Baja de impuestos, impulso a las inversiones, creación de empleo privado, mejora de los caminos rurales, infraestructura para el desarrollo, desburocratizar el Estado, son algunas de las demandas para el gobernador electo de Entre Ríos. Nahuel Amore
El sector privado de Entre Ríos se viene preparando para cuatro años bajo una nueva administración provincial, esta vez encabezada por Rogelio Frigerio, quien interrumpió dos décadas de gestiones peronistas. Fundamentalmente han sido las entidades empresarias y rurales las que acercaron propuestas en la previa de las elecciones y, a partir del 10 de diciembre, intentarán empezar a jugar sus cartas para dar viabilidad cuanto antes a los ítems que plasmaron en los papeles. Algunos reclamos coinciden, mientras que otros se circunscriben a temas sectoriales.
Los aires que llegan parecieran ser otros para los hombres y mujeres de negocios, muchos de los cuales -en off de récord- se manifiestan más afines con la coalición ganadora y esperan mucho más a su favor. De hecho, el gobernador electo puso la lupa durante su campaña en sus reclamos recurrentes: la necesidad de dinamizar a las empresas, atraer inversiones, bajar la carga impositiva, mejorar la competitividad y crear trabajo privado, a partir de diferentes políticas públicas que reviertan el mote de ser “la hermana pobre de la Región Centro”.
“Necesitamos un diálogo y consenso con todos los sectores de la producción, tanto el comercio, como la industria, el campo, las economías regionales y el resto de las actividades. Tienen que incentivar la producción y las inversiones, tratando de ser tan o más competitivos que nuestras provincias vecinas”, manifestó a DOS FLORINES Héctor Fratoni, quien mejor sintetizó el espíritu empresario de lo que piensan sobre esta nueva gestión.
Entre Ríos tiene un variopinto de empresarios y cada sector hace sopesar sus demandas, a su modo y con su gente. De todas maneras, los une el reclamo por reducir impuestos y tasas, generar promociones e incentivos, realizar obras de infraestructura trascendentales, morigerar los costos energéticos, mejorar el acceso al financiamiento, agilizar trámites, entre otras medidas que pueden apalancarse desde la Casa Gris y que le reclamaron a Gustavo Bordet durante los últimos ocho años, algunos con más suerte que otros.
No obstante, también saben que hay condiciones macroeconómicas que exceden a la provincia y serán diferentes en el futuro si gana este domingo Javier Milei o Sergio Massa. “La formación de economista de Frigerio y conocer cómo potenciar la producción es ideal para este momento de la provincia. Sin embargo, mis expectativas sobre su gestión están sujetas sobre lo que suceda a nivel nacional. No creo que las provincias podamos manejarnos independientemente si el contexto nacional no mejora”, planteó, a su turno, Mario Domínguez, titular del laboratorio paranaense DominguezLab.
Por cierto, los puntos que aquí se enumeran lejos están de ser una síntesis del abanico de tareas que deberá encarar el electo primer mandatario provincial y su equipo. Se trata de una aproximación a los principales requerimientos que los privados esperan poder “articular”, cuyas especificidades técnicas varían de acuerdo a las diversas actividades económicas que conforman estas tierras. El orden de prioridades dará pistas luego de qué sector tiene mayor poder de lobby, en el buen sentido de la palabra que refiere a la defensa de los intereses sectoriales legítimos.
Impuestos e incentivos
El pedido de incentivos es un reclamo constante al Gobierno provincial, sobre todo de las cadenas que agregan valor como los encadenamientos industriales. Por ejemplo, sobre este punto, la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) viene poniendo el foco en el impulso de programas de promoción industrial y, de hecho, queda pendiente la puesta en práctica de la Ley aprobada y reglamentada durante el último tramo de la gestión de Bordet, que tuvo al ministro de Economía Hugo Ballay como principal interlocutor.
El planteo de los industriales de potenciar las inversiones también va de la mano con una armonización tributaria, que sea competitiva como Santa Fe y Córdoba, lo cual es compartido por otros sectores. “Necesitamos impulsar las inversiones, sobre todo con la baja de algunos gravámenes de impuestos. Hay gente que estuvo por invertir y se fue. Hay que crear exenciones por un tiempo determinado para incentivar la creación de empleo privado”, enfatizó sobre este punto el expresidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER).
Asimismo, en términos tributarios, el titular de Automotores Mega también recordó que resulta clave bajar el Impuesto Automotor “para que no se vayan a otras provincias del país a patentar, lo que también les preocupa luego cómo ir a buscarlos”. En esa línea, alertó que “Sellos e Ingresos Brutos también castigan”. “Hay sectores que les reacomodaron, pero hay otros que los castiga mal. Además pedimos una fiscalización, para que no sea lo mismo estar o no dentro de la ley, que sea una competencia leal y motivadora para invertir”, reflexionó.
Desde la misma tónica, Gastón Grand, empresario que integra la Mesa de Cadena de Valor de la Construcción, dijo a DOS FLORINES que desde este espacio habían presentado una serie de propuestas, pensadas para “dar impulso a las obras privadas”. Allí solicitan incentivos a la inversión, desde aspectos fiscales, acceso al crédito, instrumentos de garantía para mejorar el financiamiento, de compre provincial, con agilización de trámites, además de promoción del empleo formal, especialmente el joven y con perspectiva de género.
Grand también precisó que dentro del documento presentado a los candidatos hicieron hincapié en equilibrar la alícuota de Ingresos Brutos de la construcción -hoy del 2,5%- con la que tributa la industria manufacturera -del 1,5%-. También hay un punto especial por el ítem de energía en las obras civiles, con especial atención en la injerencia de Enersa en cuanto a valores y costos, de potencia, de infraestructura eléctrica, de registro y factibilidad, entre otros puntos.
El Estado
El pedido de los empresarios a Frigerio también atañe el manejo de la cosa pública para “eliminar trabas” a quienes producen y generan empleo. El “modo Bordet” era algo cuestionado entre propios y extraños. Esto implica, en primer lugar, aceitar los engranajes para facilitar y acelerar trámites, expedientes, certificaciones y otros requerimientos que los privados necesitan del Estado para producir y comercializar.
“Que desburocratice la administración pública, incorporando tecnología de modo de modernizar al Estado”, resumió a este cronista Antonio Bouzada, quien con su impronta también sugirió que los empleados públicos que no tienen tareas asignadas vayan a sus casas. “Aunque se les pague el sueldo por hacer nada, el Estado va a gastar menos”, disparó.
Asimismo, un ejemplo aportado por Grand bien podría tomarse para otros sectores que deben golpear la puerta en organismos públicos. El desarrollador inmobiliario solicitó precisamente agilizar los trámites y procesos en la Dirección de Catastro Provincial, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección de Personería Jurídica.
De todas maneras, los privados ya no miran sólo eso y van más allá. “Que establezca claramente en qué Estado económico, administrativo y político va a recibir la provincia, ya que la gente debe saber exactamente desde qué base debe empezar a gobernar. Además, que haga un análisis profundo para desterrar las mafias de un partido hegemónico que ha gobernado a su antojo la provincia”, agregó, fiel a su estilo, el socio titular de Eriochem.
Por otra parte, Fratoni alertó por otra problemática que el centro de estudios del CEER viene analizando: “La Caja de Jubilaciones es un agujero donde en algún momento nos vamos a caer todos, porque es inviable y no se va a poder jubilar nadie. Con el proyecto de vida de hoy, jubilarse a esa edad es un despropósito. Hay que terminar con los privilegios del Estado”, afirmó.
Campo y economías regionales
Las diferentes entidades del campo, sobre todo las de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, también le presentaron a Frigerio, cuando era candidato, una serie de propuestas, que en mayoría tienen puntos en común. Del abanico de reclamos, quizá el más saliente es el mantenimiento, consolidación y recuperación de la red de caminos rurales, para lo cual se prevé que la nueva gestión cree un ente especializado, que estaría a cargo de un conocido hombre del sector.
En relación a ello, Bouzada -que también participa junto a su hijo de la producción porcina- no escatimó en poner el dedo en la llaga del organismo más cuestionado: Vialidad Provincial. “Que el gobernador arbitre los medios para desvincular a los empleados de Vialidad del mantenimiento de los caminos rurales, estableciendo una gestión público- privada”, sugirió, a tono con las propuestas que en la provincia están más cerca de la conformación de consorcios o figuras similares.
Por otro lado, las entidades rurales también exigen un programa integral de conectividad rural; buena señal de la red de telefonía móvil; políticas de electrificación rural para garantizar el abastecimiento y eliminación de todo componente impositivo; políticas de riego; un plan estratégico de puertos multimodales; recuperación y reactivación del ferrocarril para cargas y pasajeros; políticas de cooperativismo y de financiamiento sobre todo para pequeños y medianos productores; una reducción de la carga impositiva, entre otros.
Por su puesto, claro está, el reclamo de las retenciones es una constante del campo contra el Gobierno nacional y ello dependerá de Massa o Milei. No obstante, quienes dialogaron con DOS FLORINES pidieron que la gobernación sea un intermediario para gestionar esa baja de los derechos de exportación.
Las economías regionales tampoco pasan por alto el cambio político y tienen en mano la carpeta con sus problemáticas. La citricultura, el arrocero, la avicultura, la lechería, la cadena porcina, la ganadería, la miel, la foresto industria, el sector arandanero, entre muchos otros nichos de agregado de valor, piden ser escuchados. Independientemente de sus particularidades, los une la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad sistémica, desde la energía, la logística, la promoción del empleo, etcétera.
Energía, educación y conocimiento
El tema energético es un reclamo histórico en Entre Ríos, siendo que la provincia es generadora a través de Salto Grande. El quid de la cuestión, advierten, es la morigeración de costos a través de Enersa, sobre todo para los sectores que son dependientes, a instancias de una brecha con otras provincias que desalienta inversiones. “Que llegue a todas las zonas productivas y que bajen los valores, para que no sea un castigo producir”, advirtió el empresario automotriz sobre este punto. Por cierto, en este ítem también permanece el pedido por mejores políticas para impulsar las energías renovables.
Asimismo, la vinculación con la educación sale a la luz por parte de los empresarios, sobre todo si el desafío es crear empleo en todos los rincones y para todos los encadenamientos productivos y de servicios. De hecho, el grupo “Entre Ríos 2050” lo planteó públicamente desde su conformación y hasta en la entidad fabril hay un espacio específico para promover alianzas estratégicas con escuelas técnicas, la ciencia y la tecnología.
Al respecto, Bouzada, pidió algo básico: “Que priorice la educación, exigiendo a los docentes un mínimo de 180 días de clases”. En tanto, Fratoni sumó “que los perfiles salgan para la inserción laboral, que haya gente capacitada”. “No podemos empezar a capacitar de cero a los jóvenes”, lamentó. Sobre este aspecto, se impone como desafío la industria 4.0 a través de la transformación digital y la inteligencia artificial como procesos para el desarrollo y la innovación de las empresas a la vanguardia con los cambios globales.
En relación a este último aspecto, Domínguez planteó “que las empresas de base tecnológica puedan acceder realmente a la Ley de Economía del Conocimiento y no suceda como hoy que está la ley y nadie puede aplicar por todas las barreras que ha puesto la gestión actual”.
De la misma manera, el titular de DominguezLab sugirió al gobernador electo que “podría potenciar al sector modernizando al Ministerio de Salud para que vea que hay cuestiones que no sólo son asistenciales sino de carácter productivas; que pueden generar beneficios económicos y, a su vez, de salud pública para la provincia”.
Finalmente, Grand apuntó algunos problemas específicos a solucionar para el asociativismo y cooperativismo. “Lo han venido gravando con Ingresos Brutos, elevando la alícuota histórica que era cero a hoy que está en 5% y, para quienes tienen ayuda económica de crédito, la están asemejando a bancos, siendo que las cooperativas no están obligados a depositar el dinero, además de que deben cargar con los costos bancarios”, puntualizó, y se quejó: “No hay una política clara de promoción de ahorro local”.
Sin dudas, el próximo mandatario que se sentará en el Sillón de Urquiza desde el 10 de diciembre deberá atender un sinfín de demandas del sector privado, algunas que se acarrean de vieja data, otras que son coyunturales y también las que se presentan como desafíos de los nuevos tiempos. La economía provincial, al igual que la nacional, permanece estancada hace más de 10 años, por lo que el tablero de luces será determinante para que Frigerio defina prioridades frente a recursos tan finitos. Recién al final del recorrido se sabrá quiénes ganaron la pulseada. Por ahora, vuelta de página.
