Vicentín acusó al Presidente de poner “en jaque la confiabilidad” en las instituciones
15/06/2020
Calificó la intervención de “injusta, arbitraria e ilegal”, y pidió que recapacite para “restablecer el Estado de Derecho”. Dos Florines
A casi una semana de que el presidente Alberto Fernández anunciara su decisión de intervenir y solicitar la intervención de Vicentín SAIC, la familia y los accionistas de la empresa, a través de un comunicado, salieron públicamente a exponer sus puntos de vista sobre el caso, y, por cierto, lo hicieron con furibundas críticas a la Casa Rosada. Se trata de la primera denuncia pública de la compañía tras el encuentro que su CEO, Sergio Nardelli, mantuvo con Fernández.
Tras recordar que Vicentín SAIC es una empresa argentina, familiar, del interior del país, nacida hace 90 años, a más de 800 kilómetros de la Capital Federal, en el norte de Santa Fe, en la localidad de Avellaneda, los firmantes del texto sostienen que fueron sorprendidos por la decisión del presidente Fernández, a la que calificaron de “injusta, arbitraria e ilegal”
Se trata de “una decisión que avasalla y atenta contra los derechos de la propiedad privada y le niega a una empresa argentina de larga y destacada trayectoria, el derecho a resolver su situación financiera en el marco que la ley prevé para dicho fin que es en el ámbito concursal”, se lee en el comunicado titulado Vicentín SAIC a la Opinión Pública.
La determinación del Gobierno, explican, “inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado y deja como única opción, la estatización de la empresa, manifestando el propio Presidente que esa es la única posibilidad”.
La familia y accionistas de Vicentín SAIC, firmantes del comunicado, acusan a Fernández porque la intervención y el proyecto de expropiación “viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática”.
Expresan, sobre el final del texto, que “confiamos en que las autoridades competentes recapaciten o intervengan oportunamente para restablecer el Estado de Derecho y garantizar a quienes hemos invertido por décadas en nuestro país, que estamos amparados por sus leyes y no expuestos a decisiones arbitrarias carentes de fundamentos y de legalidad”.