¿Quién cuida el trabajo de los argentinos?

Danilo Lima, editor de Dos Florines.

La decisión del Gobierno nacional de restringir las exportaciones de carne vacuna, con el supuesto objetivo de que los precios del alimento preferido por los argentinos no continúen su carrera alcista, ya está generando –como era de prever– complicaciones para todos los eslabones de la cadena, desde el productor hasta el consumidor, pasando por los frigoríficos y, sobre todo, los trabajadores.

En los remates de hacienda realizados los últimos días en Entre Ríos, por ejemplo, los precios de la vaca conserva –aquella cuyo principal destino de exportación es China– cayeron abruptamente, pero, además, empezaron a desaparecer los compradores de esa categoría que, se sabe, no es consumida en el mercado interno.

Cuando China comenzó con la compra de la vaca conserva –cuya carne es utilizada para la preparación, después de mucho hervir, de estofados que acompañan distintos guisados–, los productores argentinos –especialmente los más chicos–  encontraron un excelente nicho para colocar esa categoría que les reportó un ingreso de dinero adicional, nada despreciable dado que por cada vaca conserva vendida obtenían unos 30.000 pesos, más o menos. Todo esto, claro, hasta antes de que el Gobierno interviniera el mercado de ganados y carnes.

Esos productores, ahora, no sólo están perdiendo un mercado nada despreciable sino que se ven obligados a dejar morir esas vacas en sus campos. Son los primeros perdedores, pero no los únicos.

Los que también pierden –como sucedió entre 2006 y 2012– son los trabajadores de la industria frigorífica, quienes también comenzaron a sentir en su propio pellejo las consecuencias negativas de la medida del oficialismo.

Tomemos un ejemplo fuera de Entre Ríos porque, como sentencia un añejo refrán, para muestra basta un botón.

En una pequeña localidad de poco más de 10.000 habitantes de Buenos Aires –esa provincia-país tan rica y con tanta pobreza a la vez, con tanto potencial productivo y con tantas contradicciones–, hace algunos meses una empresa importante vinculada al negocio de la exportación de carne decidió invertir unos 6 millones de dólares –muy buena plata, por cierto– para reacondicionar una planta frigorífica con aquel objetivo.

El intendente saltaba de alegría: los empresarios tomarían un centenar de empleados, los productores de la zona tendrían la posibilidad de vender su hacienda a la planta reactivada y se generarían numerosos puestos de trabajo indirectos. Todo en un pueblo de poco más de 10.000 habitantes. Un notición que el jefe comunal se encargó de difundir masivamente. No era para menos.

Los inversores, además, lograron la habilitación para exportar a China y Arabia Saudita, dos mercados más que interesantes.

A la administración del presidente Alberto Fernández, mientras tanto, se le ocurrió la idea de cerrar, primero, y restringir, después, las exportaciones de carne.

Como el Gobierno sólo autorizó a los frigoríficos a exportar el 50% tomando como base las ventas al exterior del año pasado, aquellas plantas que no registraron operaciones en 2020 se quedan afuera. No pueden exportar.

Es el caso del frigorífico de aquella pequeña localidad bonaerense. La consecuencia fue inmediata: los dueños de la planta despidieron a 50 de los 100 trabajadores que habían tomado y ya avisaron que si no logran obtener cupos dejarán cesantes a los otros 50 a fines de julio.

Los empresarios perdieron plata; los trabajadores perdieron su fuente laboral.

Las administraciones kirchneristas –la de Néstor, las de Cristina y la actual de Alberto– siempre se jactaron de “cuidar la mesa de los argentinos”, argumento que repitieron y repiten hasta el cansancio. La pregunta, sin embargo, es otra: ¿Quién cuida el trabajo de los argentinos?