Nación modificó la tabla de evaluación de incapacidades laborales: regirá desde febrero 2026

Mediante el Decreto 549/2025 se sustituye el baremo vigente desde 1996, con el objetivo de actualizar el instrumento de valoración de daño laboral y unificar criterios en todo el país. Instan a las provincias a constituir cuerpos médicos forenses, conforme la ley.

El Gobierno nacional introdujo cambios en el sistema de riesgos del trabajo al aprobar la actualización de la tabla de evaluación de incapacidades laborales. A través del Decreto 549/2025, publicado en el Boletín Oficial, se reemplaza el Anexo I del Decreto 659/1996 —vigente durante casi tres décadas— por un nuevo instrumento de valoración que incorpora avances científicos, médicos y tecnológicos.

Esta medida tiene como objetivo “garantizar mayor precisión, agilidad y uniformidad en la determinación del daño laboral, fortaleciendo así la seguridad jurídica y la equidad en el reconocimiento de derechos de trabajadores afectados por accidentes o enfermedades profesionales”.

La actualización alcanza a trabajadores, empleadores, aseguradoras de riesgos del trabajo, a organismos administrativos y judiciales, y permitirá aplicar un único criterio técnico en todo el país.

La nueva normativa entrará en vigencia 180 días corridos después de su publicación, es decir, en febrero de 2026, y será de aplicación para toda valoración de incapacidad que no haya sido resuelta hasta ese momento, independientemente de la instancia en la que se encuentre.

La adecuación del instrumento responde a la necesidad de actualizar los parámetros con los que cuenta el sistema para evaluar el daño, de manera coherente con los avances en diagnóstico, evaluación clínica y condiciones laborales. “Esto se traducirá en evaluaciones más objetivas, con mayor respaldo técnico y en línea con estándares internacionales”, argumentó el Gobierno.

En ese marco, el Gobierno nacional alienta a las provincias a implementar las acciones necesarias para constituir los cuerpos médicos forenses previstos en la Ley 27.348, habilitando los mecanismos de inscripción de profesionales médicos conforme a la normativa vigente. Estos cuerpos especializados serán claves para garantizar que las pericias judiciales sean realizadas por profesionales con formación específica en riesgos del trabajo, y con criterios técnicos uniformes par todas las instancias intervinientes en el Sistema de Riesgos del Trabajo.

La iniciativa se originó a fines de 2024, cuando el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo y a instancia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, convocó al Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. En ese ámbito de participación tripartita integrado por representantes de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno Nacional, se conformaron equipos técnicos con participación de especialistas con el objetivo de analizar la propuesta de actualización del baremo, mejorar su comprensión y corregir deficiencias detectadas en el modelo anterior.

“Este avance normativo consolida el compromiso del Gobierno nacional con la mejora continua del Sistema de Riesgos del Trabajo, promoviendo un entorno laboral más seguro, justo y previsible para todos los actores involucrados”, expresaron.