Sin avances en la factibilidad de obras en Paraná, se conformó la Mesa de la construcción

Según los principales actores siguen trabados más de 60 millones de dólares en obras privadas de parte de la Comuna y buscan fuerza en la sinergia. Gustavo Sánchez Romero

La conferencia de prensa convocada en el mediodía de este lunes en la delegación Paraná para presentar la Mesa de la Cadena de Valor Agregado de la Construcción comenzó con palabras de Miguel “Chiqui” Pérez, desarrollador y titular de la subcomisión de Obras Privadas de la Cámara de la Construcción en Entre Ríos mostrando los avatares y barreras de los más de 200 rubros que integran el sector.

Sin embargo, todo indicaba que la flecha lanzada tenía un objetivo claro: ganar visibilidad para presentar una más clara fortaleza ante la desidia de las distintas Comunas, especialmente Paraná.

Esta es una idea que los impulsores venían masticando hace algunos meses, especialmente en el último año de la gestión de Sergio Varisco y que profundizaron a mediados de 2020, cuando se conoció que la gestión de Adán Bahl aún no había logrado destrabar más de 160 permisos de obra privada por un valor de más de 60 millones de dólares por vericuetos burocráticos.

Finalmente la regurgitaron en una conferencia donde presentaron los distintos eslabones que participan y pusieron, blanco sobre negro, la necesidad de agilizar los procesos en una ciudad urgida de inversiones, fuentes de trabajo y tasas para recaudar.

La noticia la había dado a conocer DOS FLORINES el 20 de diciembre pasado cuando describió el reclamo empresario advirtiendo que por la dinámica operativa de la Comuna y la disposición y disponibilidad de recursos había 159 obras privadas que aún no habían logrado la factibilidad y que el tiempo promedio superaba largamente el año en el paso previo a presentar el proyecto definitivo.

Esto implicaba -según los números del sector por entonces- 100.000 metros cuadrados que se podrían construir en 2021 en la ciudad; el Estado municipal podría recaudar unos 16.200.000 pesos en los seis períodos fiscales en concepto de Tasa Inmobiliaria Urbana, y que la Comuna recibiera también unos 9.932.820 pesos por derechos de construcción a 11.522 pesos el metro cuadrado. “No se avanzó casi nada”, expresaron desde la flamante Mesa.

Más allá de eso, se prescribía que, según Ieric, en la ciudad hay unos 5.409 trabajadores de la construcción que viene con tendencia negativa que se verían sustancialmente recuperados para el sector de la construcción ya que una obra promedio de 3000 metros cuadrados ocupa unos 40 trabajadores en forma directa y con carácter de formalizado.

Apenas unos 100 días después, las cámaras empresarias, nucleamientos de profesionales y sectores comerciales -por ahora sin los sindicatos- conformaron un agrupamiento para asegurar que “no lograron hacerle ver al poder político que sus tiempos no son los que necesita la actividad privada”, y que “no han podido llegar con un mensaje claro para que adviertan la necesidad de revertir esta situación de dilación y atraso en el otorgamiento de permisos”. También reclamaron que el intendente Bahl se había comprometido a modificar los esquemas en la estructura para acelerar los tiempos pero que “nada de eso ha sucedido”.

Ejes.

La creación y constitución de esta mesa tiene como principal objetivo generar un espacio amplio y plural para poder buscar soluciones a los problemas que atraviesa la ciudad relacionada con nuestra actividad y a su vez se proponer, tanto al sector público como a los gobiernos locales, una serie de iniciativas que aumenten la dinámica de la construcción y faciliten su desarrollo”, expresó Pérez al inicio de su alocución.

El empresario estaba acompañado en la cabecera de la sala por María Paula Armándola, del Colegio de Corredores Inmobiliario, Mariana Caramella, del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, Enrique Gini de Aduver (Asociación de Desarrolladores Urbanos de Entre Ríos) y Rosario Moia, del Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia.

Ellos, según el documento que leyeron, representaron a unos 200 eslabones que incluye la cadena que incluyen a quienes extraen, clasifican y distribuyen materias primas, pero también a quienes elaboran insumos industriales, generan la logística, comercializan, trabajadores en todas sus dimensiones, herrerías, instalaciones eléctricas, carpintería y demás, como diseñadores, marketing, comunicación, realizadores digitales, personal jurídico y contable, entre muchos otros “que aportan años de trabajo acumulado para hacer mover un gran engranaje sostenido en el combustible financiero del ahorro entrerriano”, expresaron.

Es decir que la Mesa busca representar a una larga cadena que va desde los ladrilleros hasta los desarrolladores, pasando por un sinnúmero de actores que son parte. Ante la consulta sobre si los trabajadores (nucleados en la Uocra) suscribían el acuerdo, Pérez aseguró que “el próximo paso será convocarlos porque en los últimos cinco años se ha perdido la mitad del empleo de la construcción en la ciudad, ubicándose hoy en el orden de los cinco mil”.

“Hoy atravesamos una coyuntura en la que los bancos financian con los recursos de los ahorristas, principalmente, al sector público y de lo poco que quedaría disponible para el sector de nuestra cadena de valor se ofrece a altísimas tasas, altos costos administrativos y a cuentagotas”,  precisaron en el documento.

Demandas.

La flamante Mesa asegura que no se trata sólo del problema en Paraná, sino que lugares como Concordia y otros municipios tienen este problema, y que genera resistencia y retracción de la inversión privada que elige otras ciudades ante esta dificultad.

“Las insostenibles dilaciones para el tratamiento de las presentaciones en el Registro de la Propiedad Inmueble, Dirección de Personería Jurídica y Catastro de nuestra provincia no guardan ninguna relación con la presión fiscal de los diferentes tributos que gravan nuestra actividad productiva, pero además, denotan un absoluto desinterés por parte de funcionarios y empleados que están a cargo en relación con la generación de nuevos empleos o de acrecentar la actividad económica”, fustigó el documento firmado por las entidades.

Finalmente, en el intercambio con los periodistas, los actores no dudaron en mostrar su malestar pero aseguraron que son optimistas y que quieren formar un espacio amplio para que puedan trabajar “en forma positiva” con el sector público en función de los intereses de todos.

Sin embargo, el documento concluye con un mensaje críptico y demandante.

“Exigimos mejores servicios administrativos, mejor atención en general, una política de facilidades con disminución de la burocracia, cumplimiento de plazos por parte del Estado, y acciones de promoción para quienes generen empleo y agreguen valor invirtiendo sus propios recursos en nuestras ciudades. Algo que puede resultar básico para algunas jurisdicciones y que, sin embargo, puede resultar todo un cambio político y cultural en otras”.