Vicentín profundo

Por Matías Dassetto, director de Cedma (Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico)

A partir de la intervención y posible futura expropiación de la empresa Vicentín se generó un debate de amplias dimensiones, cuyos tópicos de discusión parecen entremezclar argumentos e interrogantes inconexos, sin que el debate pueda encauzarse en condiciones “claras”. Entiendo que el mayor problema es la complejidad que envuelven sus múltiples aristas de discusión, y la controversialidad de las mismas. Sin pretender el consenso (no idealizo que pueda lograrse), y sin dar por verdades la exposición algunos argumentos, creo menester, a fin de organizar el debate y las ideas, desplegar una especie de guía que le otorgue mayor precisión a los interrogantes y sus posibles respuestas, siguiendo la premisa de que sólo las respuestas correctas se logran accediendo a las preguntas correctas.

Podríamos dividir la problemática en cuatro grandes aristas, dentro de las cuales se envuelven la controversia legal, la discusión de las razones, la contextualizad, y la cuestión ideológico-política.

La primera arista se refiere a la legalidad del proceso. El debate ronda aquí en si la decisión de intervenir y expropiar está revestida de legalidad, o puede ser factible de judicialización en un futuro.

A prima facie, pareciera que la intervención revela cierta complejidad para encontrar sustento legal –y con altas probabilidades de ser inconstitucional– en la medida de que existe una intromisión por decreto en un concurso de acreedores, interfiriendo en las competencias del Poder Judicial. La expropiación, por su parte, se erige como la vía natural para este tipo de proezas, sin que despierte celos legales. Este proceso implicaría fundamentar la utilidad pública de la empresa Vicentín, la cual más que fundamentos jurídicos, supondría un consenso político en el Congreso. A modo de nota al pie: es común que en nuestro país las cuestiones legales sean degradadas a simples cuestiones de forma. Téngase en cuenta que la ilegalidad o irregularidad de los procesos suele costar muy caro para el Estado –dícese los ciudadanos– ya sea en los tribunales extranjeros o nacionales.

La segunda arista envuelve la discusión de las razones, es decir, el para qué. Sin duda son variados los justificativos de llevar adelante la intervención/expropiación. Sin embargo, desde la perspectiva de esta editorial, las razones más sólidas y convenientes para el Gobierno lejos están de la “soberanía alimentaria” o “las empresas testigos”, a pesar de que son los recursos más utilizados.

La edificación de un modelo productivo implica la penetración en sectores estratégicos. Vicentín puede ser, sin duda, un lugar estratégico para proyectos de agregación de valor, o la fuerza exportadora para la agregación de otros productos a las redes de exportación, que sin ser los más rentables, son relevantes, por ejemplo, para el desarrollo de economías regionales. A esto se le suma lo trascendental de bloquear la extranjerización y monopolización del sector exportador de granos y oleaginosas, y la oportunidad de captación de dólares tan necesitados por nuestro país.

En esta segunda arista se entretejen, a su vez, los argumentos de asegurar los puestos de trabajo, el pago de las acreencias de los productores, y el cobro de los financiamientos otorgados por la banca pública. Si bien estos tres objetivos son válidos, también es cierto que pueden ser resueltos a través de otros mecanismos que no implique la expropiación de la empresa.

Una última cuestión merece recalco: la soberanía alimentaria implica la producción de bienes alimenticios que son consumidos en nuestro país, sin depender de insumos y capital extranjero, ni atado a precios internacionales. Vicentín no produce alimentos consumidos en nuestro país, y la independencia de nuestra producción implica la transformación de nuestra matriz productiva y la desdolarización de nuestra economía, para que los costos de producción estén atados a una moneda nacional fortalecida. La expropiación no resuelve estos déficits.

Una tercera arista del debate es la contextual. Más precisamente, y suponiendo la absoluta legalidad del proceso, y siendo las razones sólidas y suficientes, estamos obligados a preguntarnos: ¿Es el momento indicado para que en la agenda del Estado se incluya la expropiación de una empresa que acarrea con un pasivo de 1.300 millones de dólares? El contexto es el siguiente: un Estado equilibrando para no llegar a una crisis sanitaria, quebrada en términos fiscales, con altos niveles de endeudamiento en moneda extranjera, en medio de un proceso de negociación para evitar el default, y el constante achicamiento de las reservas. Sin mencionar que el horizonte económico-social augura caídas económicas anuales del 7% o más, cierre de empresas, aumento del desempleo, crecimiento de la pobreza e inflación elevada. Tanto defensores como detractores no pueden obviar el análisis contextual.

En una cuarta y última arista se desglosan los mayores grados de controversialidad: la cuestión ideológico-política. La intervención/expropiación de Vicentín, envuelve una práctica que tiene un basamento ideológico tan legítimo como las contrapuestas posturas críticas a la misma. La controversia se dirime dentro de los términos del siguiente interrogante: ¿cuál es el límite irrenunciable que debe dividir y separar lo público de lo privado? Un interrogante que no tiene respuesta, pero sí determina posicionamientos ideológicos y políticos.

La pregunta que se hacen hoy todos los analistas políticos de cuánto hay del “albertismo” y del “kirchnerismo” dentro de caso Vicentín, conecta directamente con la ansiedad de develar el posicionamiento ideológico de la agenda del Gobierno dentro de la gran controversia que plantean los límites de lo público y lo privado.

El caso Vicentín se resolverá de una manera u otra, y existirán posturas críticas, beneplácitos, o intermedios. Más allá, de los resultados, cada controversia que revolotea en nuestro país nos ofrece una nueva oportunidad de debatir fuera de los márgenes de la polarización. Pero para esto, las reflexiones deben implicar en principio preguntas y no respuestas automáticas del manual político.

De lo contrario seguiremos alimentando el debate poco profundo y polarizado. Esta editorial ofrece ciertas aristas, algunos interrogantes, y algunas reflexiones para el debate. No son las únicas y pueden no ser las correctas. Pero si siembra la duda estaremos en el camino correcto.