Lo público y lo privado

Por Sergio Dellepiane – Docente

Desde sus originarias reflexiones, hace ya casi 300 años, la ciencia económica tuvo muy clara la necesaria división que existe entre quienes producen y quienes gobiernan. Los primeros tenían la responsabilidad de proveer la manutención, tanto de las instituciones como de las personas que eran elegidas para conducir los destinos de la comunidad, resolver sus pleitos, defender sus territorios y posesiones, etc.

La Economía sostiene, desde siempre, que debe existir una relación causal positiva para que el gobernante intervenga en el dinamismo propio del sector productivo, que por su propia naturaleza se presenta como privado. Esta injerencia supone que el resultado de tal intromisión debe resultar favorable para la sociedad toda, es decir, debe satisfacer el interés general.

Si bien en la vida pública de toda nación al igual que en la física cuántica rige el “Principio de Incertidumbre”. Por éste, en ninguna situación, momento y lugar, pueden administrarse satisfactoriamente y en conjunto, todas las variables; la separación de actividades y responsabilidades asociadas, elimina, en gran medida, este factor no controlable.

Bien diferentes se presentan los incentivos que movilizan el quehacer privado de los que activan la gestión pública.

En la faz privada cuando funcionan adecuadamente los mercados abiertos y competitivos, el éxito empresario se debe a la búsqueda de beneficios; de hecho, su finalidad es el lucro, para quienes decidieron arriesgar su capital.

En primera instancia, poco le interesa el bien social común; más allá del compromiso con sus dependientes, el ambiente y la comunidad a la que se incorpora a través de la actividad que desarrolla.

Bien común.

El bien común se verá beneficiado indirectamente, mediante la creación de riqueza, distribuida según el grado de movilidad social emergente, por la contribución del entramado productivo nacional.

Nunca será posible a través del derrame de ricos a pobres. De aquí la relevancia de la igualdad de oportunidades, de valores compartidos, que incluyen la erradicación definitiva, tanto de la corrupción como de los privilegios.

En la base deberán arraigarse, un sistema de salud competente, educación de excelencia, generación de empleabilidad genuina y Justicia independiente, sometida exclusivamente al mandato de la Constitución Nacional vigente.

Los países desarrollados no reconocen fórmula mejor para su progreso.

Sin embargo, por estas latitudes, toda forma de organización, compleja e inestable, está siempre expuesta a la picardía individual o malicia intencional. Imposible soslayar la dificultad para evitar que los intereses personales desvirtúen las buenas intenciones.

Aquí es donde deben resaltarse los incentivos del poder público.

No aparecen entre ellos los vocablos de eficiencia ni de productividad. El cálculo económico es sustituido por el cálculo electoral. No se apuesta el propio capital, sino que se dilapida, sin riesgo, lo que es de todos y donde una buena parte de lo común, pasa a ser sólo de algunos.

Se impone la lógica del Estado benefactor, presente según conveniencia, sostenido por el apoyo militante. La expansión del empleo público sólo mejora estadísticas ficticias a la vez que incrementa el gasto improductivo. A todo esto, se debe adicionar la aparición de eximios lobbystas de ocasión que acomodan entuertos varios por una tajada y las alianzas instantáneas con sindicalistas inescrupulosos pro-exacción de las exiguas arcas nacionales, siempre en beneficio propio, nunca del todo.

Asistencia.

En circunstancias excepcionales, nadie en su sano juicio puede oponerse al protagonismo excluyente del gobierno del Estado. Pero la utilización política del asistencialismo estatal que se torna crónica a la vez que insuficiente, permite cuestionarnos respecto a la perpetuación de este sistema; si no resulta, al menos de modo implícito, como una forma de dominación política de las masas pauperizadas y de control electoral, que al final terminan atentando contra la necesaria alternancia en el poder y gobierno de la patria. En el límite, habilita a pensar en una forma de coacción sobre las libertades individuales que, de esta forma se presentan cautivas de la dádiva oportunista y ventajera.

El necesario desarrollo económico se nutre de crear las condiciones para el aumento sostenido de la producción por un lado y de la mejora en la productividad por el otro. Incluye estabilidad macroeconómica, legal, impositiva, de investigación y de financiamiento, complementadas con acordes sistemas educativos y de salud.

Este camino que para el mundo desarrollado conforma un supuesto básico e irrenunciable; a nosotros se nos presenta como desconocido o, a lo sumo como alternativo, pero que deberemos empezar a transitar en algún momento. Aunque más no sea para probar otra cosa.

Es un camino más largo pero más sólido y menos sinuoso, donde no importa tanto el tipo de sistema económico sobre el que el país base su crecimiento, sino en la naturaleza de sus operaciones y estrategias.

Lo que importa, en definitiva, es su habilidad para organizarse efectivamente alrededor de la premisa por la cual, es la productividad la que determina la prosperidad tanto individual cuanto colectiva de una nación.

“Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir; otros lo miran como la vaca a la que hay que ordeñar; pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro” W. Churchill