La cifra representa el efecto negativo en la economía real de la provincia, si se concreta el ajuste fiscal anunciado por la Nación hasta 2019. Nahuel Amore
La cifra representa el efecto negativo en la economía real de la provincia, si se concreta el ajuste fiscal anunciado por la Nación hasta 2019
Nahuel Amore | Dos Florines
El Gobierno nacional anunció un programa económico de ajuste fiscal, en sintonía con la vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un histórico préstamo por 50.000 millones de dólares. Para ello, la administración de Mauricio Macri apuntó a la inversión en capital como uno de los puntos a recortar, por lo cual se resentirá la obra pública proyectada con fondos federales en las provincias.
La Cámara Argentina de la Construcción cuestionó esta medida, que significará 30.000 millones de pesos para lo que resta de 2018 y otros 60.000 millones de pesos menos para 2019. Al respecto, la entidad conducida por Gustavo Weiss advirtió que recortar la obra pública en todo el país se sentirá en 430.000 puestos de trabajo que se pierden.
En esta misma línea, Iván Szczech, vicepresidente de la Delegación Entre Ríos de la entidad que nuclea al sector, manifestó su preocupación y alertó por las consecuencias en la provincia de esta política nacional, incluso “sin tener ningún tipo de acuerdo parlamentario”. “Esto va a impactar muchísimo en las pequeñas obras distribuidas en todo el país”, consideró.
En ese sentido, en diálogo exclusivo con DOS FLORINES, el empresario fue más allá y planteó un escenario con números sobre la mesa. Señaló que en un año y medio, significarán 10.000 millones de pesos que dejarán de circular en la economía entrerriana, si uno tiene en cuenta el efecto multiplicador que genera la obra pública.
“Lamentablemente, lo que no se dice es justamente que el movimiento económico que genera un peso invertido en obra pública, no tiene ningún tipo de comparación con un peso que no se gasta en cualquier otro gasto de presupuesto, sea subsidio o pago de sueldos”, manifestó.
Números
Al respecto, Szczech remarcó que por cada peso invertido en obra pública, el efecto multiplicador de dicha inversión en la economía real es de 2,41 veces. Por lo cual, si la Nación definió recortar desde junio de 2018 hasta fines de 2019 unos 90.000 millones de pesos en este concepto, significarán aproximadamente unos 220.000 millones de pesos menos que ya no circularán en la economía.
“Son 220.000 millones de pesos que se recortan en la economía de un país. Si a esto lo llevás a términos provinciales y le aplicás el 4 o 5% -correspondiente a la participación de Entre Ríos en el país-, vas a tener un número alrededor de 10.000 millones de pesos de efecto en la economía real”, explicó.
Incluso, a la hora de analizar por qué no es conveniente ajustar en este ítem, el empresario recordó que la obra pública “adicionalmente tiene un recupero fiscal de un 42 a 47 %, dependiendo de qué tipo de obra es, si es de infraestructura o vivienda, porque el IVA es menor en vivienda”.
En este sentido, detalló: “Si vos quitás un peso de inversión en capital, en realidad no estás quitando un peso, sino que estás quitando mucho menos. Si fuera un peso, repercutiría en un reingreso en las arcas del Estado del 42%, es decir, 0,42 pesos en el mínimo de los casos. En realidad, vos estás sacando 0,6 pesos y no un peso”.
Recorte en viviendas
Szczech reconoció que el ajuste ya se viene sintiendo en Entre Ríos. “Lo que está ocurriendo en muchas provincias es que básicamente se están poniendo al hombro los temas que antes tenía la Nación. Las provincias están tomando en sus manos responsabilidades que, más allá de si estaba bien o mal, años anteriores eran compartidas o asumidas al 100% a nivel nacional”, explicó.
Al respecto, apuntó a un tema clave: “Viviendas ya viene muy retrasado, con un presupuesto de viviendas sociales de 13.500 millones de pesos al año, lo cual estamos hablando de 13.500 casas. Según la coparticipación Fonavi para la provincia, estamos hablando de 500 viviendas al año para Entre Ríos. La verdad que es insuficiente”.
En relación a ello, indicó que tanto a nivel empresarial como gremial están preocupados por la finalización de obras y la falta de nuevos proyectos para sostener la mano de obra. Para ello, ejemplificó con el plan de viviendas gestionadas por Mutual Modelo, que ya se entregaron 500 casas entre San Benito y Colonia Avellaneda y están a la espera de entregar otras 300 en Paraná para el próximo mes.
En este sentido, alertó: “Significa que se terminaron esas fuentes de trabajo. Estamos hablando de 800 soluciones habitacionales para bien, pero son 800 puestos de trabajo que se pierden en el sector en la provincia, si hacés un promedio de uno por vivienda”. Además, recordó que “son convenios que venían del Gobierno anterior, que tuvieron no solamente una dilación, sino una ralentización por la falta de envíos de fondos de la Nación”.
Deuda de Nación
El empresario de la construcción cuestionó que hay proyectos anunciados por Nación que aún siguen sin concretarse y se siguen dilatando. Ante esta situación, valoró la apuesta del Gobierno provincial de emprender un programa de viviendas con fondos propios, aunque puso un paréntesis respecto del nivel de demanda de trabajadores.
“La provincia inició, lo cual me parece muy bien, un programa de viviendas con fondeo provincial, pero son de a 10 o 15 viviendas distribuidas en todo el territorio provincial. Eso le da vuelta a la economía de cualquier ciudad del interior. Cambian la vida del lugar donde se hacen. Adicionalmente generan mano de obra”, resaltó.
De todos modos, planteó: “Por otro lado, está faltando mano de obra para grandes conjuntos habitacionales como los que se están terminando, que impactan mucho en el número de empleo y de movimiento económico en las ciudades”.
En este escenario, la Provincia no quiere asumir más costos de los que ya está asumiendo de la administración central. Y así lo entiende Szczech: “Hay 500 viviendas en Paraná que estarían listas para iniciarse, pero falta la firma del convenio. La Nación ya lo firmó, pero la Provincia está esperando que le diga cómo le va a pagar la deuda que tiene para poder afrontar la parte que le corresponde de esas viviendas”.
De hecho, respecto de este último punto, Marcelo Casaretto, titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), reclamó a Iván Kerr, secretario de Viviendas dependiente del Ministerio del Interior, que Nación pague la deuda pendiente por certificados de obras y otros conceptos, que asciende a 420 millones de pesos.
Proyectos PPP
El equipo económico de Macri, con Nicolás Dujovne a la cabeza, plantean que parte de la obra pública que se recortará, estará compensada con los proyectos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, desde la Cámara de la Construcción entienden que dicha inversión “nunca debe ser entendida como un reemplazo de la inversión pública, sino como un complemento”.
“La inversión público privada llega adonde normalmente es negocio, pero no donde el Estado tiene una responsabilidad que cumplir, que está más allá de la rentabilidad económica. Para una PPP no es negocio hacer cloacas en barrio Humito”, disparó Szczech.
“De ninguna manera una cosa reemplaza a la otra”, insistió, y agregó: “En términos económicos, primero hay que ver que se materialicen, porque las tasas hoy son un problema. Lo que le iban a prestar al 6% en dólares, cambió al 11%, con lo cual la materialización de las PPP aún está para producirse”.
Recordó que los proyectos totalizan “unos 6.000 millones de dólares en un plazo de cinco años, con lo cual estamos hablando de 1.000 millones en el primer año, que además están muy concentrados, de la misma manera que vemos una gran concentración en la propia obra pública”.
Consultado sobre los niveles de concentración, dijo que no sólo sucede entre provincias, sino en los montos a licitar y los tamaños de empresas elegidas. “Acá lo que está faltando es una política a favor de las pequeñas y medianas empresas de la construcción que son las que generan el trabajo genuino en el interior profundo de la Argentina. Hoy tenés un recorte de recursos, pero adicionalmente los recursos están concentrados en pocos proyectos, pocos lugares y pocas empresas”, sostuvo.
Temas pendientes
Independientemente de este escenario apremiante, Szczech no dejó de pasar la oportunidad para plantear que todavía quedan temas estructurales por resolver. Al respecto, puso el foco en el aspecto impositivo, además de que cuestionó las instancias de “trámites y burocracia” que demoran los proyectos.
“Más allá de la coyuntura, lo que hay que trabajar en el mientras tanto son las responsabilidades que tienen los gobiernos provinciales y municipales con respecto a los impuestos y tasas que son totalmente distorsivas. No se ha hecho nada, al revés, se aumentó el ingreso bruto”, señaló.
Por otra parte, cuestionó la paralización de obras en la capital provincial a raíz de la judicialización de los edificios en la zona céntrica. “Lo que tiene que ver con las incertidumbres en términos de poder ejecutar o no en la ciudad de Paraná, hace que la inversión privada de edificios hoy tenga un freno, un parate bastante importante respecto de otros momentos”.
En este sentido, recordó que esto es “consecuencia de lo que se está viviendo con todos los planteos que para nosotros deberían dirimirse muy rápidamente en la justicia y no generar esta incertidumbre para los inversores”.
