Por Sergio Dellepiane – Docente ///
En todo mercado conviven diferentes tipos de bienes y servicios, cada uno asociado a su respectivo precio. Con estos elementos pueden establecerse múltiples y variadas relaciones; entre cantidades y precios; ingresos y precios; precios antes y después, etc. La más sencilla es la de registrar y comparar, para un determinado elemento, la evolución de su precio durante un período de tiempo en un mismo punto de venta. La otra conexión elemental viene dada por la equivalencia entre productos según el poder de compra que insuma cada uno de ellos; (1 kg de “A” equivale a 3 kg de “B” en tal fecha y en el mercado cual), y así con cada enlace que se pretenda evaluar.
En el ámbito de la ciencia económica estas relaciones y otras muchas que pueden establecerse de modo análogo, reciben el nombre de Precios Relativos.
La respuesta a la pregunta del por qué se modifican los precios relativos hay que buscarla en los escritos del sacerdote jesuita Juan de Mariana (1536 – 1623) quien sistematizó los principios rectores de la cuestión en la obra “Un Tratado sobre la alteración del valor de la moneda”, publicado originalmente en latín en 1609. Este ensayo fue incluido en el Índice de libros prohibidos por la Inquisición, del que no saldría hasta bien entrado en S. XIX. Su primera traducción completa al inglés es de principios del siglo que transitamos.
Su precedente más cercano es de mediados del S.XVI cuya autoría corresponde también a un sacerdote, Nicole Oresme quien escribió el “Tratado sobre la moneda”.
Tributos.
En ambas obras se destaca el argumento por el cual la suprema autoridad (el rey) no tiene derecho a aplicarle impuestos a sus súbditos sin su consentimiento, así como tampoco puede arrogarse el derecho a reducir la calidad de la moneda sin su aprobación. De aquí surge la demanda pública contra las casas de acuñación para que hagan un uso responsable de la potestad otorgada por el pueblo y caso omiso de las “locuras” propuestas por el monarca de turno. Antecedente lejano de la necesaria independencia que todo banco central debe mantener con los gobernantes para preservar, valor y fortaleza de la moneda nacional.
Es posible intuir que las delirantes arbitrariedades de los inquilinos del poder respecto al uso y abuso de la emisión monetaria han permitido determinar que la inflación nunca es neutral. Implica validar el principio económico por el que cualquier devaluación de aquella, redistribuye necesariamente la asignación de riquezas y pobrezas entre los integrantes de una sociedad.
Es por esto que, tanto los derechos de propiedad como el intercambio comercial legítimo y los salarios equitativos (medidos por poder adquisitivo), requieren como sustento una moneda valorada y estable.
Una cuestión no menor respecto a los precios relativos es la referida a la velocidad de incremento de los precios. Nunca resulta armónica, es siempre divergente y desacompasada según sea el producto, y/o conjunto de ellos, que se analice. Nada es unánime ni correlativo. Si el contexto no ayuda, todo puede ser peor.
Desde la ejemplaridad el complejo sistema de precios relativos puede comprenderse mejor. Analicemos el caso de la papa y el de las máquinas de escribir mecánicas junto a las tarifas de las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas.
Imponderables.
Cualquier evento climático adverso reducirá la cosecha de papas por lo que la demanda habitual, hace aumentar su precio por encima de la tasa de inflación vigente. Por el contrario, producto del cambio tecnológico, la demanda de máquinas de escribir mecánicas desapareció casi completamente, salvo para los coleccionistas, y su precio cayó con respecto al resto de los demás precios. Con las tarifas es diferente porque, la razón por la cual aumentan menos que la tasa de inflación no tiene que ver con ninguna cuestión real por reducción de costos, sino sólo por la pretensión de la autoridad del momento, para que la tasa de inflación no aumente tanto.
Según informa el Indec, entre febrero 2021 y 2022, mientras el nivel general de precios al consumidor aumentó un 52,3%, los precios regulados lo hicieron sólo el 35,8%
El problema radica en la “señal” (incentivos) que se envía a los demandantes. Mientras que la reducción de la oferta de papas da sentido al aumento de su precio relativo por escasez temporaria, ajustándose a la nueva realidad; algo parecido sucede con las computadoras y los teléfonos inteligentes que ajustan su precio según su capacidad de memoria y velocidad de procesamiento. Presentan precios más baratos pues cualquier mejora tecnológica beneficia a los demandantes en cualquier sector competitivo. El precio relativo se ajusta a la nueva condición.
En el caso de las tarifas de los servicios públicos, como el menor precio relativo no responde a un incremento de la oferta disponible sino a una peculiar (¿incoherente?) forma en que la autoridad pretende controlar la inflación, se produce un divorcio insalvable entre cantidad ofrecida y cantidad demandada. Como el consumidor paga menos, no encuentra razones para economizar su uso. Su decisión no maximiza su utilidad sino su derroche. Determinación que desequilibra la dinámica económica por lo que ajusta el mercado: menor oferta para mayor demanda; modificándose, sin intervención humana, su precio relativo.
Intervención.
Para satisfacer este engendro artificioso de “bienestar”, deben hacer su histriónica aparición los subsidios estatales que derivan en las reiteradas interrupciones en el suministro de los servicios, por aquellos límites inflacionarios impuestos, que intentan regular compulsivamente el exceso de demanda generado por la falta de adecuación de los precios relativos. Lo barato termina costando caro, no sólo en términos de dinero sino en cuestiones de disponibilidad.
Al llegar a este punto es preciso distinguir entre desabastecimiento y aumento de los costos. Lo primero obliga a interrumpir el suministro, lo segundo a incrementar los precios. Ambos problemas deben encararse conjuntamente para lograr una solución armónica, aunque sean de naturaleza diferente.
Desacoplar los precios relativos, tanto de la realidad nacional como del contexto internacional, únicamente consigue arruinar todo lo que toca, profundizando la gravedad de las condiciones imperantes.
Aplicar recetas fracasadas a problemas conocidos sólo permite obtener decepciones contundentes y perjuicios gravosos para los contribuyentes.
“La política de subsidios inevitablemente lleva implícita una política restrictiva de la producción, es decir, una política de escasez” – H. Hazlitt
