La Legislatura de la provincia de Santa Fe prorrogó por dos años la vigencia de una ley que declara la “emergencia en materia de propiedad y posesión” para pequeños productores campesinos e indígenas con más de 10 años de ocupación ininterrumpida y pacífica, con lo cual los desalojos sobre tierras rurales quedaron suspendidos hasta 2024.
Con la prórroga de la Ley 13.666, se extiende hasta 2024 la suspensión de acciones legales que conduzcan a desalojos que afecten a pequeños productores, familias de trabajadores rurales, campesinos e indígenas.
Para estar comprendidos en la norma, se debe acreditar una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica del predio rural por un término superior a diez años, informaron fuentes oficiales.
Continuidad.
La prórroga fue solicitada a los legisladores por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, que a través del secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, indicó que “es importante continuar con este estado de emergencia para poder ir resolviendo las distintas situaciones de posesión de pequeños productores”.
En ese sentido, en el marco de la Ley 13.666 la provincia lleva adelante un Programa de Regularización Dominial con el objeto de realizar un relevamiento de la situación posesoria de pequeños productores ubicados en el territorio provincial y diseñar propuestas para regularizar la posesión.
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