Por Sergio Dellepiane – Docente / Dos Florines
La Ciencia Económica define a un bien público como aquel que, aun siendo usado por una persona, también puede ser usado por otras.
Un asiento (banco) en un parque, plaza o paseo peatonal es un bien público porque quien lo desee o necesite puede usarlo el tiempo que lo requiera sin tener que pagar por ello. Está, donde haya sido puesto, para que sea usado por quien quiera o necesite. Desde una autoridad civil o militar, a un médico, un jubilado, desocupado, laburante o cartonero puede disponer de dicho bien público para tomarse un respiro, detenerse y descansar, en medio de la diaria lucha por la supervivencia.
¿Puede decirse lo mismo de la educación? ¿Es la misma educación la que recibe un niño o joven que desarrolla su vida en el medio urbano que aquél que lo hace en el medio rural, aún cuando ambos hayan recibido la herramienta tecnológica que “conecta igualdad”?
La conclusión obvia es que en Argentina no hay educación pública. Hay educación estatal. La distinción es de grado, porque no es lo mismo mantener una relación unívoca con el personal único (maestro/secretario/director/cocinero) que múltiple, con diferentes personas para relacionarse según el contenido didáctico a desarrollarse. Educación pública no hay, hay educación estatal, según la teoría económica.
Del mismo modo puede razonarse respecto al empleo en los organismos del estado. ¿Hay empleo público o empleo estatal? Por la experiencia cotidiana es posible reconocer que no existen reales, concretas e igualitarias posibilidades para todo argentino nativo o por opción, para incorporarse a cualquier organismo que conforme la administración central en las distintas jurisdicciones establecidas (nación, provincias y municipios)
A partir de la definición descripta al comienzo queda expuesta la real dimensión de la cuestión planteada. No hay empleados públicos. Hay empleados estatales. De aquí que la usurpación de lo público inhibe la igualdad de oportunidades tan declamada por quienes defienden la pertenencia al estado. Transformar lo público en estatal es habilitar la multiplicación, sin solución de continuidad, de kioscos, parcelas, feudos donde enquistar seguidores, adláteres, parientes y todo tipo de rejunte sin importar si resulta idóneo para desempeñar la función asignada sino si únicamente contribuye a “la causa”, es decir, ocuparse de rapiñar lo algo de lo público.
Lo que nos pertenece a todos (lo público) termina siendo apropiado por algunos que modifican las reglas, enturbian las aguas y exigen siempre, algo a cambio, para provecho propio.
Este mecanismo habitual, espurio pero internalizado en amplias mayorías (excepciones siempre hay) en el ámbito estatal, sólo consigue distorsionar aquello que debiera ser un simple acto de servicio/contraprestación que beneficie al conjunto social que lo mantiene con su tributo.
Dentro de la maraña estatal pululan intermediarios para casi todo, quienes complejizan y encarecen, en beneficio de algunos, todo lo que manipulan.
Despejar lo complicado del mecanismo estatal para casi todo y convertir las responsabilidades en lo que debe ser un servicio público, es el inicio impostergable a la vez que ineludible, para realzar lo que debe estar al servicio de todos, de modo claro, preciso, eficiente y sin sobrecostos (¿peajes?) para nada ni nadie.
El exceso de regulaciones y controles no mejora la distribución de la riqueza, como tampoco las asignaciones “a dedo” contribuyen a perfeccionar ni la educación, ni la salud, ni la seguridad de toda la población, ni cualquier otro de los servicios esenciales; tareas indelegables para el gobernante de turno.
La discrecionalidad transforma lo público en estatal, beneficiando exclusivamente a los propios. No es otra cosa más que una transferencia burda de riqueza desde el sector productivo privado hacia los administradores temporales del bien común a su cuidado que, olvidándose (¿intencionadamente? de lo público, lo acumulan y distribuyen de forma discrecional sin reconocer prioridades. Se sienten dueños de lo estatal. No les interesa (¿importa?) lo público.
Las empresas estatales han perdido, en los últimos 3 años a razón de U$S 20 millones por día (FIEL – Dic’22). Si fueran públicas deberían brindar cada una, los servicios para los que fueron creadas, sin limitaciones de ningún tipo. Al ser estatales, su funcionamiento se aproxima a la teoría de los agujeros negros, absorbiendo toda la energía disponible sin devolver nada a cambio. La analogía resulta imperfecta habida cuenta que las empresas estatales absorben ingentes y escasos recursos, pero algo a cambio entregan. La valoración pertinente a la afirmación precedente debe hacerla el lector.
El imperio del oportunismo ha convertido a la Argentina en un país impredecible y, por lo mismo, no confiable. La sensación por la que todo es provisorio ha mutado en certeza; consolidando la idea de que quien administra lo público desde lo estatal no se subordina al sistema, sino que lo modifica, moldea y distorsiona según su propio beneficio o de aquellos a quienes les debe su posición dentro del estado, lejos de lo público.
Comprender que lo público es la condición necesaria para la existencia de lo estatal no es más que encontrar la punta del ovillo que nos permitirá tejer un entramado social lo suficientemente firme y consistente con base en nuestras concretas posibilidades de progreso y desarrollo.
Para la realidad nacional en la que nos movemos, no es poco.
“La esencia del estatismo es tomar de un grupo a fin de dar a otro” – Ludwig von Mises (1881 – 1973)
