El objetico es expresar el malestar ante la demora del Gobierno provincial en emitir el nuevo decreto sobre pulverizaciones. No habrá corte de ruta, aclararon. Danilo Lima
Productores agropecuarios decidieron movilizarse hasta Paraná el próximo miércoles 10 de julio y concentrarse, a partir de las 9.30, en el acceso al túnel subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis para expresar su malestar ante la demora del Gobierno provincial en emitir el prometido nuevo decreto sobre pulverizaciones. No habrá corte de ruta, se remarcó.
La propuesta surgió luego de una asamblea realizada la noche del lunes en Crespo, de la que participaron numerosos chacareros molestos por la imposibilidad de producir ante la prohibición judicial de aplicar productos fitosanitarios en cercanías de las escuelas rurales.
Durante el encuentro, una vez más y como suele suceder en este tipo de asambleas, se volvieron a escuchar testimonios de pequeños productores muy angustiados por la medida que “nos impide trabajar”.
“Haremos una campaña de concientización. Los ambientalistas están comunicando erróneamente a la sociedad y nosotros tenemos que ir a aclararle a la gente que los productos (fitosanotario) que se usan, están todos autorizados por los organismos competentes y que no hacen daño a la salud” expresó dijo Fabio Schneider, productor de Colonia Merou, en declaraciones que publica El Observador de Crespo.
A los chacareros les preocupa sobremanera la demora de la administración del gobernador Gustavo Bordet en oficializar el decreto a través del cual el Ejecutivo –y, obviamente, los productores– espera superar las observaciones que la Justicia hizo del decreto 4.407/18 al ratificar el fallo que mantiene la prohibición de las aplicaciones de fitosanitarios a 3.000 y 1.000 metros de escuelas rurales según sean aéreas o terrestres.
Según pudo saber DOS FLORINES, el nuevo decreto aún está en borrador y todo concentrado en las manos del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, para muchos el hombre clave para superar esta larga y complicadísima disputa. El decreto, bien lo saben funcionarios y productores, debe ser el paso previo que destrabe la situación actual porque la solución sólo vendrá de la mano de una ley que acerque las posiciones de las partes en pugna. Se trata de una tarea, claro, nada sencilla.
