Un silencio que extraña y aturde

Entidades de base de la Federación Agraria salieron a cuestionar la falta de definiciones de la conducción nacional respecto del proyecto que busca introducir cambios a la Ley de Semillas. Danilo Lima

Entidades de base de la Federación Agraria Argentina (FAA), entre ellas varias filiales de Entre Ríos, salieron a cuestionar la falta de pronunciamiento de la conducción nacional que encabezan el mendocino Carlos Achetoni y el entrerriano Elvio Guía, presidente y vice, respectivamente, sobre el proyecto que busca introducir cambios a la Ley de Semillas N° 20.247.

Las bases federadas, en las últimas horas, expresaron su preocupación “ante el silencio de la conducción nacional” de la entidad en relación al tratamiento del proyecto. Cuestionan, igualmente, a las otras tres entidades que conforman la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

“Extraña y aturde el silencio de las entidades de la Mesa de Enlace quienes no se han expresado públicamente al respecto”, dicen las bases de la FAA.

Ante esta situación, los federados ratificaron por lo tanto los siguientes principios históricos de la entidad:

• Uso propio: se ratifica la posición de la FAA en relación al sostenimiento del uso propio gratuito, tal como lo expresan la Ley 20.247 y el estatuto de la entidad. “El uso propio oneroso es una licencia encubierta de multiplicación que atenta contra la calidad de la semilla y la fiscalización del Estado”, enfatizan.
• Orden público: los preceptos de la ley, subrayan, tienen que ser inderogables para las partes. La disparidad de los actores del sector hace indispensable contar con una ley que equilibre y provea trato justo. “La omisión del orden público dará continuidad a las licencias leoninas y a la sustitución del Estado en el control del comercio de semillas y granos”, advierten.
• Agotamiento de la patente: los resultados de la evolución de la naturaleza no pueden patentarse, son patrimonio de la humanidad, expresan las bases federadas. No obstante, añaden, “el patentamiento de procesos en semillas existe, los derechos pretendidos sobre éstos deben agotarse al momento de la inscripción o de la compra de la semilla. Todo derecho de patente incluida en un bien se agota al momento de la primera compra”.
• Modificación de la Ley 20.247: la ley argentina es una norma que ha acompañado el proceso de incremento de la producción de los últimos 40 años. “Contempla los derechos tanto de los productores como de mejoradores”, sostienen los federados, y señalan que “el resultado de la ausencia de control del Estado ha sido la puerta de entrada para plantear un nuevo estatus en semillas que elimine esos derechos, condicione el comercio de granos y ponga en riesgo la soberanía alimentaria”.
• Convenios internacionales: las bases de la FAA sostienen la permanencia de la República Argentina en el marco del convenio de UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) 78, ratificado por ley, para el sistema vigente de derechos del obtentor, en el derecho al uso propio y en el derecho del fitomejorador.
• Negociaciones: las instancias de diálogo fuera del marco legislativo deben incluir a todos los sectores con intereses en el tema. “Los ‘consensos’ expuestos en los medios todo este tiempo han sido estrategias parciales que representan intereses concentrados y alejados de los derechos adquiridos de los pequeños y medianos productores”, aseguran las bases federadas.

Entre las entidades de base de la FAA que salieron a cuestionar a la conducción nacional de la entidad se encuentran la Filial Padre Luis Jeannot Sueyro (Mansilla), el Centro Juvenil Agrario Mansilla, Filial Villa Paranacito, Filial Gualeguay, Filial 25 de Mayo, Filial Piemonte, Filial Urdampilleta, Filial Córdoba, Filial Arteaga, Filial Colonia El Toro, Filial Presidente Roca, el Centro Juvenil Agrario San Roque de Presidente Roca, Filial Arequito, Filial El Colorado, Filial Carcarañá  y el Centro Juventud Agrario de Tandil, entre otras.

El tratamiento del proyecto oficial que introduce cambios en la Ley 20.247, finalmente, pasó para el 27 del corriente en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.