Productores se movilizaron para reclamar la firma del nuevo decreto sobre pulverizaciones

Se concentraron en el acceso al túnel para expresar su malestar ante lo que consideran la prohibición de producir. Danilo Lima

El decreto se demora, la preocupación crece y la bronca ya no se disimula. Con este escenario de fondo, los productores agropecuarios entrerrianos afectados por los fallos judiciales que prohíben las aplicaciones de productos fitosanitarios en cercanías de las escuelas rurales se movilizaron este lunes desde distintos puntos de la provincia hasta Paraná y se concentraron en el acceso al túnel subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis. El objetivo: visibilizar su reclamo –se repartieron volantes explicando los problemas que genera la imposibilidad de realizar pulverizaciones–, pero, sobre todo, expresar el malestar ante lo que consideran la prohibición de producir.

El gobernador Gustavo Bordet fue el blanco principal de las críticas dado que los chacareros no entienden por qué razón el decreto –prometido por el propio mandatario– aún no ha visto la luz, a pesar de que fuentes oficiales aseguran que la demora obedece a la necesidad de fundamentar con argumentos sólidos esa norma legal.

Malestar.

Walter Feldkamp, director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA)–, en diálogo con DOS FLORINES, sintetizó cuál es el sentimiento de los productores y señaló que “el ánimo está muy mal” porque “los tiempos del campo son muy distintos a los de la política y la Justicia”. Y ejemplificó: “El tiempo para la siembra de trigo es ahora, y si no se siembra ahora los rendimientos van a ser muy inferiores, y lo mismo sucede con otras producciones como la citricultura en cuyas quintas hay que comenzar a realizar tratamientos fitosanitarios en poco tiempo”.

En este marco, “el productor está desesperado”, remarcó el ruralista, por lo que “pedimos, por un lado, la firma urgente del decreto por parte del Gobernador, que nos posibilite salir a producir, y, por el otro, explicarle a la sociedad, al común de la gente, nuestros problemas” ante la prohibición de las aplicaciones de fitosanitarios.

Feldkamp subrayó que en esta dura disputa a los productores “nos asiste la ciencia, la técnica y la legislación comparada con cualquier provincia de la Argentina y con cualquier país del mundo”, y, además, “nos asiste el sentido común” porque las distancias establecidas en los fallos judiciales –3.000 y 1.000 metros según la aplicación sea aérea o terrestre– “no existen en ningún lugar” por lo que “hemos llegado a un nivel exageración tremendo y estamos dejando más del 25% de la superficie productiva de Entre Ríos sin nada”.

El dirigente de Gualeguaychú, asimismo, aclaró que los fallos de la Justicia “no afectan a los grandes pooles o transnacionales sojeras sino que, por el contario, a quienes más perjudican es a los productores genuinos de Entre Ríos que cuanto más chicos son más los perjudica, al punto que hay pequeños productores afectados en un 100% de su producción”. El enojo de esos productores, entonces, “es enorme”.

Feldkamp, en otro orden, dijo que a los chacareros y a los dirigentes agropecuarios les cuesta entender cuál es el motivo por el que se demora tanto la firma del decreto, a pesar de que admitió “la actitud positiva” de la Fiscalía de Estado en esta materia, cuyos integrantes “han trabajado mucho y siempre nos contestan cuando los llamamos por teléfono. Vemos una actitud proactiva y con ganas de resolver este problema”. Ahora bien, “también vemos que los tiempos, indudablemente, los fija la política, y falta una decisión política. Yo, personalmente, creo que hay un doble estándar del Gobernador: puertas adentro nos alienta, nos dice que está con nosotros, y puertas afuera, primero trata de ver cómo está el humor social para tomar sus decisiones”.

La ley.

Más allá de la demora –el decreto, seguramente, saldrá–, la decisión del Gobierno provincial es que la Legislatura sancione una ley que permita superar las enormes diferencias que este tema genera en la sociedad entrerriana, una tarea, por cierto, nada sencilla. Algunos, en este sentido, creen que esa ley debiera sancionarse con la actual Legislatura, es decir antes de que termine el actual período constitucional. Pero para eso, claro, hace falta una fuerte decisión política, y el responsable de adoptar esa decisión es el gobernador Bordet.

La dirigencia de las entidades agropecuarias, por otra parte, ve con buenos ojos el proyecto oficial de reforma de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que ya cuenta con media sanción del Senado.

La iniciativa del Ejecutivo tiene como eje central la cuestión de los amparos. De transformarse en ley –la Cámara de Diputados la aprobaría en los próximos días– ya no será la Sala Penal sino el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en pleno –es decir, los nueve vocales del cuerpo– quien resolverá sobre estas cuestiones.

Si bien esta modificación apunta esencialmente a reducir la cantidad de amparos presentados contra el Iosper, algunos voceros de las entidades del campo entienden que esta reforma podría beneficiarlos dado que un eventual amparo del Foro Ecologista Paraná y Agmer contra el nuevo decreto sobre aplicaciones de fitosanitarios sería resuelto por el STJ en pleno.

El Gobierno, acaso, considere oportuno demorar la firma del decreto que reclama el campo hasta tanto Diputados dé luz verde a la reforma de la Ley de Procedimientos Constitucionales.