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Ley de Alquileres: inmobiliarios aclaran que falta la sanción del Senado

“Esta media sanción no cambia nada en el mercado actual. Para que ello ocurra hay que esperar que el proyecto sea sancionado en el Senado y luego, promulgado por el Poder Ejecutivo”, expresó Paula Armándola.

La Cámara de Diputados de la Nación debatió este miércoles 23 de agosto-, el proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley 27.551 sobre Alquileres. Fue aprobado el dictamen de minoría con 125 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones.

El proyecto que obtuvo media sanción prevé un contrato de dos años con un índice de ajuste o combinación de índices que acuerden las partes, con una periodicidad por intervalos no inferiores a cuatro meses.

La presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Paula Armándola, sostuvo que el dictamen que aprobó Diputados “va en sintonía con lo que planteamos desde el Colegio y con el trabajo conjunto a nivel nacional, con las demás organizaciones pares de las distintas provincias. Creo que puede ser una manera de salir de este brete, puede dar aire a la sociedad para pensar políticas de fondo”.

Recordó que la ley actual “ha sido muy conflictiva en los últimos años y lo que se busca es remediar en alguna medida el impacto negativo que tuvo en el mercado”. No obstante aclaró que “esta media sanción no cambia nada en el mercado actual. Para que ello ocurra hay que esperar que el proyecto sea sancionado en el Senado y luego, promulgado por el Poder Ejecutivo. Recién entonces entrará en vigencia. En consecuencia todavía no tiene ningún impacto concreto”. Por otra parte, agregó, “las leyes no son retroactivas, por lo que todas las persona que firmaron un contrato bajo el marco normativo actual van a permanecer en esta situación hasta que finalice el mismo”.

Respecto de lo que podría pasar en el Senado, Armándola manifestó: “Esperamos que sea lo mejor para la comunidad, que la agenda social y la política confluyan y se alcance una solución posible”. Asimismo, destacó la necesidad de políticas de Estado estructurales que aporten soluciones de fondo al problema de la vivienda.