Los reclamos salariales flanquean a Bordet

Por Nahuel Amore, editor de Dos Florines

Cada vez más sectores salen a la calle para interpelar al Estado provincial por el atraso salarial. Los docentes y estatales no son los únicos que le ponen el cuerpo a las demandas. En este 2021 y tras la pandemia fuerte, el malestar ya no encuentra motivo para soslayarlo o seguir pateándolo hacia adelante.

Tal como habíamos anticipado, la instancia de comprensión murió el año pasado. Los sindicatos entienden que ya no son momentos para agachar la cabeza; las bases lo reclaman porque la crisis se hace carne. Así, la puja distributiva cobra mayor fuerza, a medida que pasan los días, las semanas y los meses.

En Entre Ríos, la administración de Gustavo Bordet recibe reclamos desde todos los frentes. La Casa Gris está flanqueada con protestas, inclusive de sectores a los que poco se les conoce la cara en la calle. Y es que la pérdida de poder adquisitivo se ensancha y no hay discurso que contenga ni suavice lo que en la práctica es el empobrecimiento de la clase media.

Docentes y estatales encabezan con dureza las medidas de fuerza. Históricamente han sido los más desfavorecidos en la tabla comparativa de haberes y quienes con sus luchas pudieron lograr conquistas sociales que todavía perduran. Hoy más que nunca comprenden que la situación no da para más.

En este escenario cada vez más tensionado, la particularidad es que aparecen nuevos actores. Los empleados del Poder Judicial -sin la “ley de enganche” que los privilegie y con recortes por la emergencia-, programan con mayor frecuencia manifestaciones que no encuentran demasiado eco. A ellos se suman profesionales médicos que frente al Ministerio de Salud alertaron por lo que cobran, a pesar de estar en el frente de batalla.

Otra imagen

Las fotografías cambiaron respecto del año pasado, cuando hoteleros, gastronómicos, operadores turísticos, gimnasios u organizadores de eventos dominaron la escena pública en momentos de cuarentena dura. En ese entonces, la pelea fundamentalmente era por la libertad, tanto de trabajo como de circulación ante la ausencia de políticas consistentes.

Ahora, la imagen es otra: a un año de ese aprendizaje inédito para el país y el mundo, volvieron a aflorar las demandas de empleados públicos. Se trata de los trabajadores de la Provincia -dentro de una nómina de 90.000 agentes-, que ya no encuentran excusas para dejar de exponer sus necesidades, luego de atravesar la tormenta con ingresos congelados que se siguen deteriorando.

Así las cosas, la olla va tomando presión y la tapa no puede contener lo que por todos lados -se sabe- desbordará si no aparecen alicientes. La caja sobre la que se sienta el ministro de Economía Hugo Ballay tendrá que ser abierta si la intención es garantizar la prestación de servicios esenciales con recursos humanos que a esta altura parecieran agobiados.

La salud sigue siendo la urgencia porque así lo exige el Covid-19. La contención de los sectores vulnerables, también. Pero este año la educación volvió a ser reconocida como un imperante categórico no sólo para el desarrollo futuro, sino como un hecho cultural que organiza a las familias y, en definitiva, al colectivo social.

Todo ello se impone como necesario, aunque sin cuestionar su calidad. Pues las intenciones de adaptarse como dé lugar chocan contra sus propias condiciones: falta de insumos, infraestructura en deterioro y, elementalmente, recibos de sueldos que muestran, en el grueso de los trabajadores, paupérrimos ingresos frente al incontenible proceso inflacionario.

Indudablemente, es esta problemática -la de la inflación- la madre de las batallas para Alberto Fernández, que se traslada hacia el resto de las jurisdicciones y exige respuestas del Estado. Y a nivel provincial, esas respuestas no se resistirán ni en las propias filas del oficialismo.

Incongruencias

“Nadie va a cobrar menos que la inflación”, dijo alguna vez Gustavo Bordet, allá por 2017, cuando con la restitución de los fondos coparticipables durante el gobierno macrista logró equilibrar las cuentas deficitarias que heredó de Sergio Urribarri. La misma frase pareciera haber quedado en el olvido, con haberes para la mayoría de los empleados por debajo de la línea de pobreza. Claro está, pasaron cosas, propias y extrañas que desequilibraron el Excel.

En esta coyuntura, el mandatario provincial llama al “diálogo” a los sindicatos que rechazan, una vez más, aumentos salariales nominales vía decreto que, en términos reales, suponen un ajuste. Los números son los números y a las palabras se las lleva el viento. Por eso es que la convocatoria a reuniones paritarias parecieran ser más un decorado frente a lo que tiene por dentro la torta.

Así, la realidad está plagada de incongruencias y es esto lo que eleva la temperatura de los trabajadores que ya hablan de “mucha bronca” y preparan un “plan de lucha”. Por un lado, llegan a los hogares incrementos de tarifas y de impuestos nacionales y provinciales atados a la inflación -e inclusive por encima del índice promedio-, mientras que por otro lado el Estado no reconoce en los hechos la degradación de los salarios.

Las incongruencias son, por ende, discursivas. Mientras se describió al año pasado como un agujero negro para las cuentas fiscales, los números finales de recaudación muestran otra conclusión: la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) cerró el ejercicio 2020 con una variación acumulada del 39% por encima de 2019, tres puntos arriba del 36,1% de inflación. La merma sí se registró con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que aumentó 32,1% interanual, aunque sin ser catastrófico.

En todo caso, la caída de 10 puntos porcentuales en el PBI durante 2020 implica un fuerte impacto en términos macroeconómicos que exacerba la puja distributiva entre trabajadores y empresarios, entre sectores e, incluso, entre el Estado y los privados. No obstante, las graves falencias comunicacionales de los gobiernos sobre la gravedad de la recesión y la pérdida de fuentes laborales -alentados por la extraña manía de anunciar sólo buenas noticias- termina horadando la grieta entre lo que se dice y lo que termina sucediendo.

La mala noticia es que tanto en Entre Ríos como en el resto del país los salarios no se van a recomponer en el corto plazo y que continuará el proceso de ajuste sobre las clases asalariadas, sin señales ni expectativas que clarifiquen el panorama. Las elecciones siempre tientan a los gobiernos a liberar recursos, pero modificar Ganancias no hará la diferencia si la base de la pirámide no sale del espiral y si el salario mínimo, “vital” y móvil está por debajo de la línea de indigencia; otra incongruencia.

En ese sentido, el problema de la transparencia de la información, las permanentes contradicciones o la ausencia de sinceramientos es lo que, a todas luces, pone en tela de juicio las alarmas que se encienden ante la “segunda ola” y el nuevo “esfuerzo” que deberá pesar sobre las espaldas de los mismos de siempre. A esta altura -con la experiencia de 2020- no se sabe si se trata de una excusa o de advertencias tangibles para estar preparados ante un significativo aumento de contagios que obligará a restablecer restricciones. Llegado el momento, se sabrá.

Lo cierto es que los ánimos comienzan a caldearse y la calle vuelve a ser el territorio en el que se debaten las demandas laborales, sin protocolos que aguanten. Está claro que la prioridad por la salud no podrá ser el eje discursivo imperante para los gobiernos y, en Entre Ríos, Bordet deberá pulsear con los sindicatos si pretende caminar la recta final de su segundo mandato con la soltura que lo hizo hasta ahora.

De todas maneras, si algo logró la pandemia es la relativización de los acontecimientos. Ninguna afirmación, ni medida ni acción colectiva es concluyente. Cada instancia divide las aguas y juega como tierra fértil para quienes reinan. El “todo da lo mismo” es tan pragmático como peligroso para el futuro de nuestra sociedad.