica que se viene un 2014 muy difícil, para todos y todas.
