La UIA manifestó su preocupación respecto del proyecto que modifica plazos de prescripción de créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral, que cuenta con dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social.
El dictamen reemplaza el plazo de dos años para la prescripción de todos los créditos de origen laboral aumentando los plazos, distinguiendo tres años para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás. Para la UIA, la extensión de los plazos de prescripción resulta “desacertada” no solo porque “perjudica la previsibilidad de las relaciones del trabajo”, sino porque “impacta directamente en los incentivos para la inversión y la generación de empleo”, en particular en un “contexto signado por la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país”.
Según expresó la UIA, la iniciativa “carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo”. Además, la entidad lamentó que “durante el trabajo de la comisión, el sector empleador no fue convocado en ninguna instancia”.
Plazos.
Para los industriales, “en la actualidad los plazos en la práctica ya son mayores a los establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo en varias jurisdicciones, habida cuenta de las suspensiones o interrupciones dispuestas”, como los seis meses de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, añadió, la extensión del plazo de prescripción a cinco años “impactará negativamente en los balances de las empresa, que deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas a los eventuales reclamos laborales del personal”.
Asimismo, recordó que la Corte Suprema entendió que “la prescripción es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos”. Al comparar el plazo bianual del fuero del trabajo con el plazo decenal de la ley civil, la entidad consideró que si “se entendió razonable el plazo de dos años, mucho más debería serlo ahora”, al verse reducido a la mitad, pasando de 10 a 5 años en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
