¿Música para el sector privado? Entre Ríos estudia “medidas integrales” para evitar el colapso de la Caja

Los empresarios vienen advirtiendo que el déficit de la Caja de Jubilaciones explica en parte la presión fiscal en la provincia. Ahora, el Gobierno de Frigerio evalúa un eventual “pacto previsional” para fijar por decreto aumentos de aportes de activos y pasivos, sin cambiar edades ni el 82% móvil. Nahuel Amore

El Gobierno de Rogelio Frigerio afina el lápiz para avanzar en un posible “pacto previsional” entre distintos sectores que permita comenzar a resolver el preocupante déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Se trata de uno de los temas más sensibles que ninguna gestión quiso afrontar, sobre todo por el costo político que implica, pero que se precipita ante una “situación desesperante” que tornaría inviable el sistema de aquí a dos años.

El tema no es nuevo y es objeto de constantes críticas por parte del sector privado entrerriano, que lo llaman “el agujero negro” del dinero del Estado. El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, había advertido que el año pasado la Caja acumuló un déficit anual de 127.000 millones de pesos y representó el 10% de los recursos totales del Estado provincial, con una proyección para 2024 de alcanzar el 12%. Para este año, según estimaciones oficiales, superará ampliamente los 200.000 millones de pesos.

La advertencia de los hombres y mujeres de negocios es que el déficit recae cada vez más sobre sus espaldas. “Es de una preocupante inequidad que la alta presión impositiva provincial sobre el sector privado se aplique íntegramente a financiar las jubilaciones diseñadas con el pago de prestaciones jubilatorias muy superiores a las del régimen general que se aplica al sector privado”, plantearon ya en un informe de 2020, donde pusieron en duda la sostenibilidad del régimen previsional especial de Entre Ríos.

Frente a un escenario de ajuste y recesión que se profundizó este año, la actual administración provincial ya comenzó con diferentes “medidas integrales” para “evitar el colapso” de la Caja. El diagnóstico es alarmante y se sintetiza en que el sistema solidario pende de un hilo con 1,82 aportantes por cada jubilado, siendo que el ideal es 4 por 1. Es por ello que ya avanzaron desde la Caja en acciones de auditorías para lograr recuperos mensuales, entre otras medidas internas del organismo, pero ahora faltaría dar un paso más complejo focalizado en generar recursos.

Según información a la que accedió DOS FLORINES, la administración actual de la Caja heredó un déficit del 41% en la relación entre los recursos recaudados por aportes y el pago de las distintas prestaciones para un total de 98 escalafones, con una proyección de crecer al 43% para 2024. A partir de las primeras medidas en cinco meses, ese porcentaje se redujo al 38%, en sintonía con el promedio de los últimos cuatro años. Sin embargo, argumentan que la tendencia se podría agravar si no implementan otro tipo de políticas, que seguramente requerirán de varios encuentros para buscar consensos.

Pacto previsional

La primera medida que estudia el Gobierno dentro del “pacto previsional” atañe a los Regímenes Especiales. Serían alrededor de 16.000 jubilados –de un universo total de 64.000– que podrían aportar a la Caja el 1% por cada año que les falta para cumplir la edad jubilatoria ordinaria, que en Entre Ríos es de 57 años para las mujeres y 62 años para los varones. El sector más importante sería el de los docentes, que representan el 41% del déficit y obtienen en su mayoría la jubilación de manera anticipada. Incluso, advierten que en los próximos años habría otros 10.000 en condiciones de sumarse si se jubilan.

Para lograr este descuento extra, Frigerio no necesitaría pasar por la Legislatura. Al revisar minuciosamente la Ley 8.732 del “Régimen de jubilaciones y pensiones para el personal provincial y municipal”, encontraron en el inciso “d” del artículo 12 la posibilidad de establecer un incremento del porcentaje de aporte simplemente con un decreto del mandatario entrerriano. Claro está, ello no quita que deba sentarse con los gremios y otros sectores para llegar a un acuerdo respecto de la alícuota.

La segunda medida que se baraja apuntaría a los activos, con un porcentaje de descuento mayor al que realizan actualmente del 16%. Ello estaría amparado en la misma Ley 8.732, artículo 12 inciso “h”. Si bien no hay precisiones respecto del aumento previsto, desde el Gobierno reconocen que cualquier punto adicional sería un bálsamo. No obstante, aunque la intención es aplicarlo en los 118 mil aportantes de la Caja, para ello será necesario firmar convenios específicos con cada uno de los escalafones, cuyas diferencias salariales son notorias si se pone la lupa, por ejemplo, en judiciales y bancarios.

Para analizar este último punto, desde el Gobierno distinguen que si bien hay 98 escalafones que componen la Caja, sólo 14 de ellos responden a la administración central, cuyos aumentos salariales otorgados son evaluados en su conjunto por el impacto en el sistema. En cambio, los 84 escalafones restantes, entre los cuales se encuentran municipios o el Poder Judicial con incrementos “enganchados” a Nación, son independientes de los criterios que define el Estado provincial para cuidar las cuentas públicas, pero que deberá responder de igual modo con el Tesoro para cubrir el déficit previsional.

La tercera medida refiere a la deuda de fondos previsionales que debe enviar la Nación a Entre Ríos, en la cual la Fiscalía de Estado avanzó en judicializar el reclamo. Este punto representa el 25% del déficit de la Caja. La deuda de Anses asciende a 154.000 millones de pesos, según informó oficialmente el Gobierno en abril. La resolución dependerá, en este caso, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Medidas integrales

Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones, fue consultado por DOS FLORINES sobre el tema y prefirió no brindar detalles. De todas maneras, consideró que “el sistema está necesitando que todos los sectores políticos y sindicales involucrados coincidamos en las medidas que hay que tomar para poder garantizar el sistema tal cual lo tenemos”. Reconoció que “19.000 millones de pesos es la cifra que el Tesoro aporta para terminar de pagar las jubilaciones todos los meses”.

Según indicó, el objetivo es abordar la problemática dentro del organismo y de cara al sistema provisional. “Hacía falta normalizar determinados procedimientos en el organismo que le dan credibilidad y ayudan a sanear el sistema jubilatorio, que tiene un pronóstico de deterioro bastante acelerado. Hay que tomar conciencia de que hay que implementar medidas integrales que abarcan a todos los escalafones que componen la Caja dentro de la actual ley”, manifestó.

En esa línea, confirmó que toda medida que se tome sostendrá “los tres pilares que el gobernador promociona que va a defender, que es el 82% móvil, la Caja en la provincia y la edad jubilatoria”. Sobre esa base, planteó que la necesidad imperiosa de “poder hacer esas medidas sectoriales que ayuden a parar y disminuir el déficit y hagan la Caja sustentable de largo plazo y que no nos tenga en vilo la coyuntura de corto plazo”.

Consultado por la gravedad de la problemática que explican estas medidas, analizó: “Veníamos con un déficit del año pasado del 41% entre lo que se recauda sobre lo que se paga, que tenía una tendencia alcista. Lo hemos logrado estabilizar. Con las medidas y procedimientos que implementamos, lentamente tiende a buscar el equilibrio, pero hacen falta medidas de fondo, conseguir más recursos y continuar el reclamo de Anses, además de hacer algunos ajustes”.

Dadas así las cosas, la gestión de Frigerio no descarta lanzar este año –que no es electoral– los acuerdos necesarios para comenzar a sanear la Caja, cuyas medidas servirían para aliviar entre un 15 y 20% el déficit. El proyecto va tomando forma y se van testeando algunos sectores. Una vez oficializado, para el sector privado, va de suyo, estas políticas serán música para sus oídos, siempre y cuando se constituyan en la base para comenzar a bajar la presión fiscal, sobre todo por el peso de Ingresos Brutos que sostiene casi el 80% de la recaudación provincial.