Por un Estado provincial presente y que atienda a los productores afectados por la sequía

Por la Comisión de Radicales por la Producción y el Trabajo.

El factor climático, en este caso una sequía con pocos precedentes, ha castigado gravemente al sur entrerriano, afectando esencialmente  los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, pero también Diamante, Tala y Nogoyá (aunque en menor medida). No quedan dudas de que se está frente a un desastre productivo, que no sólo afecta y afectó a la agricultura, sino también a la ganadería, la producción lechera y otras actividades productivas regionales. Las producciones precitadas perdieron prácticamente todo, y algunas de ellas, lo perderán en los próximos días, porque no se logró implantar los forrajes, insumo elemental para estas actividades. Tampoco queda tiempo para implantar verdeos de invierno. Los montes, aun con lluvias, no tendrán tiempo para recuperarse. Esto implica que el sector ganadero deberá liquidar gran parte de su hacienda, o trasladarla a otras zonas, con costos tremendos, para no perder todo su rodeo.

Hacer un rodeo ganadero lleva no menos de cinco años y demanda fuertes inversiones.

Frente a este panorama desolador, el Estado provincial no puede estar ausente, y menos aún, hacerse el distraído. Debe intervenir, rápida y eficazmente para recomponer el capital de trabajo y las enormes pérdidas en la producción. Ambos son importantes porque en la producción agropecuaria, a raíz del rigor y la presión tributaria, no tiene una rentabilidad adecuada. Específicamente, en nuestra provincia, se registra el más alto porcentaje de la zona central, de participación de Estado en la renta agropecuaria, que llega al monto extraordinario del 72 % en bruto. Ante a esta realidad, el productor rural apenas subsiste, y si esta situación persiste, llegará al extremo de perder su capital de trabajo, que es la tierra, que seguramente terminará en manos de quienes no siempre son genuinos productores.

Un productor afectado por esta sequía, en nuestra provincia, está imposibilitado para salir adelante solo. Rápidamente el Estado provincial, a través de organismos de su competencia, debe convocar a las entidades representativas de la producción rural, para que, conjuntamente con el INTA, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y eventualmente con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, se determinen las zonas afectadas, clasificándolas, según su gravedad, como de desastre y/o de emergencia, porque no todo el territorio afectado lo ha sido en igual magnitud.

Creemos que la intervención y asistencia del Estado provincial debe consistir, y así lo peticionamos, en condonar el Impuesto Inmobiliario en la zona que debe ser declarada de desastre, y una rebaja en el 50% de este impuesto en la zona de emergencia, con una dispensa en el pago de un año, sin intereses, ni recargos. En ambos casos, se deberá implementar un sistema de asistencia crediticio, orientado fundamentalmente al sector agrícola-ganadero, y alguna otra economía regional afectada. Esta asistencia crediticia debe ser implementada a través del Banco de la Nación Argentina, del Nuevo Banco de Entre Ríos, como agente financiero provincial, y otros bancos que adhieran. La Provincia debe subsidiar la tasa de interés y establecer recaudos elásticos y razonables, para que esta asistencia quede al alcance de todos los productores afectados por este fenómeno climático. La mejor garantía debe radicar en la condición de ser productor. El plazo de cancelación no debe ser inferior a cinco años, y con un período de gracia en el pago de intereses y de capital de por lo menos de 18 meses.

Esta asistencia financiera del Estado provincial que proponemos, no es una novedad. No hay ninguna diferencia entre esta situación y la que se había originado con los concesionarios de las explotaciones de los complejos termales de la provincia, que en diciembre de 2018, se les condonó una importantísima deuda que mantenían con el Ente Regulador de los Recursos Termales (Errter), y también por una situación climática. Lo dicho surge de los fundamentos del proyecto de ley presentado por el entonces diputado provincial Juan José Bahillo, y que terminó en la sanción de la Ley Nº 10.665. Sólo se reclama reciprocidad en este caso. La producción agropecuaria no es menos importante que la explotación de complejos termales.

El Gobierno provincial, sin dilación, debe ponerse al frente de esta extraordinaria situación. No sirven las excusas, ni los reparos, y menos las demoras. Las producciones afectadas lo necesitan para subsistir. Si hay voluntad, se puede.

La Comisión de Radicales por la Producción y el Trabajo, frente a este panorama de extrema gravedad, no puede permanecer indiferente, y por ello fija su posición al respecto, pero con propuestas claras y viables.