Por Mg. Cr. Álvaro Gabás
A 30 días de la asunción de la Presidencia de Javier Milei, la prebenda institucional que se le otorga por el recambio político comienza a desfigurarse. Con alta legitimación comenzaron sus primeros pasos en la Casa Rosada, con mucha efervescencia electoral y poca sensibilidad social.
En su primera semana, se generó la primera turbulencia con una depreciación del tipo de cambio del 112%. En efecto, un traslado a precios de manera directa –dicho aumento, el del mes de diciembre, se conocerá esta semana–, de manera extraoficial rondaría el 30% de inflación mensual. Seguidamente, el presidente dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que poco tiene que ver con los preceptos que se prevén como instrumentos de excepción para legislar, y se acerca más a una usurpación de funciones legislativas, propias de este poder, vulnerando el principio republicano y la división de poderes. Desde el fondo del DNU, cabalmente exceden los principios de racionalidad, legalidad y supremacía de la Constitución Nacional. En consecuencia, ya se han planteado más siete amparos de Inconstitucionalidad del DNU.
El otro frente abierto es un proyecto de “Ley Ómnibus”, que ya fue remitida al Poder Legislativo para ser tratada. El objetivo del Poder Ejecutivo, es sancionarla sin modificaciones, sin deliberar, sin libertad para tratarla. Nuevamente, se busca quebrantar al poder legislativo.
Pareciera que el verano laxo, que se pretendía pasar, comienza a tomar temperatura.
Sin perjuicio de las consecuencias antes mencionadas, los daños socio-económicos por las medidas políticas tomadas, por ausencias de las mismas y por las expectativas, comienza a surcar un camino de depresión económica.
En solo treinta días (variables cuantitativas):
- El combustible aumentó más del 100%
- Depreciación del tipo del cambio del 112%
- El tipo de cambio informal se aleja del oficial.
- Inflación del mes de diciembre rondaría el 30%
- Caída del poder adquisitivo del 20%
- El sector industrial cayó 5% interanual
- Aumento (en ciernes) de los servicios públicos del 300%
