El ministro macrista se comprometió a una rápida homologación a nivel nacional una vez que la provincia declare la emergencia agropecuaria. Danilo Lima
Las lluvias no llegan –al menos en el volumen necesario – y la preocupación de los productores ante las ya seguras millonarias pérdidas crece día a día. Por eso, la expectativa está puesta en la declaración de la emergencia agropecuaria y ese fue uno de los temas centrales que los dirigentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos analizaron con el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, durante la visita que el funcionario macrista realizó a Paraná la última semana.
La sequía es el problema más urgente que exige soluciones de inmediato, pero hay otros no menos importantes –y polémicos–como el de la nueva ley de semillas que probablemente trate el Congreso de la Nación. También se habló de caminos, desburocratización de organismos públicos y normativas sobre uso de agroquímicos.
Elvio Guía, el director del Consejo Delegado Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), le contó a DOS FLORINES que “ya es hora” de que el Gobierno provincial declare la emergencia agropecuaria, y contó que Etchevehere se comprometió a una rápida homologación a nivel nacional. El ministro también les dijo que su cartera dispuso articular ante organismos como la AFIP y el Banco Nación para atender los casos enmarcados en la medida.
El problema, al menos por estas horas, es que en el Gobierno provincial no están dispuestos a dar ese paso. La razón de fondo, obviamente, es económica: la declaración de la emergencia agropecuaria supone la postergación de los pagos del Impuesto Inmobiliario Rural por seis meses, lo que significa que el Estado dejaría de cobrar una cifra significativa por ese lapso. Cuando finalmente lo haga, el monto que recaudará se reducirá tanto como haya sido la inflación de ese semestre. La seca impacta en los bolsillos de los productores, pero golpea igualmente en las arcas estatales, bastante secas también.
Si la Administración Bordet no declarara la emergencia, o la demorara más de lo que la paciencia de los productores está dispuesta a esperar, “lamentablemente entraríamos en un conflicto”, advirtió Guía. “Una cosa son los caprichos y otra cosa es la realidad: basta con recorrer cualquier campo para ver la magnitud de la sequía. La cosecha gruesa será mala y en las zonas citrícolas las quintas están muy afectadas”, describió el dirigente.
Tal vez, concedió el federado, haya algunas zonas en las que la situación “no sea tan grave y la declaración no deba ser del 100% de los departamentos, pero hay una gran parte que ya se ha perdido la soja de segunda”.
“El productor está enojado, no le pide plata al Gobierno sino que sólo le reclama la declaración de la emergencia para que se posterguen los pagos del Inmobiliario Rural en la provincia y a nivel nacional se puedan hacer gestiones con la AFIP y el Banco Nación”, remarcó.
Más allá de la declaración de la emergencia, Guía contó que durante el encuentro con Etchevehere le plantearon la necesidad de “mejorar” esta herramienta porque en la actualidad “muchas veces no es una solución concreta” y “empezar a avanzar en un seguro de mitigación de riesgos”.
Ley de Semillas.
La otra cuestión central abordada en la reunión con el ministro de Agroindustria fue la Ley de Semillas, un tema especialmente sensible para los pequeños y medianos productores enrolados en la FAA.
Guía, en este sentido, señaló que le plantearon a Etchevehere “este problema con mucha preocupación y ahora la pelota está en la cancha del Gobierno, es el que debe dar el próximo paso”.
“Se está hablando de uso propio no oneroso, en el caso de la soja, con variedades desde 2012 hacia atrás sobre las que el productor no va a pagar ningún tipo de regalía ni canon”, explicó, pero enfatizó que “a nosotros no nos convence del todo porque es una solución a medias. Desde Federación Agraria hablamos de uso propio no oneroso para que el productor de hasta cierta cantidad de hectáreas pueda acceder a esa tecnología y multiplicar”.
La Federación Agraria Argentina, es sabido, ratifica la plena vigencia de la Ley de Semillas 20.247, la del acuerdo UPOV 78, el carácter de orden público de lo dispuesto en ese régimen legal y la función indelegable del Estado en materia de protección de los derechos de la cadena de la semillas, tanto sea la propiedad intelectual de los obtentores como los derechos de los investigadores y de los agricultores a hacer uso propio.
