RE/MAX en la picota y el origen del conflicto

La franquicia multinacional en el ámbito inmobiliario RE/MAX tiene los días contados en la Argentina. Carlos Marcelo Pintos

Tras siete años de litigios en distintos distritos judiciales de nuestro país en contra de la franquicia inmobiliaria RE/MAX Argentina, la Inspección General de Justicia (IGJ) -organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene a su cargo el Registro Público de Comercio y los Registros de Asociaciones Civiles y Fundaciones- prohibiéndole ejercer la actividad inmobiliaria, a raíz de una denuncia motorizada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), ordenando la inmediata disolución y liquidación de dicha empresa.

RE/MAX tiene presencia en nuestro país desde el año 2004, de la mano Sebastián Sosa y su esposa Dorothy Peñate, para tener la franquicia principal de RE/MAX International y, a partir de allí, subfranquiciarla a particulares y corredores inmobiliarios, indistintamente, por medio de Remax Argentina S.R.L. y desarrollando un modelo de negocio que ha resultado exitoso en la medida que se ha extendido por gran parte de la geografía nacional, contando en la actualidad con 140 oficinas en 42 ciudades; acompañado de una parafernalia publicitaria al mejor estilo americano, empoderando a los franquiciados y sus agentes inmobiliarios (sic) para lograr contactos y resultados que fueron alertando a los profesionales del corretaje inmobiliario y los colegios que los agrupa.

Argumentos jurídicos

La argumentación principal de CUCICBA estriba en la Ley 20.266, reformada por la Ley 25.028, que establece para el ejercicio de las actividades de remate o corretaje en la República Argentina, entre otras exigencias, como condición habilitante de la inscripción en una matrícula especial en la jurisdicción correspondiente, la de que las personas humanas que se propongan realizar tales actividades cuenten con un título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes, por lo que se constituyen en profesionales sujetos a colegiación y al control de éstos en su desempeño profesional.

Por otra parte, la franquicia promueve la capacitación de “agentes inmobiliarios” que es una figura inexistente en la legislación profesional del corretaje y se arroga el derecho capacitar en la especialidad que solo corresponde a instituciones legalmente constituidas y avaladas por la autoridad educativa jurisdiccional.

Los titulares de Remax Argentina, por su parte, se resisten a la decisión de la IGJ considerándola infundada, asegurando que siempre han operado conforme a la ley. Coligen que esta acción promovida por el Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires es una más de las tantas embestidas de los cuerpos colegiados contra una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados.

Todo empezó en Entre Ríos

Fue en el año 2013 que los corredores inmobiliarios tomaron conocimiento que era inminente el desembarco de la franquicia inmobiliaria RE/MAX en el mercado paranaense. La iniciativa venía de la mano de un inversor que nada tenía que ver con la profesión inmobiliaria y que pretendía replicar la experiencia comercial que ya estaba instalada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2004 y que se había extendido por ciudades importantes como La Plata, Santa Fe, Rosario, Córdoba y Mendoza.

El accionar del equipo de abogados del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos -CCPIER- no se hizo esperar, presentando una demanda judicial ante el Juzgado en lo Civil y Comercial encabezado por el juez Eduardo Federico Planas, para impedir la puesta en marcha de la comercializadora franquiciada, situación que -dado los tiempos procesales- no se pudo impedir y desarrolló actividades de carácter inmobiliario en nuestra ciudad por espacio de casi 3 años, involucrándose la para tal efecto una corredora inmobiliaria novel que prestó su matrícula para que se concretara la actividad que a criterio del CCPIER estaba reñida con la legislación vigente tanto en la provincia como en la Nación.

Esta gestión institucional, que apoyó su reclamo en los mismos argumentos que en estos últimos días esgrimió CUCCIBA y que la IGJ admitió, derivó en el cierre de la comercializadora de Remax que estaba ubicada en Alameda de la Federación al 500, dando el primer triunfo a los profesionales inmobiliarios matriculados que sirvió de antecedente para posteriores presentaciones en distintos distritos del país.

Cabe destacar que a principio de marzo del 2016, el Colegio entrerriano organizó una Cumbre de Colegios Inmobiliarios en Paraná, y contó con la presencia de la totalidad de las instituciones que nuclean a los corredores inmobiliarios argentinos, en donde se firmó un compromiso de lucha contra las franquicias y cualquier tipo de ejercicio ilegal de la profesión.