Prorrogarán el decreto que extendió los contratos de alquiler

A pesar de los reclamos de propietarios e inmobiliarias, el DNU N° 320/20 tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2021. Carlos Marcelo Pintos

El Ejecutivo nacional, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la subsiguiente imposición de la cuarentena, suspendió los desalojos de contratos de alquiler que fenecían en marzo y prolongó los vigentes hasta el 30 del corriente, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 320 del 20 de marzo de 2020. La norma congeló los precios del canon locativo y contempla la posibilidad de pagos parciales del mismo con el beneficio de abonar la diferencia a posteriori de la finalización de la prórroga con hasta seis mensualidades, sin demérito de aplicar los intereses devengados, pero sujetos a la tasa de interés para plazos fijos en pesos a treinta días que aplica el Banco de la Nación Argentina.

Esta medida, que benefició a los inquilinos, provocó malestar entre los propietarios que vieron afectados sus derechos de modo arbitrario, toda vez que la relación locador-locatario es un vínculo de carácter privado, en el que el Estado no debería intervenir y para lo cual la legislación y las prácticas sociales contemplan mecanismos de negociación y acuerdos que hubieran podido atenuar el supuesto impacto que se quiso evitar en el marco de la pandemia.

Iniciativa parlamentaria.

A sólo unos días de la finalización de los alcance del mencionado DNU, los diputados nacionales oficialistas Eduardo Fernández (Córdoba) y Fernanda Vallejos (Buenos Aires) presentaron en la Cámara de Diputados la iniciativa de extenderlo hasta el 31 de marzo de 2021, con el mismo alcance: suspensión de desalojos por falta de pago o finalización de contrato; la prórroga de pleno derecho de los contratos de alquiler que tuvieran fecha de vencimiento desde el 20 de marzo al 30 de septiembre inclusive y hasta el 31 de marzo de 2021.

En cuanto al congelamiento del precio, el canon locativo se sujetará al valor vigente al 30 de septiembre 2020, abarcando el mismo universo locativo: viviendas familiares, locales comerciales de monitributistas y establecimientos enmarcados en la categoría pymes. Se repetiría el esquema de pagos parciales y el cumplimiento de deudas devengadas por alquileres en hasta ocho cuotas mensuales desde el fin de la prórroga contemplando, igualmente, el recargo por intereses en concordancia con el DNU original.

Inquilinos de parabienes.

La iniciativa de los diputados Fernández y Vallejos ha satisfecho las expectativas y requerimientos de las entidades que representan a los inquilinos –Inquilinos Unidos y la Asociación en Defensa de Inquilinos– que realizaron intensas gestiones para lograr esta prórroga, aduciendo que más de un millón de familias están imposibilitadas de cumplir con el pago regular de sus alquileres y al borde de la indefensión.

Consideraron que, si bien la medida puede resultar injusta o poco razonable, lo cierto es que evita una crisis social en medio de una pandemia que ha dañado al eslabón más débil de la relación contractual y que pone en peligro la cohesión de la sociedad, tan necesaria en los tiempos de corren.

Propietarios ofuscados.

Los locadores, en su mayoría sin representación institucional, se sienten violentados por la medida gubernamental, ven cercenados sus derechos a la propiedad y acusan una asimetría en el trato que no tiene antecedente en ningún país que se precie de respetuoso de los derechos civiles.

A la baja rentabilidad que venían teniendo en los últimos años, el crecimiento de las cargas impositivas y de los servicios de mantenimiento del bien inmueble, se sumó recientemente la sanción de una nueva ley de alquileres que ahonda la asimetría mencionada y desalienta la inversión en compra, construcción o puesta en oferta de nuevos inmuebles por su lábil situación.

Consideran que esta prórroga, como la puesta en marcha de la nueva ley de alquileres, terminará perjudicando al inquilino, a quien se pretende defender con normativas anacrónicas y empíricamente fracasadas en nuestro país y en los que se intentaron implementar.

Los inmobiliarios, en alerta.

Si bien a nivel institucional –al momento de la publicación de este informe– no se ha manifestado al respecto, tras algunas consultas realizadas por este portal, los corredores inmobiliarios no salen del asombro ante una nueva arremetida del poder político a los derechos ciudadanos. Aunque en el texto del DNU 320 se dejaba abierta la posibilidad de la prórroga, estaban esperanzados en que no se tomaría esa decisión, confiados en una toma de conciencia por parte del Gobierno de que se ha iniciado un camino sinuoso y extremadamente peligroso para la armonía social que se aspira tener, dado que no se pueden trazar políticas que desalienten la inversión y perjudiquen el capital movilizador de mano de obra como son los desarrollos inmobiliarios.

Los inmobiliarios esperan, al menos, que el Gobierno favorezca a los propietarios en el plano tributario y en algún otro tipo de beneficio que atenúe el impacto de estas medidas en aras de poner equilibrio en un contexto de serias dificultades para el sector.

¿Pan hoy, hambre mañana?

Toda acción tiene su reacción, pero los gobiernos que se han sucedido en los últimos 70 años no han aprendido la lección.

No hay carta blanca para tomar cualquier decisión sin consecuencias. Y, como ya se viene sintiendo desde hace varios años –en cuanto se rumoreaban supuestos cambios en la ley de alquileres– y con el diario del lunes, se puede asegurar que, al menos, los precios de las locaciones van a subir ostensiblemente; la oferta de inmuebles en renta van a mermar, y los que mayormente van a sentir el impacto son los inquilinos, porque el Estado sigue sin poder cubrir el déficit habitacional que ya es endémico, y los reiterados avances estatistas “prende con alfileres” los acuerdos locativos vigentes.